Pacto Fiscal sí; discrecionalidad tributaria no

La discusión provocada por el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional no debe reducirse a la consigna simplista de «impuestos sí» o «impuestos no». El verdadero debate es más profundo: decidir si la República Dominicana enfrentará sus desafíos fiscales mediante el fortalecimiento institucional o mediante parches parciales que abran espacios peligrosos a la discrecionalidad administrativa.

Nuestro país necesita discutir la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Nadie ignora el déficit eléctrico, el peso cuasifiscal del Banco Central, las demandas sociales y la necesidad de inversión en infraestructura. Tampoco se niega que existen distorsiones tributarias acumuladas y exenciones que perdieron su razón de ser. Sin embargo, precisamente por la trascendencia del tema, el país ya acordó el camino institucional para abordarlo: la Ley Orgánica 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

La Ley 01-12 no ordenó reformas aisladas. Dispuso la construcción de un Pacto Fiscal integral, fruto del consenso entre trabajadores, empresarios, partidos políticos y sociedad civil, llamado a discutir simultáneamente los ingresos, la calidad del gasto, la transparencia y la equidad tributaria. ¿Vamos a cumplir la Ley 01-12 o a sustituirla por medidas unilaterales al margen del consenso?

Antes de pedir sacrificios, el Estado debe demostrar que gasta mejor. Desde 2020, el gasto corriente mantiene una trayectoria creciente, mientras la inversión pública permanece baja respecto al PIB. Rechazar un parche tributario no es defender el inmovilismo; el país necesita una transformación, pero orientada a ampliar la base de contribuyentes y no a incrementar la carga sobre los que ya cumplen.

La mejor reforma es una política de Formalización Inteligente. Miles de mipymes siguen en la informalidad porque formalizarse solo implica obligaciones sin beneficios. Una verdadera estrategia debería incluir la eliminación del anticipo para este sector, un Fondo Estatal de Garantías para el crédito y simplificación digital. Más contribuyentes, no necesariamente más impuestos. Asimismo, las exenciones deben revisarse con rigor técnico y costo-beneficio transparente, no de forma indiscriminada.

Sin embargo, existe un aspecto del proyecto que trasciende cualquier tasa impositiva o anticipo: las facultades discrecionales que se pretenden conferir a la administración pública en materia tributaria.

Al revisar el proyecto, la amplitud de estas facultades y la constante remisión a futuras normas y reglamentos hacen legítimo preguntarse si estamos ante medidas coyunturales o ante el diseño de un mecanismo para aplicar modificaciones tributarias futuras sin asumir el costo político de debatirlas en el Congreso. El efecto potencial es evidente: trasladar a la esfera administrativa facultades que constitucionalmente corresponden al debate democrático.

Por esa sola razón, manifiesto mi oposición a este proyecto.

Los impuestos pueden discutirse y las exenciones revisarse, pero cuando se desdibuja la frontera entre lo que decide el Congreso y lo que queda sujeto a resoluciones administrativas posteriores, se inicia un camino peligroso para la seguridad jurídica y la previsibilidad económica. Quizás hoy estas herramientas se usen con prudencia, pero las leyes no se aprueban para el gobierno actual; se aprueban para los gobiernos futuros. Ninguna sociedad responsable debe entregar facultades extraordinarias apostando a la moderación del gobernante de turno.

Si el país necesita una reforma fiscal, que se haga de frente, mediante el Pacto Fiscal ordenado por la Ley 01-12. Lo que no debemos aceptar es que, bajo la excusa de una crisis internacional, se abra la puerta a una expansión del poder tributario del Estado al margen de la institucionalidad democrática. Cuando se debilita el principio de que las obligaciones tributarias deben emanar de leyes debatidas por los representantes del pueblo, lo que está en juego deja de ser una simple reforma fiscal para convertirse en una discusión sobre la calidad de nuestra democracia.