Necesitamos un MEJOR CÓDIGO PENAL, por eso queremos el Código Rogelio y no el de Taveras

Escuchamos frecuentemente que “no podemos seguir con tanto atraso en materia penal, hay que legislar sobre muchos crímenes y delitos y seguimos con el Código de 1844 (como si no hubiese muchísimas leyes que lo modifican… Aunque sea cierto que hay situaciones que deben regularse mejor, no lo estoy negando).

Me había prometido no volver a escribir sobre este tema, porque es llover sobre mojado de todas las formas posibles… Y la verdad sea dicha, en las Vistas Públicas celebradas el 15 de julio del 2024[1] sobre este mismo Código aprobado recientemente en primera lectura por el Senado se señalaron tantas y tantas falencias (aunque como siempre también hubo posicionamientos desde la religión como si respondiesen a razones de derechos), que no sé si reír (por la desvergüenza) o llorar (por a la desfachatez) de que el Congreso vuelva sobre esta propuesta de Código y que desde ámbitos del poder gubernamental se insista en comunicar oficialmente que es urgente su aprobación porque es “la reforma que el país necesita”.

¿De verdad nos parece que el código que el país necesita es uno qué?

Viola los principios más básicos de la democracia y quita a las mujeres y personas gestantes la capacidad de ejercer la autonomía de la voluntad, la libertad de decisión, la capacidad de elección y el control sobre sus vidas.

Que asume como “reforma moderna y justa, adaptada a los tiempos que vivimos” garantizar impunidad para varios sectores y personas perpetradoras de crímenes y no reconoce los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y mujeres.

Que de forma deliberada e intencionada protege a los agresores de delitos sexuales contra menores de edad, haciendo que estas agresiones y violaciones tengan prescripción. Están absolutamente conscientes del drama que representa el abuso sexual infantil, una situación que puede quedar impune con mucha facilidad, porque cuesta mucho sacarla de lo más profundo de un ser humano; posiblemente lo logre en su adultez y casi siempre, luego de largos procesos terapéuticos.

El Código que necesitamos no tiene ambigüedades sobre lo que es espionaje. Tiene que ser claro y meridiano para que no propicie nada que pueda restringir la libertad de prensa, el acceso a la información y la investigación y la lucha por los derechos de las personas.

El Código que necesitamos precisa de forma meridiana la protección contra toda discriminación, incluyendo orientación sexual y de género. Y no la justifica sobre la base libertad de conciencia y de culto, derechos que en ninguna circunstancia pueden ser óbice para afectar la dignidad de otras personas.

El Código que necesitamos preserva la libertad de expresión como garantía de que no habrá obligación de silencio.

El Código que necesitamos no establece una jurisdicción militar para infracciones penales de policías y militares.

El Código que necesitamos es enfático en contra de la corrupción y reconoce la imprescriptibilidad de los delitos en contra del patrimonio público.

No es compatible con una visión de respeto a las personas una legislación que entrega exención de responsabilidad en diversos ámbitos: A las iglesias (con tantas historias, comprobadas por condenas judiciales, de cómo esas organizaciones han sido cómplices de abusos por ocultamiento y componenda con curas y pastores). A los partidos políticos, los ayuntamientos y el Estado. ¿Se nos olvida que la esencia de los derechos humanos es protegernos de los abusos de los agentes actuantes a nombre y representación del Estado?

¿Nos parece adecuado y acorde con “los nuevos tiempos” un Código Penal que ignora al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que República Dominicana forma parte, que recientemente en una decisión histórica condenó a Ecuador, Nicaragua y Guatemala con decisiones que deben ser aplicadas a nivel global, estableciendo que los países deben, entre otras obligaciones:

• Garantizar el acceso a servicios de salud integrales, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico, para que todas las personas puedan tener acceso a estos servicios.
• Emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral.
• Crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.
• Crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectivas.
• Modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente los que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada.

¿Hasta cuándo van a continuar jugando con nuestra dignidad y nuestros derechos?

La discriminación estructural no puede continuar. Un Estado que la propicia no nos representa y es mentira que defienda la democracia. Es hipócrita, corruptor y legitimador de opresiones.