En la República Dominicana actual, distintos hechos revelan un deterioro del tejido social que no puede pasar desapercibido. El caso de la niña de 12 años internada en la Maternidad San Lorenzo de los Minas, con un feto muerto de cinco días, es un ejemplo estremecedor. La menor, que sostuvo relaciones con “personas mayores”, vive con su abuela mientras su madre reside fuera del país. Esta historia refleja una realidad que, lamentablemente, no es excepcional: la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y la falta de redes de protección suficientes.
Las violaciones grupales en Villa González y San Francisco de Macorís confirman que se trata de un patrón repetido que genera alarma pública. Más que casos aislados, son síntomas de una violencia de género persistente, enraizada en prácticas culturales y en una sociedad que todavía arrastra desigualdades y silencios en torno a los derechos de las mujeres y de la niñez.
En paralelo, la esfera mediática introduce nuevos elementos al debate. Figuras como Santiago Matías (Alofoke), con millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, han expresado nostalgia por la mano dura de Trujillo, como respuesta al desorden y la violencia actuales. Para sectores jóvenes que no vivieron la dictadura, estos mensajes pueden sonar como una promesa de orden frente a la inseguridad actual. Sin embargo, también plantean un riesgo: el de banalizar y distorsionar la memoria histórica y abrir espacio a la idea de que el autoritarismo podría ser la solución a los problemas presentes.
Este fenómeno no ocurre de manera aislada: forma parte de una tendencia mundial hacia el cercenamiento de derechos ya consagrados, donde avances en materia de género, infancia y democracia enfrentan un retroceso bajo discursos de orden y control.
Las redes sociales, con su capacidad de amplificación, multiplican tanto la indignación como la confusión. A veces ayudan a visibilizar crímenes que antes quedaban silenciados, pero también generan un ruido que puede diluir la discusión profunda y convertir el horror en espectáculo pasajero.
El país vive así en una paradoja: crece económicamente, muestra modernización en infraestructura y consumo, pero sigue enfrentando desafíos graves en la protección de derechos fundamentales. En este escenario, el reto no es solo sancionar la violencia, sino también fortalecer la cultura democrática, rescatar la memoria colectiva y priorizar la dignidad de las personas más vulnerables.
Cada caso ignorado es un reflejo del fracaso colectivo; cada niña protegida y cada agresor sancionado representan un paso hacia un país más justo. En un país donde la modernización económica convive con la vulneración de los derechos fundamentales, solo la combinación de justicia, educación y conciencia crítica puede frenar la repetición de tragedias como la de la niña de San Lorenzo de los Minas. El presente exige acción: proteger la infancia, garantizar la dignidad humana y resistir los cantos de sirena de un pasado autoritario que, para algunos, aún parece atractivo.
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