Negar acceso a expediente penal: obstáculo a la justicia y al derecho de defensa

Esta semana tuve una experiencia muy interesante en una fiscalía del país a la cual rara vez suelo asistir. Y la verdad es que cada vez que enfrento una situación que particularmente llama mi atención en mi caminar por el sistema de justicia, pienso de inmediato compartir mi experiencia en esta columna ya que es el modo en el que, como abogada y auxiliar de la justicia, analizo y hago el llamado a usuarios, y sobre todo a las autoridades, de lo que se puede/debe mejorar del sistema. Mi intención en modo alguno es hacer críticas estériles que no llevan a ningún lugar ni dan algún resultado, y mucho menos berrinches; es más bien identificar esos cuellos de botella que empañan el difícil acceso al sistema de justicia y buscar la mejoría que legal y objetivamente proceda.

De hecho, estando en la fiscalía le compartía a los actores presentes, de manera jocosa, que escribiría sobre esto porque no es posible que mientras luchamos por un acceso y alcance de la justicia igual para todos, impases tan mínimos pero violatorio de derecho como el presentado, retrase lo mucho que se ha logrado por simplezas o irraciocinio carentes de asidero jurídico, base legal, lógica, y sobre todo, sentido común.

A, B y C son socios de una razón social; con mucho esfuerzo y sacrifico han invertido y creado una gran empresa la cual hoy día es exitosa; en su última asamblea han decidido nombrar a C como su gerente y, aparentemente, todo está marchando en orden. De momento, A y B notan que algo inusual está sucediendo en la empresa, ya que accidentalmente vieron una citación de fiscalía para que C, en calidad de gerente, asista ante ella para responder sobre X cosa que ha cometido la empresa.

A y B se asustan y se alarman, ¡desconocen por completo cualquier situación que sobre la empresa esté sucediendo en fiscalía!; se reúnen con C para que les dé una explicación sobre lo que está pasando en la empresa que ha ameritado una citación de parte de la fiscalía. Para sorpresa de A y B, C se niega a darle información de lo que está sucediendo, no les muestra los documentos del expediente que rápidamente sacó de la empresa para que no se enteren ni vean nada, y así, C se marchó y no les ha vuelto a dar la cara.

A y B aturdidos me contactan para que les ayude a entender qué está pasando con su empresa ante la fiscalía, a lo cual de entrada, fácil y rápidamente, les dije que primero asistamos a la fiscalía a ver de qué va la investigación que le están haciendo a su empresa, y ya con conocimiento de caso podamos determinar la acción legal más estratégica para salvar sus intereses y sobre todo, su defensa.

Tranquila y confiadamente me acerco a fiscalía con mi poder de representación en mano, copias de sus cédulas, registro mercantil que demuestra ellos son socios de la razón social, acompañado de una instancia para que nos faciliten copia del expediente como todo derecho que le corresponde a cualquier parte de un caso. Fiscalía se negó a entregar copia del expediente.

Escuchando sus razones de que “no podemos entregarle copia porque esos socios no son investigados” digo, bueno magistrado pero bien usted acaba de confirmar y verificar, son socios de la compañía a quien ustedes han sometido, y necesitan saber qué ha pasado y cuál es la defensa que pudieran ejercer, si amerita, a favor de su empresa. Fiscalía mantiene su resistencia.

“Ah doctora pero es que ya le entregamos copia a uno de los socios, no tenemos porqué entregarle copia a otro socio más”. Sin darse cuenta, fiscalía con su decisión mutila el derecho de acceso a la justicia y de defensa de la compañía y sus socios, cuando sí tuvo preferencia por entregar y dar acceso del expediente a un socio pero a los demás no.

Normalmente suelo decir que el que se acerca al sistema de justicia es, por lo regular, alguien que enfrenta un problema, una situación que le perjudica ya sea como víctima o como acusado, pues como bien escuché una vez decir a un juez cuya expresión he hecho mía, “el que viene, no viene a traer flores”, sino con una situación de la que espera que ese funcionario que le recibe le atienda, le escuche y procese su caso no con arbitrariedades ni respuestas viciadas de absolutismos carentes de solución, sino con un enfoque orientado a resultado.

