Aunque en la lengua española hay distintos proverbios que refieren a que no hay plazo que no se cumpla y obras literarias bajo ese título, en nuestro país hemos acuñado lamentablemente la frase contraria, de que no hay plazo que no se prorrogue, ni prórroga que no pueda hacerse indefinida, y por eso aunque una ley conceda un plazo específico para el cumplimiento de determinados procesos, a sabiendas de que podrá alegarse que no se está listo, muchos no ejecutarán las acciones necesarias para luego reclamar una posposición porque no se ha tenido el tiempo de ejecutarlo.
Esta mala práctica erosiona el cumplimiento de la ley, pues no solo se trata de que su imperio se ve disminuido al no acometerse las acciones requeridas y forzar entonces que una nueva ley modifique el plazo previamente otorgado, sino que en ocasiones posposiciones dispuestas por decisiones del poder ejecutivo de forma supuestamente provisional a mandatos legales, se convierten en definitivas representando una violación continua de la ley, como es el caso de la posposición del acceso a la red des servicios de salud a través de la puerta de entrada del primer nivel de atención establecido por la Ley 87-01 de Seguridad Social, que fue pospuesto en el año 2007 previo al inicio del Seguro Familiar de Salud, “provisionalidad” que en unos meses cumplirá 20 años, y que ha impactado negativamente la sostenibilidad del sistema y aumentado el gasto de los afiliados, y desnaturalizado el diseño de la reforma.
Esto ha creado una perniciosa cultura de que se premie el incumplimiento, provocando muchas veces la ira de los que sí cumplieron a tiempo y generando el efecto perverso de que algunos se decidan también a incumplir, a sabiendas de que al final habrá una prórroga o extensión del plazo, y peor aún, una amnistía para que los que incumplieron para que no tengan que cargar con las consecuencias por su incumplimiento, o pagarlas con una importante reducción. Por eso algunas instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe anunciar año tras año desde hace un tiempo que no habrá prórrogas para la renovación sin recargo del impuesto de circulación de vehículos conocido como marbete, y en los días previos al vencimiento se hacen filas interminables, más que por respeto a la ley, por el temor a las multas que salen oportunamente a cazar los agentes del tránsito. Lo que evidencia que las propias autoridades están conscientes que el que exista un plazo de ley no es suficiente para que se cumpla en nuestro país, por lo que tiene que hacerse una campaña informativa de que no se concederán prórrogas, y eso es grave.
A pesar de la trascendencia de algunos temas como el medioambiente y de la notoriedad de sus consecuencias negativas en el mundo, y la gran vulnerabilidad para territorios insulares como el nuestro, hemos empleado más tiempo en discutir las prórrogas a las prohibiciones contempladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 225-20 modificada por la Ley 98-25 principalmente por este interés, que en tratar de avanzar en un plan de acción que asegure la remediación y mitigación de los daños ambientales, la preservación de nuestros recursos naturales, y la lucha contra las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. Así las cosas, los artículos 26 al 38 de la Ley 98-25 disponen simples prórrogas de múltiples de las prohibiciones y acciones principales necesarias, habiéndose en particular beneficiado al “foam”, el cual a pesar de resultar groseramente evidente su impacto al ver como flota en cañadas, cunetas y en cada inundación provocada por torrenciales aguaceros, se trocaron prohibiciones y responsabilidades por supuestas certificaciones de biodegradabilidad. Y por eso sin ningún rubor la Federación Dominicana de Comerciantes ha solicitado una nueva prórroga a la prohibición a los establecimientos comerciales de entregar gratuitamente fundas plásticas de un solo uso a sus clientes, lo que de conformidad con la Ley 225-20 debieron empezar a descontinuar de hacer desde el año 2021, para quedar totalmente prohibido al término de 5 años, esto es en el 2025, lo que fue prorrogado por un año más hasta diciembre de 2026, esto es 6 años, y todavía para algo que no significa un pago sino por el contrario una reducción de costos para los comercios, algunos tienen la osadía de pedir nuevas prórrogas y gradualidad, a pesar de que en casi todas partes del mundo estas fundas ya no se entregan, o no se entregan gratuitamente desde hace años.
Debemos poner un freno a esta inveterada cultura de las prórrogas, no solo por sus nefastas consecuencias, sino porque hay deudas que por más que se intenten aplazar nos las van a cobrar, y desgraciadamente el medioambiente hace rato que nos está pasando factura.
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