El primer artículo sobre las pérdidas de las EDEs generó reacciones relevantes desde el gobierno, el sector privado y la academia. Más allá de valoraciones positivas sobre su oportunidad, los comentarios aportaron matices importantes para precisar el diagnóstico. En particular, se subrayó que el problema central no es la cobranza, sino la facturación asociada a la falta de medición, y que dentro de ese universo el fraude eléctrico adopta múltiples modalidades, algunas de ellas altamente sofisticadas.
También se recordó que, en el argot técnico, la falta de medición se refiere a suministros sin medidor instalado, usualmente con tarifas fijas. Esta situación genera incentivos perversos: usuarios con tarifas reducidas tienden a incrementar su consumo mediante equipos de alto requerimiento energético, sin señales económicas que promuevan el ahorro o la eficiencia.
Otros comentarios llamaron la atención sobre experiencias pasadas en las que, tras la penalización explícita del fraude eléctrico y con acciones de medición, gestión social y pilotos de medidores prepago, fue posible reducir pérdidas de circuito de niveles superiores al 60 % a cifras de un solo dígito, sin grandes inversiones en infraestructura.
Estas observaciones refuerzan la necesidad de conectar el debate técnico sobre pérdidas con sus consecuencias fiscales.
De la ineficiencia operativa al subsidio fiscal
Las pérdidas no son una abstracción contable. Cada kilovatio no cobrado o no medido adecuadamente se convierte, directa o indirectamente, en un requerimiento de financiamiento. En el caso dominicano, la brecha entre la energía comprada por las EDEs y la efectivamente facturada y cobrada termina siendo cubierta por transferencias del Estado.
Este mecanismo convierte un problema de gestión empresarial en un compromiso fiscal recurrente, muchas veces tratado como inevitable.
El subsidio como síntoma, no como política
Uno de los argumentos recurrentes es que el subsidio eléctrico cumple una función social. Esto es parcialmente cierto, pero incompleto. El subsidio derivado de las pérdidas no es un instrumento focalizado ni progresivo: es un subproducto de la ineficiencia.
En la práctica, no discrimina entre hogares vulnerables y no vulnerables, reduce recursos disponibles para políticas sociales explícitas y debilita la señal económica del consumo eléctrico.
Magnitud y rigidez del esfuerzo fiscal
A diferencia de otros gastos públicos, el subsidio asociado a las pérdidas eléctricas presenta una rigidez preocupante. En contextos de presión presupuestaria, su reducción es políticamente compleja y técnicamente riesgosa, lo que lo convierte en un gasto casi automático.
Esto limita el margen de maniobra del Estado y condiciona otras prioridades de política económica.
Incentivos perversos y riesgo moral
Cuando las EDEs operan con la expectativa implícita de que el déficit será cubierto, se genera un problema clásico de riesgo moral. La ausencia de consecuencias claras ante el incumplimiento de metas de reducción de pérdidas debilita cualquier esfuerzo de disciplina operativa.
¿Quién paga realmente?
Aunque el subsidio se registre contablemente en el sector público, su financiamiento proviene de la sociedad en su conjunto. Vía impuestos generales, endeudamiento o desplazamiento de otros gastos, las pérdidas eléctricas terminan siendo pagadas por ciudadanos que no necesariamente se benefician del consumo subsidiado.
Implicaciones para la sostenibilidad fiscal
En un contexto de consolidación fiscal y crecientes demandas sociales, mantener niveles elevados de pérdidas eléctricas es incompatible con una estrategia de sostenibilidad a mediano plazo.
Cierre
Las reacciones al primer artículo muestran que el problema de las pérdidas eléctricas sigue atrapado en narrativas parciales. Sin incorporar explícitamente su impacto fiscal, el debate queda incompleto. Si el subsidio es una decisión de política pública, debe ser explícito, focalizado y evaluable. Si es el resultado de ineficiencias persistentes, entonces debe corregirse.
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