El mundo está entrando en una nueva etapa histórica. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias, las guerras regionales, la disputa por la energía, el control de rutas marítimas estratégicas y la reorganización de las cadenas de suministro globales están configurando un escenario muy distinto al que predominó durante las últimas décadas.
El conflicto entre Rusia y Ucrania, la escalada en Medio Oriente, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, así como la creciente importancia de estrechos marítimos como Ormuz, Malaca o Bab-el-Mandeb, revelan una realidad cada vez más evidente: la geopolítica ha vuelto a dominar la economía global.
En este nuevo contexto, los países que prosperarán no serán necesariamente los más grandes, sino aquellos que cuenten con instituciones sólidas, planificación estratégica y una visión de largo plazo claramente definida.
La República Dominicana, paradójicamente, ya había comenzado a construir esa visión. Entre 2008 y 2012 el país vivió uno de los procesos de modernización institucional más importantes de su historia reciente. En ese período se sentaron bases fundamentales para orientar el desarrollo nacional, entre ellas la aprobación de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
La END no fue una improvisación coyuntural. Fue el resultado de un amplio consenso nacional orientado a establecer una hoja de ruta para transformar la economía dominicana, fortalecer sus instituciones y preparar al país para los desafíos del siglo XXI.
Su propósito era claro: convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible, elevar la competitividad del país, reducir desigualdades y consolidar instituciones capaces de sostener políticas públicas de largo plazo, como lo fue en su momento el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
La END identificaba con precisión muchas de las vulnerabilidades estructurales que hoy vuelven a ocupar el centro del debate nacional: la dependencia energética del país, la necesidad de mejorar la calidad de la educación, la modernización del aparato productivo, el desarrollo de infraestructura logística, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
Pero también señalaba con claridad las ventajas estratégicas de la República Dominicana: su ubicación geográfica privilegiada en el Caribe, su potencial para convertirse en un hub logístico regional, su capacidad de atracción turística, su estabilidad macroeconómica relativa y su cercanía al mayor mercado del mundo: Estados Unidos.
La Estrategia Nacional de Desarrollo propone precisamente transformar esas ventajas en motores estructurales de crecimiento.
En ese mismo período surgieron iniciativas que reflejaban una visión clara de futuro. Una de las más emblemáticas fue el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), concebido como un instrumento estratégico para preparar a una nueva generación de jóvenes dominicanos en áreas tecnológicas de alto valor agregado: software, mecatrónica, redes, seguridad informática y desarrollo digital.
La idea era sencilla pero poderosa: si el país quería insertarse con éxito en la economía del conocimiento, debía comenzar por formar capital humano capaz de competir en ella.
Lamentablemente, con el paso de los años ese impulso estratégico fue perdiendo prioridad. En lugar de consolidar una política sostenida de transformación educativa y tecnológica, muchas de esas iniciativas quedaron relegadas por la lógica de la coyuntura política.
Hoy, cuando el mundo enfrenta una nueva revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización, queda claro que aquella visión fue, en muchos sentidos, anticipatoria.
Sin embargo, durante los últimos años el país se ha ido alejando de la lógica de planificación estratégica que la propia Constitución establece en su artículo 241 y que dio origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Las decisiones públicas han estado dominadas con mayor frecuencia por la improvisación administrativa, la coyuntura política y una visión de corto plazo que responde más a urgencias electorales que a objetivos nacionales de largo alcance.
En ese contexto surge la llamada "Meta RD 2036″, presentada por el gobierno como una nueva estrategia nacional orientada a duplicar el tamaño de la economía dominicana.
El problema no es la aspiración de crecer más.
El problema es pretender presentar como una nueva estrategia lo que en realidad es una meta económica aislada, desvinculada del marco institucional y programático que el país ya posee.
La República Dominicana no necesitaba una nueva estrategia nacional. Ya la tiene. Se llama Estrategia Nacional de Desarrollo.
La llamada Meta RD 2036 parece responder más a una lógica propagandística que a un verdadero ejercicio de planificación estratégica. Es el tipo de iniciativa que suele surgir cuando el ego político intenta construir un legado propio, aun a costa de ignorar los instrumentos institucionales que el país ha construido colectivamente.
Pero el desarrollo de una nación no puede depender de la necesidad de protagonismo de ningún gobierno. El desarrollo requiere continuidad, coherencia y sentido de Estado. Hoy más que nunca esa continuidad es indispensable.
Para un país insular como la República Dominicana, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, fertilizantes e insumos industriales, los cambios que se están produciendo en el sistema internacional no son una abstracción geopolítica. Son una realidad económica concreta.
La factura de importación de hidrocarburos del país supera los 5,000 millones de dólares anuales, mientras la economía dominicana continúa siendo altamente dependiente del transporte marítimo para el abastecimiento de bienes esenciales.
Al mismo tiempo, el sector eléctrico mantiene déficits estructurales históricos que obligan al Estado a destinar miles de millones de pesos en subsidios cada año. En el ámbito agrícola, la dependencia de fertilizantes importados también expone al país a shocks externos que impactan directamente en el costo de los alimentos.
Frente a este escenario global cada vez más incierto, la respuesta no puede ser la improvisación. Debe ser la planificación.
La END ya había planteado una agenda clara para enfrentar estos desafíos: diversificar la matriz energética, elevar la calidad del capital humano, modernizar la infraestructura logística, fortalecer la competitividad productiva y consolidar instituciones capaces de sostener políticas públicas de largo plazo.
Esa agenda sigue siendo tan válida hoy como cuando fue concebida. Incluso podría decirse que es más urgente que nunca. El nuevo orden mundial que comienza a configurarse —marcado por tensiones geopolíticas, reorganización de cadenas productivas y competencia por recursos estratégicos— obliga a los países pequeños y abiertos a actuar con inteligencia estratégica.
La República Dominicana no puede darse el lujo de navegar ese escenario sin brújula. Afortunadamente, esa brújula ya existe. Se llama Estrategia Nacional de Desarrollo.
Volver a ella no significa "mirar pa' tras". Significa retomar una visión de país que comprendía que el desarrollo no es el resultado de la improvisación ni de la coyuntura política, sino de la combinación entre instituciones fuertes, planificación estratégica y liderazgo responsable.
En un mundo cada vez más complejo, incierto y competitivo, esa visión puede marcar la diferencia entre simplemente crecer… o realmente desarrollarse.
Porque las naciones que improvisan pueden crecer por un tiempo.
Pero solo las que planifican logran desarrollarse.
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