Mitos y realidades del fraude electoral en la República Dominicana

En la cultura política dominicana, el fraude electoral ha sido durante décadas una acusación recurrente, una sospecha permanente y, en ocasiones, una realidad histórica. Comprender esa mezcla de mito, memoria política y hechos verificables resulta esencial para entender la evolución de nuestra democracia y el desarrollo de sus instituciones electorales.

En toda democracia, la integridad del proceso electoral constituye un pilar fundamental de la legitimidad política. Sin embargo, la historia electoral dominicana ha estado acompañada por denuncias, controversias y percepciones de manipulación que obligan a distinguir entre hechos verificables, interpretaciones políticas y narrativas surgidas en contextos de confrontación.

El debate sobre el fraude electoral suele oscilar entre dos extremos: la negación absoluta de irregularidades y la creencia de que todos los procesos han sido manipulados. Entre ambas posiciones existe una realidad más compleja que requiere un análisis histórico, institucional y jurídico.

Durante varias décadas del siglo XX, el sistema electoral dominicano operó bajo condiciones institucionales hoy difíciles de concebir. Uno de sus elementos centrales fue el registro electoral establecido por la Ley No. 55 de 1970, en medio de una crisis política marcada por la abstención del principal partido de oposición.

En ese esquema, la cédula de identidad servía como documento base para obtener el registro electoral, verdadero instrumento para ejercer el derecho al voto. En la práctica, lo determinante no era la procedencia del documento de identidad, sino la inclusión del ciudadano en dicho registro. Este diseño institucional abrió espacios para irregularidades vinculadas a expedición indiscriminada de documentos, duplicidades de identidad o inclusiones indebidas, fenómenos que con el tiempo afectaron la cadena de identidad y los sistemas de filiación.

En ese contexto surgieron prácticas señaladas recurrentemente en la cultura política dominicana, como la compra o retención de cédulas, la presión territorial en determinados colegios electorales o la desubicación de votantes hacia centros de difícil acceso. Estas acciones no siempre buscaban alterar directamente el conteo de los votos, sino influir en las condiciones de participación electoral.

Diversos procesos electorales reflejan las tensiones propias de una democracia en construcción. Las elecciones de 1970 se celebraron sin competencia efectiva tras la abstención del principal partido de oposición, que alegó falta de garantías electorales. Una situación similar ocurrió en 1974, cuando la coalición opositora conocida como el Acuerdo de Santiago decidió retirarse de la contienda cuestionando las condiciones del proceso.

Las elecciones de 1978 constituyeron un momento decisivo en la evolución institucional del país. Durante el conteo de los votos se produjo una crisis política significativa y la Junta Central Electoral adoptó decisiones sobre la asignación de varias senadurías, episodio conocido como el “fallo histórico”. A pesar de las tensiones, el proceso culminó con la transferencia del poder a la oposición, marcando un hito en la consolidación democrática.

Las controversias electorales continuaron en procesos posteriores. Las elecciones de 1990 generaron cuestionamientos frente a los resultados que dieron la victoria al presidente Joaquín Balaguer frente al profesor Juan Bosch. No obstante, fue el proceso de 1994 el que produjo la crisis institucional más profunda de la etapa democrática reciente. Las denuncias formuladas por el doctor José Francisco Peña Gómez sobre irregularidades en el padrón electoral derivaron en una crisis política que culminó con el Pacto por la Democracia y una serie de reformas constitucionales.

Décadas después, el sistema electoral volvió a enfrentar un episodio crítico con la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, tras fallos técnicos en el sistema de voto automatizado implementado en varios municipios. La situación generó un amplio debate público y condujo posteriormente a la celebración de elecciones extraordinarias con boletas físicas.

Estos episodios evidencian que la historia electoral dominicana ha estado marcada por controversias, pero también por procesos de aprendizaje institucional. Reformas constitucionales, modernización del padrón electoral, profesionalización de la administración electoral y mecanismos jurisdiccionales de control han contribuido gradualmente al fortalecimiento del sistema electoral.

Quienes hemos participado directamente en la fiscalización de procesos electorales, sabemos que muchas de estas controversias no surgen únicamente de percepciones políticas, sino también de debilidades institucionales históricas. La experiencia de haber actuado durante varios años como delegado político permite apreciar con mayor claridad la complejidad de estas dinámicas.

Las elecciones más recientes constituyen otro punto de observación en la evolución democrática dominicana. El 19 de mayo de 2024 más de ocho millones de ciudadanos fueron convocados a elegir presidente de la República, además de 190 diputados y 32 senadores, con resultados aproximados de 57.2 %, 29.3 % y 10.2 % para las principales fuerzas políticas.

Previamente, el 18 de febrero de 2024 se celebraron las elecciones municipales para escoger 158 alcaldes, 1,164 regidores, 235 directores distritales y 735 vocales. Aunque el proceso se desarrolló con normalidad institucional, no faltaron denuncias sobre presiones políticas, uso de recursos y prácticas clientelares asociadas históricamente a las contiendas electorales.

Las últimas elecciones reflejan una democracia con niveles importantes de madurez institucional, aunque todavía enfrenta desafíos relevantes como la abstención electoral, las tensiones partidarias en el escrutinio y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.

En este contexto resulta relevante el papel regulador de la Junta Central Electoral en la actualización de los marcos normativos que rigen la actividad política. Un avance importante lo constituye el reglamento sobre afiliaciones y manejo de los padrones de los partidos políticos, orientado a garantizar mayor transparencia en su organización interna. No obstante, aún quedan aspectos pendientes de regulación, como la precampaña y la fiscalización efectiva de los fondos utilizados en los procesos internos de los partidos.

Comprender los mitos y las realidades del fraude electoral dominicano implica reconocer esa complejidad histórica. Solo a partir de un análisis objetivo y documentado es posible fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral y en las instituciones democráticas.

Solo una democracia capaz de examinar críticamente su propia historia electoral puede aspirar a consolidar instituciones verdaderamente confiables. Las democracias no se debilitan por reconocer sus errores, sino por negarse a aprender de ellos.