¿Qué países de América Latina han desarrollado una mayor cultura de compliance?

De manera muy personal, siempre ha existido en mí el deseo de ver a mi país, República Dominicana, en la cúspide de toda actividad que le toque desarrollar. No me olvido de la suerte que tuve cuando logré ejercer la posición de viceministro de Turismo de la República Dominicana, desde donde, durante doce años de trabajo continuo, pude contribuir de manera humilde a impulsar esa actividad tan importante para nuestro país, en el ámbito local e internacional.

Y es por esto que hoy, involucrado en el mundo del compliance y del derecho, no puedo quedarme tranquilo y, de la misma manera, intento también empujar en favor del fortalecimiento de la ética, la transparencia, el control y el manejo de riesgos en las instituciones públicas y privadas de nuestro país.

Durante el trayecto de redacción de esta modesta contribución, pude constatar que no todos los países de América Latina avanzan al mismo ritmo en materia de compliance. Algunos han fortalecido sus estructuras de control, gobernanza y gestión de riesgos; sin embargo, otros todavía enfrentan dificultades para convertir la regulación en prácticas realmente efectivas, lo cual dice mucho sobre la madurez institucional de cada país y sobre su verdadero compromiso con el cumplimiento.

Hablar hoy de compliance ya no significa solamente cumplir una ley o preparar un manual para enfrentar una inspección.

Hoy compliance también significa confianza, reputación, transparencia y capacidad para gestionar riesgos de manera oportuna y efectiva.

En otras palabras, significa construir instituciones más sólidas y mejor preparadas para enfrentar escenarios muy difíciles y complejos.

En América Latina, Brasil, Colombia y, más recientemente, Perú han mostrado avances importantes, pero, por lo que pude observar, lo hicieron desde aspectos distintos.

Por ejemplo, Brasil representa quizás el caso que más llama la atención. Los escándalos de corrupción de las últimas décadas, particularmente la Operación Lava Jato, obligaron al sector público y privado a revisar profundamente sus mecanismos de control. Lo que comenzó como una crisis institucional terminó impulsando una transformación significativa en la gestión de riesgos y en el fortalecimiento de los programas de cumplimiento.

Colombia, por su parte, ha empujado reformas importantes en prevención y gestión de riesgos, incorporando cada vez más el compliance como parte de su estrategia de negocios y no solo como una función de supervisión. Una estrategia sumamente interesante, pues involucra los entes de producción de una manera proactiva y particularmente muy orientada a la incorporación del sistema PLAFT en ese ámbito tan sensitivo.

Perú también ha mostrado avances regulatorios relevantes. Su evolución en materia de prevención y control ha convertido a Lima en un punto de referencia y de convergencia regional para el debate sobre gobernanza, riesgos y cumplimiento.

(Es importante mencionar el Megapuerto de Chancay, terminal portuario multipropósito y centro logístico de vanguardia ubicado en el distrito de Chancay (provincia de Huaral), a unos 75 km al norte de Lima. Es una de las infraestructuras comerciales más importantes de América Latina, con una inversión de unos US$3,400 millones, diseñada para conectar de forma directa los mercados de Sudamérica con Asia.

Incluyo y detallo esta inversión por los grandes desafíos que enfrenta dicha obra ante el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), como primera línea de defensa, que, por su alta tecnología y volumen de carga masiva, exige controles vastos y estrictos para evitar el trasiego de capitales ilícitos y contrabando, especialmente por su conexión directa con Asia).

Sin embargo, Chile merece una lectura más cuidadosa.

Durante años fue considerado uno de los países con mayor solidez institucional y mejor cultura de transparencia de América Latina. En 2001 visité Santiago con ocasión de la culminación de la maestría de mi hija mayor, economista egresada de la PUCMM y enviada a la Universidad Católica de Santiago a través de una beca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y, conversando allí con varios graduandos, percibí un concepto de ética y de transparencia que parecía natural en ellos. Esa cultura, inclusive, también se reflejaba en aquel momento en lo cotidiano, pues recuerdo haber visto altos funcionarios gubernamentales desplazarse en el Metro de Santiago para ir a sus oficinas como cualquier ciudadano.

En aquella época, MetroArte ya había convertido las estaciones del metro en espacios culturales, con obras de arte, conciertos y expresiones que hacían del trayecto cotidiano una experiencia distinta e incomparable.

Sin embargo, conviene no tomar como ejemplo el caso chileno sin antes advertir su evolución reciente, que deja una lección clara: ninguna cultura de cumplimiento está permanentemente garantizada. Empujar y avanzar es importante, pero sostener lo alcanzado es aún más significativo.

Ningún avance es irreversible, y esto aplica con igual fuerza a las reformas normativas, a los avances institucionales y a la cultura de integridad: todo ello puede revertirse si las sociedades o las instituciones bajan la guardia.

La República Dominicana también ha recorrido un camino importante. La aprobación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo marcó un antes y un después. A esto se suma una mayor supervisión regulatoria y una creciente profesionalización de los sujetos obligados y oficiales de cumplimiento, impulsada por el trabajo constante del CONCLAFIT y, de manera preponderante, por la UAF, esta última en su condición de autoridad competente y operativa del sistema.

Pero todavía enfrentamos retos importantes. En muchas instituciones, el compliance sigue viéndose más como una obligación regulatoria que como una verdadera herramienta de gestión. Ese es, quizás, uno de nuestros mayores desafíos.

El verdadero termómetro del compliance no está en la cantidad de normas aprobadas, sino en la calidad de las decisiones que se toman cada día.

Pues cuando finalmente se encienden las alarmas, el problema rara vez está en el hecho que explotó. Generalmente está en todas las señales previas que nadie quiso ver o, peor aún, en aquellas que terminaron normalizándose.

Entonces, ¿qué podemos aprender de Brasil, Colombia, Perú y Chile? Quizás lo más valioso no sea copiar sus normas ni sus estructuras, sino asimilar la lección que todos ellos, cada uno a su manera, han dejado escrita: que el compliance no se construye por decreto, sino por convicción.

Brasil nos enseña que incluso las crisis más profundas pueden convertirse en transformación, si existe voluntad política y ciudadana para sostenerla.

Colombia nos muestra que integrar el cumplimiento como estrategia de negocio, y no como carga regulatoria, multiplica su eficacia.

Perú nos recuerda que la infraestructura y el comercio a gran escala exigen controles igualmente similares en su tamaño y eficiencia: grandes, fuertes y robustos…

Y Chile, quizás el más descriptivo de todos, nos advierte que la solidez institucional no es un estado permanente: es un ejercicio diario.

Para la República Dominicana, la pregunta no es si tenemos las leyes suficientes y adecuadas. La pregunta es si tenemos la formación, el concepto y la actitud para aplicarlas en toda su extensión.

Porque al final, lo que casi siempre falla no es la norma… Lo que falla es el criterio.