Poder, libertad y responsabilidad

“La libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente.” Rosa Luxemburgo

La historia política de las naciones es, en gran medida, la historia de los límites que las sociedades han sido capaces de imponer al poder. Las democracias modernas no surgieron únicamente para elegir gobernantes; surgieron para garantizar que ninguna autoridad, por legítimo que fuera su origen, pudiera acumular facultades suficientes para situarse por encima del escrutinio ciudadano.

De ahí nacieron los contrapesos institucionales, la libertad de expresión y la obligación permanente de rendir cuentas. No porque se desconfiara de toda persona que ejerce autoridad, sino porque la experiencia histórica enseñó que, cuando el poder carece de límites efectivos, tiende a expandirse más allá de los espacios que una sociedad libre está dispuesta a concederle.

Es desde esa perspectiva que conviene examinar tres decisiones recientes que, aunque pertenecen a ámbitos distintos de la acción pública, convergen en una misma reflexión sobre la calidad de nuestra democracia: la propuesta fiscal presentada por el Gobierno bajo la denominación de Plan Anticrisis, el crecimiento sostenido del gasto en publicidad estatal y las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la difamación, la injuria y el ultraje a funcionarios públicos.

Ninguna de estas decisiones puede evaluarse únicamente por sus objetivos declarados. En una democracia, tan importante como aquello que una medida procura alcanzar está el efecto que produce sobre el delicado equilibrio entre autoridad, libertad y control ciudadano.

La propuesta fiscal se presenta como una respuesta a los desafíos económicos de un entorno internacional complejo, pero también refleja una realidad interna: el crecimiento sostenido de los gastos del Estado y la necesidad de generar nuevos ingresos para financiarlos. La publicidad oficial amplía la capacidad gubernamental para comunicar sus acciones e influir en la formación de la opinión pública. Y las disposiciones más debatidas del nuevo Código Penal han abierto una discusión sobre el delicado equilibrio entre la protección de derechos y la libertad de crítica.

Analizadas por separado, estas decisiones pertenecen a ámbitos distintos de la acción pública. Observadas en conjunto, sin embargo, remiten a una misma pregunta: cómo fortalecer las capacidades del Estado sin debilitar, al mismo tiempo, los mecanismos de transparencia, control ciudadano y deliberación democrática que les dan legitimidad.

La reflexión adquiere mayor relevancia cuando se observan las prioridades que acompañan estas decisiones. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, el presupuesto destinado a publicidad estatal alcanza niveles históricos. En 2025 fueron ejecutados RD$9,798 millones en publicidad oficial, equivalentes a casi RD$27 millones diarios. Para 2026 se aprobaron en el presupuesto RD$11,025 millones, más de RD$30 millones por día y alrededor de RD$1.26 millones por hora, que se ha dicho se disminuirán, sin aún verse dichas reducciones, y se desconoce el nivel en el que se mantendrá.

La relevancia de estas cifras trasciende el ámbito presupuestario. En una democracia, la comunicación no es únicamente una herramienta para informar; también influye en la forma en que los ciudadanos interpretan la realidad pública. Por ello, mientras más capacidad tiene el Estado para proyectar su voz, más necesario resulta preservar un espacio donde otras voces puedan contrastarla, enriquecerla o cuestionarla. Después de todo, la calidad del debate público no depende de que exista una sola narrativa, sino de la posibilidad de confrontarla con otras miradas de la realidad.

Hannah Arendt observó que la libertad política solo puede florecer allí donde existe un espacio público abierto al contraste de ideas y al examen permanente de quienes ejercen autoridad. Por ello, la calidad de una democracia no depende únicamente de la eficacia de sus instituciones, sino también de la amplitud de los márgenes que preserva para la deliberación, la crítica y el disenso.

Bajo esa luz adquiere relevancia la discusión sobre determinados artículos del nuevo Código Penal. Más allá de su dimensión jurídica, el debate plantea una pregunta de naturaleza democrática: cómo proteger derechos fundamentales sin debilitar uno de los principales mecanismos de control ciudadano sobre el poder: la libertad de cuestionarlo. Por eso, más allá de las medidas específicas que hoy ocupan la discusión pública, la cuestión esencial no es únicamente cuánto más puede recaudar el Estado, sino qué tan eficientemente administra los recursos que ya posee y qué tan dispuesto está a someter sus decisiones al escrutinio ciudadano.

Toda democracia tiene derecho a debatir nuevos ingresos. Pero tiene también la obligación de debatir con igual rigor la calidad del gasto público, la eficiencia de sus instituciones y la capacidad del Estado para generar mejores resultados con los recursos que ya administra. La sostenibilidad fiscal no depende únicamente de recaudar más; depende también de gastar mejor.

Quizás ha llegado el momento de ampliar la conversación nacional. Junto al debate sobre nuevos ingresos, deberíamos discutir con la misma intensidad la evaluación independiente del gasto público, la transparencia en las contrataciones del Estado, reglas más claras para la publicidad oficial y garantías cada vez más robustas para la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

La crítica responsable, el periodismo libre y la capacidad de los ciudadanos para cuestionar las decisiones públicas no constituyen obstáculos para la gobernabilidad. Por el contrario, forman parte de los mecanismos que permiten corregir errores, fortalecer instituciones y construir confianza. Al final, la verdadera discusión no es fiscal, presupuestaria ni penal. Es una discusión sobre equilibrio. Porque las democracias se fortalecen cuando las capacidades del Estado y las libertades de los ciudadanos avanzan juntas. Y se debilitan cuando una deja de crecer al ritmo de la otra.