Hablar del acceso a la justicia es referirnos a un derecho fundamental que se garantiza en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, cuya finalidad es que los seres humanos utilicen herramientas y mecanismos legales para reconocimiento y protección de sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley, sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión.

El acceso equitativo a la justicia es fundamental para la garantía de la dignidad humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a los tribunales para proteger sus derechos: “Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Así mismo lo reconoce, también, nuestra constitución en el artículo 69 numeral 1: toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita”.

No obstante, tener derecho y tener acceso a la justicia son dos cosas distintas. El derecho a la justicia es el postulado que me hace acreedor de ella y el acceso a la justicia, ponerlo en práctica. Los sistemas judiciales, por naturaleza, son construidos sobre una burocracia que dificulta el acceso de los ciudadanos y el caso de República Dominicana no es diferente: nuestro modelo manifiesta trabas considerables de acceso a la justicia que se traducen en negaciones efectivas de derecho.

El hecho de no tener acceso a las piezas probatorias de un expediente en el cual eres parte pone de manifiesto, no sólo como el sistema de justicia te niega el acceso, sino que también te convierte en víctima de manera indirecta, dada la ausencia de una vía efectiva que responda protegiendo tu derecho, ejerciendo tu defensa. Necesariamente tiene que llamarnos a reflexión la forma como responde nuestro sistema en la asistencia a usuarios.

Siendo el acceso a la justicia un derecho fundamental que garantiza tu protección por parte de las autoridades establecidas para dicho fin, ¿por qué se hace tan difícil su acceso? ¿por qué los ciudadanos se encuentran (nos encontramos) con autoridades generalmente apáticas si están ahí para brindar y facilitar ese servicio? El ciudadano que se acerca a cualquier institución del sistema de justicia es porque viene con un problema y espera encontrar en la justicia una respuesta eficiente para hacer valer y proteger su derecho, no un martirio, dificultad o rechazo.

El sistema judicial dominicano descansa en tres instituciones pilares de acceso a la justicia para los ciudadanos: 1) el Poder Judicial (jueces), que evalúa pruebas y argumentos para emitir una sentencia; 2) el Ministerio Público, que representa el interés de la sociedad e instrumenta acusaciones presentadas a los tribunales; y 3) la Policía Nacional, como fuerza civil que asiste al mantenimiento del orden y colabora con el Ministerio Público.

Si en una de estas tres esferas del sistema hay fallos, se erige una barrera para el ciudadano en la obtención de justicia efectiva, y sus consecuencias pueden ser fatales cuando el sistema no responde adecuadamente: un crimen no investigado; una amenaza de muerte que se materializa por ausencia de medidas preventivas; una denuncia de violencia de género no intervenida a tiempo; un robo en propiedad ajena ignorado, entre muchas otras.

La participación pacífica de la vida en sociedad y el disfrute de los bienes privados y colectivos, sólo pueden estar garantizados y disponibles para todos los ciudadanos si la justicia ejerce su función de dispositivo conciliatorio; no allí donde el conflicto, la vulneración de un derecho, la indiferencia de un poder público o las divergencias de criterio amenazan la paz, la propiedad privada o la integridad física de las personas.

El Estado debe responder en favor de las personas para la cual gobierna. Solucionar el problema de acceso a la justicia requiere muchas cosas, implementar cambios en las estructuras de las instituciones, recursos, personal, etc., todo eso es cierto; pero lo más fácil para empezar hacer, es la empatía con el ciudadano que se acerca con un problema. Ese ciudadano/a es una víctima de un hecho que le ha menoscabado un derecho fundamental, no lo convierta también en una víctima del sistema. El acceso a la justicia constituye pieza fundamental e indispensable para el desarrollo social, económico y político de un país. Un sistema lento que no responde efectivamente a las necesidades de los usuarios es grave en un Estado de Derecho.

Es tiempo de hacer. Fortalecer el sistema de justicia, emplear leyes y políticas públicas que garantice los derechos individuales y colectivos, es lo que hace que la sociedad avance. Un sistema de justicia que responda empáticamente contribuye a la seguridad ciudadana, y por ende, a una vida en sociedad posible.