Hay actitudes políticas que se explican mejor con un refrán que con un discurso, y «palo si boga y palo si no boga» describe con exactitud una práctica tan antigua como persistente, la de condenar una actuación atendiendo a la identidad de quien la realiza antes que a sus méritos o desaciertos, de modo que a los gobiernos se les cuestiona cuando anuncian, cuando ejecutan y cuando concluyen, y la crítica termina convertida en una posición tomada de antemano, indiferente a los hechos y a sus resultados.
La democracia necesita oposición, vigilancia ciudadana, periodismo independiente y desacuerdo, de manera que no toda crítica responde a esa conducta; lo que tampoco puede ignorarse es que ciertos discursos parecen haber encontrado en la descalificación permanente una forma de hacer política, como si reconocer un acierto equivaliera a renunciar a las propias aspiraciones, actitud que afecta algo más importante que la suerte electoral de un partido, pues de ella dependen la credibilidad del debate público y la posibilidad de construir acuerdos sobre las prioridades nacionales.
Las obras del Gobierno en curso ofrecen hoy el escenario más visible de esta controversia, y conviene empezar por reconocer que, según lo informado por el Gobierno en su rendición de cuentas, la inversión física de esta Administración ha llegado a las 31 provincias y al Distrito Nacional, rasgo que corrige al menos en parte la vieja concentración de la obra pública en Santo Domingo. Ese reconocimiento no exime a ninguna obra del examen riguroso de sus costos, procesos de contratación, calidad y resultados, aunque el derecho a fiscalizar no vuelve razonable la pretensión de desconocer cualquier avance por el solo hecho de que procede de una administración adversaria.
En esa misma ocasión se informó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había ejecutado en el último ejercicio fiscal cerrado RD$47,290 millones, sin contar los recursos de RD Vial, el monto más alto de los últimos doce años, y concluido 69 obras con una inversión superior a RD$33,732 millones, cifras a las que la oposición respondió con la acusación de inflarlas y de ejecutar obras costosas y de baja calidad, al tiempo que recordaba que la inversión pública ha oscilado entre el 1.5% y el 2% del producto interno bruto.
Ambas posiciones merecen examinarse con datos antes que con consignas, y los datos disponibles autorizan una lectura más favorable de la que admite la oposición. El informe anual de ejecución de proyectos de inversión pública del Ministerio de Hacienda y Economía registra para ese mismo ejercicio una ejecución de RD$118,710.6 millones, un 11.7% superior a la del año precedente, equivalente al 1.5% del producto interno bruto frente al 1.4% anterior, de modo que la tendencia reciente apunta a una recuperación, si bien el nivel alcanzado sigue por debajo del 1.7% registrado dos años antes y deja abiertas preguntas legítimas sobre la suficiencia y la composición de esa inversión.
Los montos ejecutados desmienten a quien sostiene que nada se ha hecho, aunque por sí solos no demuestran que todo se hizo bien, puesto que una carretera vale por lo que reduce en tiempos y costos de desplazamiento, del mismo modo que el valor de un hospital se mide por el acceso oportuno que amplía y el de un acueducto por el agua segura que lleva a los hogares. Bajo ese criterio deben leerse los avances que la Administración exhibe en salud, donde informó haber inaugurado, construido, ampliado o rehabilitado 30 establecimientos en ese período con una inversión superior a RD$2,659 millones, cifra relevante que ganará todavía más fuerza cuando pueda acompañarse de evidencia sobre cuántas personas reciben ahora atención oportuna.
Cualquier ciudadano puede criticar una inversión sin disponer de los conocimientos técnicos necesarios para proponer una alternativa, pero a los partidos que aspiran a gobernar corresponde una exigencia mayor, de suerte que a quien juzga equivocada una carretera cabe preguntarle qué solución propone al problema de movilidad que la justificó, y la denuncia de insuficiencia de inversiones pierde buena parte de su valor cuando no explica cómo se aumentarían los recursos, qué gastos se reordenarían y qué restricciones fiscales se estaría dispuesto a enfrentar, puesto que la distancia entre ejercer la oposición y demostrar capacidad para gobernar se mide justamente en esas respuestas.
Hay además una dimensión histórica decisiva, ya que buena parte de los liderazgos que hoy cuestionan la inversión actual condujeron el Estado durante largos períodos, y aunque esa memoria no debería usarse para descalificarlos, tampoco puede concederles una suerte de amnistía argumentativa, de modo que quien cuestiona hoy una decisión que antes defendió tiene el deber de explicar por qué cambió su valoración, pues la coherencia admite el cambio de posición siempre que venga acompañado de sus razones.
Una obra bien concebida conserva su valor aunque la haya iniciado otro gobierno, y una política que produce resultados merece continuidad con independencia de quién la promovió, del mismo modo que una iniciativa debe corregirse o abandonarse cuando la evidencia demuestra que es ineficaz o financieramente insostenible, distinción que cobra mayor peso en un país que necesita mejorar sus servicios públicos, fortalecer la seguridad social y reducir las desigualdades territoriales, tareas que ningún período presidencial puede concluir.
Al Gobierno, por su parte, tampoco le corresponde interpretar todo cuestionamiento como hostilidad, puesto que la legitimidad electoral no lo exime de justificar sus decisiones ante el Congreso Nacional, los órganos de control y la sociedad, y la transparencia, que no se agota en comunicar los logros, supone también reconocer retrasos y corregir errores, terreno en el que una rendición de cuentas detallada provincia por provincia representa un avance que convendría completar con informes públicos periódicos sobre resultados y cumplimiento de plazos.
Esa misma cultura de responsabilidad debería orientar a quienes se presentan como alternativa, porque la función de una oposición competente no se agota en señalar las deficiencias del presente y alcanza la obligación de demostrar que dispone de respuestas viables, ya que la posibilidad de que un gobierno fracase no constituye por sí misma un proyecto político.
El refrán sirve entonces para denunciar la incoherencia de juzgar las mismas actuaciones con criterios distintos según las simpatías de cada cual, sin que ello lo convierta en un escudo del gobernante, puesto que reconocer un acierto no otorga inmunidad y señalar un error tampoco equivale a negar los avances, que en el caso dominicano son verificables en la recuperación de la inversión pública, en su distribución por todo el territorio y en la ampliación de la infraestructura sanitaria, y que una oposición responsable podría admitir sin renunciar a fiscalizar.
Quien aspire a dirigir el país tendrá que demostrar, con cifras y propuestas sometidas al mismo rigor que hoy se aplica a la gestión actual, que posee las ideas y la preparación necesarias para hacerlo mejor, y es razonable pedir que esa demostración comience ahora, mientras el debate sobre la inversión pública todavía permite contrastar las promesas con los números.
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