La República Dominicana en estos momentos está aplicando una política migratoria que tiene como foco a los ciudadanos de Haití. Para nadie es un secreto que la República de Haití atraviesa por una situación incontrolable e insostenible. También es una verdad inocultable que la República Dominicana es solidaria; y presenta, en foros nacionales e internacionales, la necesidad de que se le preste atención a la situación de ese país. De otra parte, también es verdad que la República Dominicana tiene que defender y cuidar su soberanía. Este derecho es inapelable. Para que este derecho se robustezca, es necesario que las políticas estatales se apliquen integralmente.
Ante la inmensa cantidad de indocumentados de nacionalidad haitiana, las políticas migratorias se ponen en acción; pero, el libreto para aplicarlas pone en evidencia que los funcionarios de migración y los miembros de la Policía Nacional tienen déficit de educación en derechos humanos y de pensamiento crítico. La propuesta educativa que se desarrolla en el programa de Reforma de la Policía Nacional debe darle mayor consistencia y amplitud a los dos aspectos indicados en este artículo. Se le debe poner fuerza a la articulación entre la teoría formativa y la práctica. En el personal de migración es evidente la distancia entre su perorata sobre el cuidado en la aplicación de las políticas ante la migración haitiana indocumentada y los atropellos que se cometen.
La falta de educación en derechos humanos y de pensamiento crítico provoca insensibilidad hacia lo humano e ignorancia de lo que implica la aplicación de las leyes sin lesionar la dignidad y la vida de las personas. Las dos instituciones nombradas en este artículo necesitan profundizar sobre los métodos que están utilizando para cumplir con las leyes. La aplicación de estas debe fortalecer la soberanía; pero, al mismo tiempo, debe preservar la integridad de los indocumentados, aunque tengan que retornar a su tierra natal por carecer de la documentación que legitima su presencia en el país. No apoyamos que ningún ciudadano, nacional o extranjero, viole las leyes de la nación.
No apoyamos, tampoco, el atropello y el tratamiento deshumanizado con el que se quieren aumentar las cifras de repatriados. La educación en derechos humano aporta referentes conceptuales, metodológicos y de enfoques que pueden ayudar, tanto a la Policía Nacional como a la Dirección de Migración. El tipo de educación que proponemos les permitirá darse cuenta de que están tratando con personas. Los moverá a comprender que los indocumentados haitianos, por encima de todo, son personas. Comprenderán, también que, para repatriarlos, no hay necesidad de someterlos con métodos que se distancian de la civilización en que vivimos.
Asimismo, los miembros de ambas instituciones requieren formación y desarrollo del pensamiento crítico. Este pensamiento les permite aprender, en primer término, a emplear la razón y no el odio. De igual manera, les enseña a desarrollar la capacidad de análisis y a tomar conciencia del contexto en el que están actuando. El pensamiento formado en esta dirección les ofrece más posibilidades de tomar decisiones enfocadas y con mayor sentido de humanidad. Con esto no estamos pensando en que los indocumentados, sean del país que sean, deben establecerse aquí como si nada pasara. Lo que planteamos es que son personas y no animales los que se han de repatriar. Son múltiples los indicadores de maltrato, tanto de la Dirección de Migración como de la Policía Nacional.
Estas dos instituciones requieren atención. No están preparadas para aplicar las leyes sin vejar a las personas. Por tal motivo, los procesos de formación para ambas requieren establecer como prioridad la profundización en educación de derechos humanos. Esto les ayudará a dejar de concebir y asumir a las personas como una cosa, aún estén indocumentadas. Los ayudará a pasar de un corazón de piedra a un corazón más humano, sin dejar de cumplir con su responsabilidad. La educación del pensamiento crítico les facilitará adentrarse en un rol más comprometido con los valores de la justicia y del respeto a los ciudadanos, aunque haya que aplicarles las leyes.
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