¿Por qué se necesita modificar el Código Penal?

“El político (o la política) se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” Winston Churchill

El 17 de agosto del 2012 murió Rosaura Almonte Hernández después de habérsele negado la quimioterapia que le habría salvado la vida. Llamada “Esperancita” por la prensa por ser menor de edad, Rosaura murió con tan solo 16 años porque se decidió priorizar el embarazo de un mes que llevaba. Al final murieron tanto Rosaura como el feto porque República Dominicana sigue siendo uno de los pocos países en el mundo en que la penalización absoluta del aborto no contempla causales o excepciones. De hecho, muchas y muchos médicos tienen miedo de intervenir y salvar la vida de la mujer, niña o adolescente en situaciones como ésta. Desde entonces Rosa Hernández, la madre de Esperancita, ha mantenido vivo el recuerdo de su hija en una lucha sin descanso en nuestro país y en el extranjero. A pesar de la prohibición, en el año 2024 la Oficina Nacional de Estadística registró 9,459 abortos (entre espontáneos e inducidos) en el Sistema Nacional de Salud y el Hospital de las Fuerzas Armadas. Otros estimados colocan la cifra en 12,000 por año y profesionales de la medicina estiman que la cifra real ronda los 25,000 abortos anuales si se incluyen los clandestinos que no llegan al sistema de salud.

Carolina Fonfrías fue violada por el doctor Iván de la Rosa hace más de cuatro años. Desde ese momento ha luchado para que de la Rosa responda por sus acciones. El proceso ha sido tan terrible que ha puesto en riesgo su salud, la de la familia que encabeza como madre soltera (tanto su hija como su hijo tienen necesidades especiales) y hasta su vida. Tuvo que mudarse por el acoso constante que recibe y fue víctima de un tiroteo por desconocidos en la nueva casa donde vive pero por suerte solo hubo daños materiales. De la Rosa fue condenado por segunda vez en marzo pero el proceso todavía no termina. Un estudio reciente de CIPAF encontró que 1 de cada 5 personas entrevistadas en las zonas urbanas conocía a personas que han sido violadas y lo mismo ocurría con el 16% de las personas entrevistadas en las zonas rurales. A pesar de que muchas víctimas no denuncian, el 10.5% de las denuncias de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales presentados ante el Ministerio Público hasta marzo de este año fueron delitos sexuales. O sea, aproximadamente 1,843 del total de 17,552 denuncias a nivel nacional.

El 7 de noviembre del 2019 Maybeth Rodríguez, hermana del entonces Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, interpuso una demanda penal por difamación contra el periodista Marino Zapete. Zapete había informado en su programa en Teleradio América que Maybeth Rodríguez se había lucrado de manera ilícita de proyectos de infraestructura públicos. El 26 de septiembre Zapete fue despedido del canal, después de negarse a retractar las denuncias. Rodríguez retiró la querella en agosto del 2020 mientras que el ex Procurador General lleva más de 4 años enfrentando al Ministerio Público por un proceso legal por corrupción. En su momento, la red internacional Comité de Protección de Periodistas hizo un comunicado a favor de Zapete declarando que: “Las autoridades dominicanas deben suspender inmediatamente el proceso penal contra Marino Zapete y dejar de perseguir procesos penales por difamación contra periodistas”.

Estos ejemplos de la vida real reflejan solo tres de las dimensiones del Código Penal que necesitan ser abordadas con mucho cuidado para evitar agravar aún más problemas complejos que todavía tenemos como sociedad: la muerte de mujeres y niñas y la violación de sus derechos por no considerar casos excepcionales a la prohibición absoluta del aborto, el sufrimiento que generan las violaciones sexuales y el proceso de buscar justicia cuando las víctimas deciden denunciarlas y los abusos que se pueden cometer al regular la libertad de expresión. Escogí estos tres ejemplos porque han tenido mucha cobertura en los medios y los pueden buscar y consultar. Pero en su conjunto representan la situación de miles de personas en nuestro país. El nuevo Código Penal debe entrar en vigencia el próximo 3 de agosto y estamos, otra vez, abordando los problemas a la carrera sin necesidad.

Muchos y diversos sectores de la sociedad civil llevamos meses advirtiendo sobre las debilidades del nuevo Código Penal. Pero nuevamente gran parte de la clase política decidió ignorar en vez de escuchar. A pesar de haber realizado múltiples vistas públicas, el Congreso lo aprobó en un santiamén y hasta hace unos días se nos dijo que “no se podía cambiar ni una coma”. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. La seriedad de las debilidades del Código es tal que tanto el Congreso como el Presidente de la República han tenido que reconocer la necesidad de hacer cambios que tantas veces ignoraron, reitero, sin necesidad.

