Permanencia y vulnerabilidad de la estabilidad dominicana

Desde hace décadas, la República Dominicana atraviesa uno de los períodos de mayor estabilidad política y económica. Pese a los factores externos que dominan el escenario global, el país mantiene niveles aceptables de crecimiento y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad subyacen procesos que, eventualmente, podrían anticipar cambios relevantes en el mediano plazo.

La sociedad dominicana actual es el resultado de varias décadas de transformaciones culturales, políticas y económicas marcadas por la hegemonía neoliberal. El individualismo, el consumismo, la mercantilización creciente de la vida social y la búsqueda de soluciones individuales a problemas colectivos se han convertido en normas de vida para la mayoría de la sociedad. Como consecuencia, se ha producido el debilitamiento de las identidades colectivas, favoreciendo una ciudadanía más orientada a las aspiraciones personales que a los proyectos de transformación colectiva.

Pese a que el sistema político es objeto de reiteradas críticas desde la ciudadanía, lo que se expresa en cuestionamientos recurrentes hacia instituciones como el Congreso Nacional, los partidos políticos y el propio Gobierno, el sistema continúa mostrando una notable capacidad de reproducción, tomando en cuenta que, aparte de los efectos del crecimiento económico, se apoya en redes clientelares y una cultura política basada en la lógica del favor. Esta realidad permite amortiguar tensiones sociales y contener descontentos que, en otros contextos, podrían traducirse en mayores niveles de conflictividad política.

Sin embargo, paradójicamente, esta estabilidad convive con profundas desigualdades económicas y sociales. Los beneficios del crecimiento no se distribuyen de manera homogénea, y persisten brechas significativas en ingresos, oportunidades y acceso a servicios públicos de calidad. Históricamente, estas condiciones han constituido el terreno fértil para el surgimiento de movimientos de protesta y demandas de cambio. Pero, hasta el momento, no se observa la emergencia de un movimiento social de alcance nacional capaz de articular esos malestares dispersos en una agenda común.

Por la conjunción de estos aspectos favorables y desfavorables, preferimos hablar de estabilidad vulnerable.

Pese a lo anterior, hay que señalar que no todo se mantiene inalterable. La movilización desarrollada en San Juan contra el proyecto minero de GoldQuest ha mostrado que, pese a la relativa calma en los escenarios político y económico, el cambio más importante se ha producido en el terreno de las luchas sociales. Su impacto ha fortalecido y estimulado otras iniciativas de defensa ambiental en distintas regiones del país.

A diferencia de la lucha contra la corrupción o en demandas específicas contra gobiernos de turno, las luchas ambientales confrontan intereses económicos de gran magnitud, vinculados tanto al capital nacional como a corporaciones extranjeras. Por ello, representan una potencial fuente de reconfiguración de la acción colectiva y de construcción de nuevas identidades sociales. En este contexto, la decisión gubernamental de detener el proyecto minero en San Juan se expresa como una forma de desactivar una dinámica que amenazaba con articular diversas luchas locales en un movimiento nacional de mayor alcance.

La pregunta relevante es si la conflictividad ambiental será capaz de convertirse en uno de los principales ejes de movilización social de los próximos años.

Tampoco se aprecia, por ahora, el crecimiento significativo de corrientes antipolíticas o de liderazgos antisistema que cuestionen las bases del orden político vigente. A diferencia de otros países de América Latina, la política dominicana continúa desarrollándose dentro de los marcos establecidos por dos o tres partidos políticos dominantes; en eso reside la estabilidad política. Una vía por la que pudiera emerger una figura outsider o independiente podría ser desde uno de los partidos tradicionales del sistema, pudiendo así socavar el modelo político desde dentro. Esa es una posibilidad que nunca se debe descartar.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el desenlace de los procesos judiciales iniciados contra funcionarios de la pasada administración. La lucha contra la corrupción ocupó un lugar central en la movilización social (recordemos la Marcha Verde) y en el discurso político que le ganó simpatías al PRM y a Luis Abinader. La pregunta que debemos hacernos es si el fracaso de dichos procesos judiciales, o de la mayoría de ellos, podría generar una nueva dosis de desencanto a tomar en cuenta en los escenarios por venir.

La República Dominicana continúa siendo, en términos generales, un país estable. Sin embargo, la estabilidad nunca debe confundirse con inmovilidad. Bajo la superficie de la normalidad política persisten tensiones sociales, desigualdades estructurales y nuevos procesos de movilización que podrían modificar gradualmente el escenario actual. Comprender esas tendencias resulta más importante que concentrarse exclusivamente en los acontecimientos inmediatos, pues son ellas las que terminarán definiendo la política dominicana de los próximos años