Nadie quiere pagar impuestos, sí quieren buenos servicios públicos

Uno de los grandes dilemas del capitalismo contemporáneo es que nadie quiere pagar impuestos, pero toda la ciudadanía quiere buenos servicios públicos y subsidios.

Después de la Gran Depresión del 1929, el capitalismo adoptó la fórmula de redistribuir recursos para evitar o disminuir las crisis periódicas del sistema. Eso llevó al surgimiento del Estado de Bienestar en los países del capitalismo desarrollado.

Los gobiernos comenzaron a recaudar grandes sumas de dinero vía los impuestos para luego destinarlo a establecer y mejorar servicios públicos de distintos tipos: en infraestructura, educación, salud, transporte, pensiones, higiene, policía, justicia, etc.

De la necesidad de recaudar surgieron diversos impuestos: al ingreso, a las corporaciones, al consumo, a las importaciones y exportaciones, a los dividendos, etc. Los sectores impactados varían en función del tipo de impuestos; uno de los más amplios y regresivos es el impuesto al consumo de bienes y servicios.

En la década de 1980, mientras las responsabilidades públicas aumentaban, los más ricos iniciaron una campaña anti impuestos en las economías desarrolladas. Para no pagar más, se dedicaron a convencer a los de debajo de que los impuestos eran negativos para la prosperidad. Así comenzó la demonización de los impuestos.

Desde entonces, muchos gobiernos enfrentan este gravísimo dilema: si bajan los impuestos no tienen recursos suficientes para costear los servicios públicos y subsidios que la ciudadanía desea. Si los aumentan, provocan rechazo social.

Así que, constantemente, los gobiernos se encuentran atrapados en la interrogante de a qué sectores poner más impuestos y cómo invertir esos recursos. Los más ricos tienen mayor poder para presionar el Gobierno y no ser ellos que más paguen. Los menos ricos son muchos e inciden en las elecciones.

Cuando la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir los gastos públicos, se recurre a los préstamos, que cada día son mayores porque la gente se resiste a pagar más impuestos, mientras espera más y mejores servicios y subsidios.

A consecuencia del dilema planteado, la mayoría de los países capitalistas, independientemente de su nivel de desarrollo, registra actualmente una alta deuda pública. La República Dominicana no es excepción.

Desde hace más de 15 años se habla en este país de hacer una reforma fiscal integral (un eufemismo para poner impuestos), pero ningún gobierno se ha atrevido a impulsarla. La que se hizo recientemente con la Ley 30-26 no fue una reforma integral; es un conjunto de medidas impositivas que no generarán grandes recaudaciones ni tocaron los principales impuestos. Porque los ricos se resisten a pagar más (sea a través de impuestos o de eliminación de subsidios, o de la evasión) y la clase media y baja no resiste mayores impuestos al consumo.

La República Dominicana seguirá endeudándose hasta que un día, no sabemos cuándo exactamente, las calificadoras internacionales coloquen la deuda pública dominicana en un alto nivel de riesgo. Ahí se desplomará el peso y se deteriorarán los precarios servicios públicos y el empleo.

No es pesimismo, es realismo.

Se necesita un Estado más eficiente y eficaz, y una ciudadanía más comprometida con el bienestar de toda la sociedad.