En el caso de las causales o excepciones a la penalización absoluta del aborto, un grupo de más de 30 juristas, personas de la academia, periodistas y otras personalidades nos recordaban este mismo lunes que “la legislación penal debe ofrecer certeza jurídica y proteger los derechos fundamentales. No puede dejar en la incertidumbre a quienes enfrentan situaciones extremas”. Y recordemos que las causales no obligan a nadie a hacer nada. Simplemente ofrecen opciones a las mujeres y niñas que se vean en estas situaciones tan terribles de que sus vidas estén en peligro, de haber sido violadas (incluso por un familiar) o cuando el feto es inviable porque tiene malformaciones que no le permitirán sobrevivir fuera del útero.

Incluir las causales en el Código Penal no es una bandera que enarbolamos solo las organizaciones feministas sino un tema con el que está de acuerdo la mayoría de la población como han mostrado varias encuestas y reconfirma la composición de la delegación que visitó el Congreso el lunes. De hecho, en el día de hoy la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres presentará una carta con más de 12 mil firmas apoyando estos cambios y decenas de organizaciones de mujeres, defensoras de los derechos humanos, de profesionales de la salud y otras instituciones de la sociedad civil han enviado comunicaciones al Congreso planteando lo mismo.

En lo que respecta a las violaciones sexuales, somos muchas las personas que no podemos salir del asombro con el contenido de las modificaciones al Código planteadas en el Senado la semana pasada. ¿Por qué? Porque incluyen sinsentidos como los de acortar el período de tiempo que tienen las víctimas de violación para denunciar a sus agresores. Como planteaba la abogada Laura Acosta Lora en redes sociales: “El abuso o violación sexual de menores y el incesto deberían ser imprescriptibles, pero lo que tenemos en la ley 74-25 son 30 años contados a partir de la mayoría de edad; y ahora en este proyecto lo bajan a 20 años y a partir de la comisión del hecho”. O sea, que una persona menor de edad víctima de este crimen horrendo tendría solo 20 años a partir del momento en que fue violada para denunciar al victimario en vez de 30 años a partir del momento en que cumple los 18 años de edad establecidos en el Código del año pasado. ¿Quién pidió eso? ¿Por qué ese interés en proteger a los agresores sexuales?

En lo relativo a los abusos relacionados con la libertad de expresión, hay un activo debate con múltiples especialistas del derecho y otros sectores incluyendo el expresidente Leonel Fernández, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio Médico Dominicano. Todas las intervenciones que he visto han llamado a las autoridades a reconsiderar los cambios más recientes. Por ejemplo, el abogado Francisco Álvarez Martínez destacaba, y estoy totalmente de acuerdo, que: “El reto es definir con rigor el abuso sin convertir la crítica legítima en delito”. También plantea que, debido a la falta de claridad de varios artículos: “Una información verdadera que afecte el honor todavía puede caer, en principio, dentro del tipo penal”. Y esto afectaría gravemente la labor periodística como también ha destacado la Sociedad Dominicana de Diarios.

Por todas estas razones, juristas especialistas en la materia han propuesto extender el llamado “vacatio legis”: el período de preparación y adaptación para la implementación de las leyes para poder superar todos estos problemas. Por ejemplo, el abogado Tony Delgado destacaba que “no se ha promovido en el país una transición ordenada al nuevo Código Penal” desde su promulgación el 3 de agosto del año pasado y se requiere más tiempo para poder completar ese proceso de transición y preparación. Más aún, Delgado advierte que la forma contradictoria e imprecisa en que el Código aborda la libertad de expresión “podría generar un efecto inhibitorio indeseado sobre el ejercicio periodístico, la crítica ciudadana y el escrutinio de asuntos de interés público”.

Además, juristas como Orlando Gómez Torres han enfatizado que estos errores no se refieren solo al Código Penal sino a problemas que han permeado “todo el cuerpo jurídico dominicano durante los últimos 25 años”. En la parte técnica de las leyes no opino porque no es mi área y por eso les he compartido las opiniones de algunas de las personas expertas en el tema. Estoy de acuerdo con que se extienda el vacatio legis pero el problema de fondo que me preocupa es más social y político. O sea, el hecho de que nuestra clase política sigue tomando decisiones de espaldas a la gente subestimando o simplemente ignorando las propuestas y advertencias provenientes de la sociedad. Y solo reacciona (si lo hace) cuando ya está el lío armado. El Código Penal es un ejemplo claro de ello porque se aprobó a la carrera sin tomar en cuenta la mayoría de esas sugerencias y advertencias.

Max Weber, uno de los fundadores de la sociología y de la ciencia política, decía que la vocación de la política requería tres cualidades fundamentales: la pasión, un sentimiento de responsabilidad y el sentido de la proporcionalidad. La pasión claramente está presente en la mayoría de nuestras y nuestros políticos. Sin embargo, muchas de sus decisiones dan la impresión de que no sienten responsabilidad por las consecuencias que tendrán para la gente ni que han sido tomadas usando el sentido de la proporcionalidad. Como decía Churchill, para pasar de ser profesionales de la política a ser estadistas hay que pensar más allá de las siguientes elecciones para pensar lo que le conviene a las siguientes generaciones. Ojalá nuestra clase política nos sorprenda y dé el ejemplo con este nuevo Código Penal.