Pedagogía de la justicia

Escuché la expresión “pedagogía de la justicia” durante la presentación de los resultados de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la justicia dominicana. Me hizo pensar en una pregunta sencilla: ¿qué aprende una persona acerca de sus derechos cuando entra en contacto con un tribunal? Puede aprender que las instituciones la escuchan y le ofrecen una respuesta comprensible. También puede salir convencida de que reclamar un derecho exige recursos, tiempo y conocimientos que no tiene.

El informe Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano reconoce avances en capacidad resolutiva, gestión y transformación digital. Son logros que deben valorarse. Sin embargo, nos invita a mirar más allá de los expedientes tramitados: una justicia eficiente cumple plenamente su propósito cuando las personas pueden acudir a ella, comprender lo que sucede y obtener una respuesta útil y oportuna. En la distancia entre el progreso institucional y la vida cotidiana debe actuar la pedagogía de la justicia.

No hablo de impartir una asignatura adicional ni de llenar las paredes de propaganda. Hablo de enseñar, desde la práctica institucional, que un derecho puede ejercerse y puede ser satisfecho. La enseñanza empieza cuando alguien explica con claridad dónde presentar una solicitud, cuánto puede costar, cuáles son los plazos y qué hacer ante una respuesta desfavorable. Continúa cuando el personal trata a cada persona con respeto y cuando una sentencia expone razones que las partes pueden entender, aunque discrepen del resultado. La justicia es un servicio público; las personas son su razón de ser.

Los datos del PNUD muestran por qué esta tarea es urgente. En una encuesta exploratoria a 89 personas usuarias del sistema, el 39,3 % reportó dificultades durante su proceso. Entre quienes encontraron barreras, el 63 % mencionó demoras; el 46 %, costos; y el 26 %, problemas en la calidad de la atención. Otro 26 % señaló la distancia o las dificultades de traslado. El levantamiento no representa a toda la población dominicana, pero describe obstáculos concretos que merecen respuesta. Quien pierde un día de trabajo para acudir a una audiencia vive la demora de una manera distinta a como aparece en una estadística.

Reducir la mora judicial es necesario, pero no agota la idea de calidad. Una decisión rápida que no escucha no explica o deja sin protección a quien la necesita puede profundizar la desconfianza. La evaluación del servicio debe considerar, además de los tiempos, si las personas conocieron sus opciones, recibieron asistencia adecuada, fueron tratadas con dignidad y pudieron hacer cumplir lo decidido. También importa saber quiénes abandonan el camino antes de llegar a un tribunal: su ausencia en las cifras puede ocultar la barrera más grave.

La transformación digital permite consultar expedientes, evitar viajes y dar seguimiento a los procesos. Pero una herramienta desconocida no amplía por sí sola el acceso. En la misma encuesta, el 70,8 % no sabía que existía un sistema en línea para verificar el estado de su caso o consultar citas, audiencias y requisitos. Necesitamos plataformas sencillas, orientación presencial y apoyo para quienes carecen de dispositivos o conectividad. Tampoco podemos ignorar las interrupciones eléctricas ni los costos que enfrentan las personas de menores ingresos. La innovación debe medirse por las puertas que abre, no solo por los trámites que digitaliza.

Esta pedagogía exige fortalecer la defensa pública, la asistencia legal a las víctimas y los mecanismos de orientación jurídica. Una madre que reclama una pensión, una persona trabajadora que denuncia un abuso o una víctima que busca protección necesitan saber quién puede ayudarlas y contar con acompañamiento oportuno. En las comunidades alejadas de los tribunales, la información debe llegar antes de que el conflicto se agrave. Universidades, escuelas, organizaciones comunitarias y colegios profesionales pueden colaborar con información confiable y canales claros para acudir a los servicios competentes.

Hay otra lección que se transmite en cada oficina pública: cómo se ejerce el poder. Si una autoridad explica una decisión, escucha una objeción y reconoce un error, enseña que su actuación tiene límites. Si una persona recibe respuestas contradictorias o un trato humillante, aprende lo contrario. Por ello, la formación de jueces, fiscales, defensores de los imputados, representantes legales a la víctima y personal administrativo debe incluir comunicación clara, atención a la diversidad y sensibilidad ante las desigualdades que condicionan el acceso. El buen trato forma parte de la garantía de los derechos.

Propongo traducir esta visión en compromisos verificables: información comprensible en cada sede y canal digital; orientación desde el primer contacto; mayor alcance territorial de la defensa pública y de los representantes legales a la víctima; seguimiento a los costos y tiempos que asumen las personas; y encuestas periódicas sobre su experiencia. Publicar los resultados y corregir las fallas permitirá comprobar si las mejoras anunciadas se sienten al presentar una denuncia, solicitar protección o recibir una decisión.

La pedagogía de la justicia es, finalmente, pedagogía de la democracia. Enseña que los derechos pueden reclamarse por vías institucionales, que los conflictos pueden resolverse sin violencia y que ninguna autoridad está por encima de la Constitución.

Ese es el desafío de la justicia dominicana: convertir el progreso institucional en una experiencia real de protección y dignidad. Sus avances deben sentirse en la vida de las personas: en la madre que obtiene una respuesta, en la víctima que es escuchada y en quien descubre que reclamar un derecho sí puede cambiar su realidad. Solo entonces la justicia habrá cumplido su promesa democrática.