Pongan la barba en remojo…

El viejo refrán castellano ―“cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”― cobra una pertinencia insospechada en la realidad dominicana de hoy. Lo que se destapa en el SENASA, la Administradora de Riesgos de Salud pública que por años se presentó como un modelo de eficiencia y de legitimidad, no es un accidente aislado ni un relámpago en cielo despejado. Es, más bien, la señal de que el tejido institucional del Estado se encuentra expuesto, frágil y corroído en múltiples capas.

El SENASA, con unos 7.5 millones de afiliados entre los regímenes Contributivo y Subsidiado, administra más de 60 mil millones de pesos al año. Cualquier distorsión contable, cualquier doble registro, cualquier contrato inflado repercute no solo en cifras abstractas, sino en la vida concreta de los ciudadanos, en la cirugía que se retrasa, en el medicamento que no llega, en la consulta negada. Los informes preliminares hablan de un déficit operativo, de irregularidades contractuales y de un pasivo potencial acumulado que supera varios miles de millones de pesos y, sin embargo, lo más alarmante no es la magnitud de la desviación, sino el patrón que se perfila con el debilitamiento de los controles internos, la captura parcial de la entidad por intereses privados y la indiferencia de los organismos de supervisión.

Si el espejo del SENASA refleja hoy un incendio, otras instituciones deberían observarse con la misma crudeza. Las ARS privadas, que concentran también miles de millones de pesos en cuotas y capitas, han operado con márgenes no claros y con prácticas que han sido cuestionadas en la contratación y el pago por servicios. El IDOPPRIL, con el manejo de los fondos de riesgos laborales; la SISALRIL, como órgano regulador y supervisor; e incluso el CNSS, como órgano rector tripartito, no escapan a la sospecha. La pregunta no es si aparecerán nuevas revelaciones, sino cuándo y con qué impacto.

En la República Dominicana, a lo largo de las últimas décadas, los escándalos de corrupción han seguido un patrón repetitivo, primero la sorpresa mediática, luego la negación institucional, más tarde el expediente a medias y, al final, la impunidad. Pero el caso del SENASA, al parecer plantea un desafío distinto. Aquí no hablamos solo de sobornos o comisiones; hablamos del corazón de la salud en el sistema de seguridad social, de fondos que garantizan el financiamiento del modelo de atención sustentado en la estrategia de la Atención Primaria de Salud, de los medicamentos de alto costo, de cirugías vitales y de terapias crónicas. Si esos recursos se malversan, el resultado inmediato es dolor y muerte en el más vergonzoso silencio.

“Pongan la barba en remojo” no es entonces un consejo menor. Es un llamado a cada institución pública a revisar sus balances, a auditar sus procesos, a transparentar sus cuentas y a fortalecer su gobernanza. Es una advertencia a los organismos de control de que el país ya no tolera informes maquillados ni auditorías complacientes. Es un grito alto y fuerte porque la legitimidad no se defiende con discursos, sino con decisiones firmes, sanciones ejemplares y reformas estructurales.

El destape en el SENASA puede convertirse en el punto de inflexión para depurar el sistema completo, o en otro capítulo de desmemoria colectiva. El desenlace dependerá de si como sociedad tenemos el valor de asumir que el problema no está en una sola institución, sino en un ecosistema donde el dinero público circula sin suficientes barreras éticas ni institucionales.

La República Dominicana enfrenta hoy un dilema, seguir posponiendo la verdad hasta que las llamas alcancen a todos, o mojar las barbas a tiempo, aprendiendo de la desgracia del vecino quemado. Lo primero nos condenará a más de lo mismo; lo segundo, aunque doloroso y exigente, nos abrirá la oportunidad de construir un sistema de salud y seguridad social digno de su pueblo. Pero ignorar la magnitud de lo que se revela sería complacerse en una asqueante realidad, en la que se normaliza la corrupción, se tolera la impunidad y se convierte el derecho a la salud en un botín de los peores intereses.