Propuestas para una Seguridad Social Digna (I)

Poco se sabe, pero el Congreso Nacional está dado a la tarea, a través de una Comisión Bicameral, de someter un proyecto de modificación integral de la Ley No. 87-01 que rige el Sistema de Seguridad Social tal y como fue impuesto en el país hace casi 25 años.

Este proceso de discusión congresional tiene lugar después que una anterior comisión bicameral hiciera lo propio entre 2021 y 2023, obligados por la Ley No. 19-20 que obligaba al Congreso Nacional a modificar el sistema vigente.

Aquello quedó en nada, pese a los trabajos de una Mesa de Diálogo presidencial que duró todo 2022, y pese a que existieron varias propuestas y que tanto la Comisión de diputados y senadores como la Coalición por la Seguridad Social Digna presentaron proyectos de transformación en todos los aspectos medulares.

El obstáculo para avanzar ha sido el de siempre: la captura institucional que las AFP y ARS hacen en base a su poder económico y usando los mismos recursos que toman en forma de cotización compulsiva de empleadores y trabajadores.

En cuanto a la propuesta de la Coalición por la Seguridad Social Digna, en esta y las siguientes columnas nos dedicaremos a desglosarla y a poner de relieve qué derechos y principios de legalidad e institucionalidad defiende, y cuáles serían sus diferencias con la ley existente, así como las consecuencias concretas que esto tendría para la ciudadanía dominicana, su dignidad humana y su calidad de vida.

La propuesta de la Coalición por la Seguridad Social Digna no es extensa: apenas tiene 29 páginas (la actual ley tiene 105) y 26 artículos (la actual tiene 209), pero en esa brevedad toca el corazón de un sistema que se caracteriza por los tristemente célebres “no te cubre” y “no le toca”, y donde las decisiones e instituciones estatales están sometidas a intereses particulares, componendas y la acumulación de ganancias privadas en un régimen de corrupción tanto ilegal como legal.

Si se logra la modificación estructural y sustantiva que la Coalición por la Seguridad Social Digna ha presentado, fruto de una discusión amplia y colectiva de cuatro años, y que se ha vuelto a introducir en el Congreso Nacional, no será posible que SENASA sea asaltado de nuevo; que los recursos públicos estén engordando contratos privados; que las personas sigan acudiendo a colectas o a la caridad de políticos o personalidades para financiar un tratamiento de salud; ni que las ARS y AFP  puedan llevarse otros 193 mil millones de pesos como han hecho hasta ahora, mientras niegan salud y pensiones. Están los cálculos técnicos y análisis profesionales para que los recursos protejan a las personas, como manda la Constitución, y que las instituciones sirvan a la nación dominicana y a la dignidad humana, como debe ser en un Estado social y democrático de derecho.

Claro está: se ha enquistado un poder tan grande, hay ganancias tan inmensas, se reparte tanto y se les debe tanto en deudas públicas y otras secretas, que ninguna de las partes interesadas va a querer cambiarlo. Esto lo cambiará la ciudadanía activa y movilizada. Tal vez dirán que es “radical”, como también lo dijeron cuando se exigió la autonomía y el presupuesto de la UASD; cuando se marchó por el 4% para la Educación; cuando se marchó por el fin de la impunidad y la corrupción; cuando la gente salió a la Plaza de la Bandera. Pero a nadie le importó esa etiqueta, y así es como las naciones avanzan. Seguimos.