En democracia, las grandes obras públicas siempre han sido objeto de debate y escrutinio. Durante la construcción del Metro de Santo Domingo, en gobiernos anteriores, la oposición de entonces cuestionó costos, prioridades y procedimientos, como es legítimo en un sistema plural. Hoy, quienes gobiernan ocupan ese lugar de responsabilidad y enfrentan el mismo desafío. La mejor manera de evitar cuestionamientos futuros es conducir estos procesos de manera transparente, legal y apegada a las normas, con información suficiente y evaluación técnica rigurosa desde el inicio.
No hacerlo, como ha ocurrido hasta ahora con el proyecto del Monorriel de Santo Domingo, conduce inevitablemente a polémicas evitables, como las expuestas en el reportaje publicado en la edición de octubre de 2025 de la revista Panorama [1]. Dicho trabajo, firmado por Kirsis Díaz (págs. 6 y 7), somete a escrutinio público el proceso de licitación del monorriel, señalando plazos inusualmente cortos, la presunta ventaja para ciertas empresas, así como los cuestionamientos formulados por la Comisión de Infraestructura del partido Fuerza del Pueblo, que exigió la suspensión del proceso por supuestas irregularidades, opacidad y condiciones que afectarían la competencia. En esa misma edición, el editorial institucional de Panorama titulado “Voltee su mirada hacia el monorriel, presidente” (pág. 2) hace un llamado directo al presidente de la República a revisar con detenimiento este proceso.
A estos cuestionamientos se suman reflexiones críticas en la prensa nacional sobre el monorriel de Santo Domingo, que advierten el riesgo de optar por soluciones de transporte divorciadas de la complejidad urbana y de la movilidad real de la ciudad. Se señala que estas decisiones pueden tener un impacto estético, ambiental y psicológico negativo, al degradar el espacio público y la calidad de vida, y terminar convirtiendo la ciudad en un entramado de estructuras rígidas, más parecidas a telarañas que a sistemas eficientes de movilidad, cuando no se sustentan en análisis técnicos completos ni emanan de procesos públicos legítimos. La proliferación de infraestructuras elevadas profundizaría así una urbe ya fragmentada y visualmente agresiva, donde la lógica de la obra termina imponiéndose sobre la experiencia cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos, a pesar de que las soluciones duraderas radican en un transporte público masivo bien diseñado, estético, amigable y sostenible, como demuestran ciudades consideradas hoy referentes. ¿Por qué no recapacitar y optar por decisiones mejor pensadas antes de consolidar un error urbano costoso y difícil de revertir? [2]
Al momento de escribir este artículo existe una licitación en curso vinculada al sistema de transporte urbano del Gran Santo Domingo, cuyo plazo de definición le restan como 110 días. Los riesgos de estructurar y anunciar una licitación de esta magnitud bajo premura, sin un debate técnico amplio y sin información completa disponible, han sido explicados con claridad desde el punto de vista institucional y legal por Carlos Bonnelly Ginebra [3], quien advierte que, más allá de los detalles jurídicos, se trata de una decisión estructural que exige rigor técnico, transparencia y tiempo suficiente de ponderación.
El real debate
En el marco de este debate ha circulado un análisis técnico preliminar promovido por el colectivo Arquitectos Sin Fronteras [4], junto con reportajes especializados en la prensa nacional como el de Omar Santana: Especialistas piden esperar nueva Ley de Contrataciones para licitar monorriel de Santo Domingo [5], que cuestionan el diseño técnico y urbano del monorriel elevado y plantean la necesidad de evaluar con mayor rigor la alternativa de un sistema de metro soterrado para el Gran Santo Domingo. Estos insumos advierten sobre limitaciones de capacidad, integración urbana y flexibilidad futura, así como sobre la conveniencia de fortalecer los estándares de transparencia y competencia en el proceso decisorio, incluso recomendando esperar la entrada en vigor de una nueva Ley de Compras y Contrataciones antes de licitar. Dado que la licitación se encuentra actualmente en curso, quienes promueven y respaldan ese proceso deberían considerar y ponderar estas críticas y análisis, en tanto constituyen un insumo técnico-operativo relevante para una evaluación responsable antes de adoptar una decisión de carácter estructural para la ciudad. Este documento constituye un insumo técnico operativo, no un alegato político, y su principal aporte es recordar que las alternativas deben evaluarse con criterios comparables y con una mirada de largo plazo.
El debate real no es qué se construye más rápido, sino qué opción ofrece mayor capacidad futura, mejor integración urbana, menores costos de operación y mantenimiento a lo largo del tiempo y menor riesgo de quedar atrapados en una solución difícil y costosa de corregir.
