¿Podemos cambiar la política sin cambiar nosotros?

Las señales del desencanto ciudadano con la forma en que nos vienen gobernando, junto con la incursión de influencers y figuras de notoriedad en el tablero político-electoral, no son negativas en sí mismas: permiten ampliar la participación y propiciar el cambio de rumbo que necesita el sistema. Todos tenemos derecho a participar y aportar talento y nuevas ideas.

El peligro surge cuando la notoriedad se presenta como credencial suficiente ante una ciudadanía cuya cultura analítica y crítica ha sido poco fortalecida y resulta más vulnerable a la propaganda y las promesas simplificadoras. La popularidad no inhabilita a nadie, pero tampoco demuestra capacidad para gobernar. La ciudadanía debe evaluar méritos, integridad y trayectoria, y exigir propuestas viables, un equipo competente y visión de país.

Se corre el riesgo de confundir seguidores con ciudadanía, influencia digital con liderazgo político y reconocimiento público con preparación para conducir el Estado.

El fenómeno revela la desconexión entre los partidos y las aspiraciones populares. La ciudadanía quiere progresar mediante su esfuerzo, recibir educación y salud, vivir con seguridad, ser tratada con igualdad y participar en las decisiones que la afectan. Las nuevas figuras conectan porque hablan a sectores no escuchados y convierten la frustración cotidiana en esperanza.

No basta con imitar ese lenguaje: los partidos deben reinterpretar esas aspiraciones, transformarlas en políticas públicas y abrir sus procesos internos. Esa conexión puede producir una renovación positiva, pero solo si la popularidad se convierte en organización democrática, capacidad de gobierno y proyecto colectivo.

En algunos partidos minoritarios existe la tentación de buscar figuras externas que aporten notoriedad y votos, en lugar de construir identidad propia. Corren el riesgo de convertirse en vehículos electorales para una popularidad forjada fuera de sus estructuras, o simplemente desaparecer. Algo similar ocurre con los grupos y partidos de izquierda, fragmentados y cada vez menos capaces de traducir sus propuestas en soluciones aceptadas como viables para los problemas nacionales.

En los partidos tradicionales y competitivos, las candidaturas se construyen mediante encuestas, exposición mediática y estrategias de percepción, sin visión estructural del país. Las encuestas y la comunicación política son herramientas legítimas, hasta que dejan de comunicar un proyecto y pasan a sustituirlo. La política deja de formar líderes y fabrica candidatos para ganar.

A ello se agregan los liderazgos caudillistas que se apropian de la identidad de una organización, convirtiendo partidos plurales en franquicias personales subordinadas a figuras insustituibles. También aparece la sucesión familiar: hijos de dirigentes que asumen heredado un arraigo político, que debería ganarse con logros. El mérito para dirigir no se hereda; la democracia no puede convertirse en una monarquía electiva.

Comparten una raíz: una cultura política que concibe el poder como patrimonio del grupo vencedor, no como responsabilidad frente a toda la nación.

Además de heredarse, el poder también se usa para beneficio de grupos o élites afines, cuando en realidad debería ejercerse como una mayordomía: administrar en nombre de los demás, no apropiarse de lo que se administra. Cuando los partidos olvidan esa distinción, tratan al Estado como patrimonio propio: se imponen sobre las mayorías, bloquean cualquier posibilidad democrática, protegen privilegios partidarios y postergan las reformas esenciales que el país necesita.

El partido es una parte de la sociedad, no su propietario. Su función no es conquistar el Estado para repartirlo entre los suyos, sino llegar al poder con una visión capaz de servir a todos, incluso a quienes no votaron por él.

Durante demasiado tiempo, muchos ciudadanos han elegido la alternativa que consideran menos mala. El voto ha dejado de expresar esperanza y se ha convertido en un mecanismo de defensa. Esa resignación puede transformarse en rechazo al sistema y abrir paso a una figura que prometa romper con todo lo anterior. Pero ser nuevo no significa estar preparado; criticar no equivale a gobernar, ni representar el descontento sustituye un programa o una visión de país.

Una sociedad que deja de confiar en sus instituciones puede depositar una confianza excesiva en una persona. Si esa figura llega al poder con la misma cultura patrimonialista, solo reemplazará una élite por otra y favorecerá a quienes la ayudaron a ganar.

En esta realidad, el gran ausente es el mérito. La ciudadanía sabe quién encabeza las encuestas, quién posee un apellido reconocido o quién controla la maquinaria partidaria, pero rara vez conoce sus capacidades, resultados o propuestas. Personas idóneas pueden ser desplazadas por no tener un abolengo político y no contar con el respaldo de la cúpula. El resultado es un sistema que no siempre conforma equipos cuya preparación profesional justifique su ingreso al Estado.

Romper el círculo exige partidos con identidad, principios, democracia interna y formación de líderes; mecanismos que permitan competir en igualdad a cualquier ciudadano con capacidad, méritos, integridad y vocación de servicio; instituciones que fiscalicen el financiamiento y garanticen reglas transparentes; y una ciudadanía crítica que exija rendición de cuentas.

No basta con sustituir un partido por otro, una élite por otra o un caudillo tradicional por una figura nueva. El reto es transformar nuestra cultura política: pasar del favor al derecho, del caudillo a la institución, de la propaganda al programa, del apellido al mérito y de la resignación ciudadana a la participación crítica.

Cambiar nosotros implica ser más críticos, más demandantes, menos tolerantes y más proactivos. Si ese despertar alcanza a la clase política y surgen mejores opciones, esta irrupción habrá cumplido su parte positiva. Solo así podremos romper el círculo vicioso.