Cuando se decide sin análisis
El problema no es únicamente qué solución se elija, sino si la decisión se está tomando antes de contar con el análisis técnico necesario. En proyectos de esta magnitud, avanzar hacia una licitación sin que estén disponibles estudios técnicos comparables, completos y públicamente conocidos limita la capacidad de evaluar adecuadamente las alternativas y debilita la calidad del proceso decisorio. Hasta el momento, no existen indicios públicos verificables de que se hayan realizado y puesto a disposición análisis técnicos concluyentes que permitan ponderar, en igualdad de condiciones, las distintas opciones planteadas para el sistema de transporte del Gran Santo Domingo.
La experiencia internacional en proyectos de infraestructura de gran escala es clara: cuando la decisión precede al análisis, los incentivos tienden a favorecer estimaciones optimistas y soluciones difíciles de corregir una vez contratadas [6]. Organismos multilaterales y expertos en gobernanza de infraestructura han insistido en que respetar el orden correcto del proceso, analizar primero, decidir después y contratar al final, no es una formalidad burocrática, sino una condición esencial para asegurar transparencia, competencia efectiva y valor público de largo plazo [7][8]. Decidir antes de analizar no acelera el desarrollo: aumenta el riesgo de errores costosos y reduce la capacidad de corregirlos a tiempo.
Convertir una deuda histórica en oportunidad
Santo Domingo arrastra desde hace décadas un problema conocido por todos. Cada vez que llueve con intensidad, la ciudad se inunda. El resultado es un sistema de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario insuficiente [9]. Existen planes oficiales que reconocen esta realidad y describen la baja capacidad de las redes [10].
Si el país decide avanzar hacia un sistema de transporte soterrado, esta obra puede concebirse como una oportunidad para coordinar soluciones subterráneas que la ciudad lleva décadas postergando. Los diagnósticos oficiales sobre saneamiento reconocen que el manejo actual no es sostenible y que la fragmentación de las intervenciones ha encarecido costos y prolongado impactos ambientales y urbanos. No se trata de convertir túneles de transporte en drenajes improvisados, sino de planificar desde el inicio corredores y obras complementarias que permitan integrar, de manera ordenada, soluciones de drenaje y saneamiento, evitando abrir la ciudad repetidamente y multiplicar costos sociales y económicos.
El subsuelo no debe ser un pretexto
La complejidad del subsuelo de Santo Domingo ha sido mencionada como un posible argumento para descartar el soterramiento; en caso de que ese haya sido uno de los criterios considerados, dicha complejidad no constituye por sí sola una inviabilidad técnica, sino una condición que exige estudios geotécnicos rigurosos, análisis de riesgos y métodos constructivos apropiados [11]. La información geológica disponible describe condiciones que deben ser correctamente caracterizadas y gestionadas, pero no justifica descartar de antemano soluciones soterradas. La práctica internacional es clara: la geología debe estudiarse para decidir mejor, no utilizarse como pretexto para cerrar el debate antes de evaluar técnicamente las alternativas.
Una planificación trascendental
La historia urbana confirma este enfoque. Bajo Napoleón III, el barón Georges Eugène Haussmann transformó París con infraestructuras concebidas para una ciudad que aún no existía. El sistema de alcantarillado pluvial y sanitario construido en el siglo XIX, pensado con holgura y visión de futuro, sigue funcionando más de 150 años después. No fue exceso, fue previsión.
Santo Domingo tiene hoy la oportunidad de decidir si construye solo para salir del paso o si asume el reto de planificar con una mirada que trascienda períodos de gobierno. Ante este cúmulo de advertencias técnicas, institucionales y urbanas, la pregunta final es inevitable: ¿por qué seguir insistiendo con un proceso de licitación que, a todas luces, resulta controversial y sin legitimidad suficiente?
Referencias
[2] García Michel, Eduardo. “Sobre monorrieles y telarañas”. Diario Libre, 23 de septiembre de 2025.
[3] Bonnelly Ginebra, Carlos. “120 días para definir el modelo de transporte público urbano”.
[6] Flyvbjerg, Bent. “Survival of the Unfittest”.
[7] OECD. “Getting Infrastructure Right. A framework for better governance”.
[8] World Bank. “Infrastructure Governance Framework”.
[9] Pincel Digital. “El sistema de drenaje en Santo Domingo: una deuda política de años”.
[10] CAASD. “Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo”.
[11] Penson, Enrique. “El subsuelo de Santo Domingo”.
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