Mayor precisión, senador

La República Dominicana tiene el derecho y el deber de aplicar una política migratoria ordenada, controlar sus fronteras y determinar, conforme a las leyes, quién puede ingresar y permanecer en su territorio. Pero esa potestad soberana no justifica convertir las escuelas en puestos de control migratorio ni a hacer recaer sobre estudiantes de origen haitiano las consecuencias de decisiones tomadas por adultos de ambos países.

Hace unos días, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, vinculó en un video el crecimiento de la matrícula haitiana con la escasez de cupos para estudiantes dominicanos en las escuelas públicas. Utilizó datos oficiales, reconoció el derecho constitucional a la educación y reclamó una mejor planificación estatal, por lo que sus planteamientos no deben caricaturizarse, sino examinarse con rigor. Sentada esta premisa, señalamos tres imprecisiones de sus afirmaciones.

La primera fue utilizar datos de todo el sistema educativo, incluidas las modalidades privada y semioficial, para una denuncia referida específicamente a las escuelas públicas, donde se presentan problemas de cupo y son financiadas íntegramente por el Estado. Si se consideran únicamente los 164,070 estudiantes de origen haitiano del sector público, la relación es de uno por cada 16 dominicanos, no de uno por cada 13, como afirmó al inflar la proporción con alumnos de colegios privados financiados por una fuente no pública.

La segunda, quizás la más delicada, fue presentar el aumento de la matrícula haitiana y la caída de la dominicana como si una causara la otra. Ambas tendencias son simultáneas, pero las cifras por sí solas no prueban que los haitianos estén desplazando a los dominicanos, y establecer esa causalidad requeriría investigar los centros específicos con problemas de cupo.

La tercera fue asociar la nacionalidad haitiana con irregularidad migratoria. Aunque el senador reconoció que solo "una parte importante" de la migración es irregular, presentó los 205,369 alumnos haitianos como evidencia del impacto de la "migración desordenada", proyectando esa condición sobre el conjunto. Sin embargo, los anuarios del Ministerio registran la nacionalidad declarada, no el estatus migratorio ni el lugar de nacimiento, por lo que no permiten considerar irregulares a todos esos estudiantes.

Posteriormente, el Ministerio de Educación advirtió estas imprecisiones metodológicas. El viceministro Ayacx Mercedes Contreras atribuyó la reducción de la matrícula dominicana a cambios demográficos y desplazamientos hacia polos turísticos e industriales, como el Gran Santo Domingo e Higüey. Negó que se retiren cupos a estudiantes nacionales para asignarlos a extranjeros y explicó que la mayor demanda en algunas localidades también responde al cierre de colegios privados, la ampliación de la educación inicial desde los tres años y la movilidad interna por razones económicas.

La falta de cupos en determinadas zonas parece obedecer principalmente a un déficit crónico de infraestructura escolar, no a la migración extranjera. La ADP estimó en 2020 un déficit de 10,000 aulas y sostiene que desde entonces solo se han construido unas 2,500.

La Constitución frente a la exclusión escolar

Aunque el senador afirmó que la Constitución reconoce el derecho a la educación y que ello no está en discusión, conviene recordar sus fundamentos jurídicos en un debate cada vez más polarizado. El artículo 63 reconoce a toda persona el derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones, mientras que el artículo 56 obliga a hacer primar el interés superior del niño.

Este derecho no está condicionado por la nacionalidad ni por la situación migratoria del estudiante o de sus padres. Su universalidad se deriva de que la Constitución reconoce como titular a toda persona, prohíbe la discriminación por nacionalidad y protege prioritariamente a la infancia. En igual sentido, los artículos 1 y 4 de la Ley General de Educación 66-97 garantizan la educación a todos los habitantes del país, sin discriminación de ninguna naturaleza.

Excluir de la escuela a un menor por su origen o situación migratoria vulneraría este marco jurídico. Ello no impide al Estado administrar la migración, sino que le prohíbe condicionar el acceso escolar a esas circunstancias. Los niños no eligen dónde nacer ni de qué lado de la frontera encontrarse, por lo que hay que ser cuidadosos con estadísticas imprecisas que puedan alimentar narrativas de “invasión pacífica” o “reemplazo poblacional”, erosionando la solidaridad de la sociedad dominicana.

Educar hoy para proteger el mañana

Más allá de las declaraciones del senador, conviene reiterar que los niños tienen derechos propios y no deben usarse para sancionar a sus padres ni disuadir la migración. Excluirlos de la escuela no ordena los flujos migratorios ni fortalece la frontera; solo fomenta el analfabetismo, el trabajo infantil, la marginación y la delincuencia, elevando los futuros costos sociales y de seguridad.

La educación, en cambio, fortalece nuestra identidad, al acercar al niño extranjero a nuestra lengua, historia, valores culturales y normas de convivencia. Si permanece en el país, estará mejor preparados para contribuir a la sociedad; si se va a Haití, llevará consigo conocimientos para su desarrollo. En ambos casos gana la isla en su conjunto.

Este razonamiento adquiere mayor fuerza ante el colapso educativo haitiano. La violencia, los desplazamientos y la destrucción de escuelas han privado de enseñanza regular a cientos de miles de niños. Cada niño haitiano que permanece en un aula dominicana se aleja del ciclo de violencia y exclusión cuyos efectos pueden alcanzar a toda la isla.

La ética y los principios de Juan Bosch

Negar la escolarización a los niños de origen haitiano supone apartarse de la herencia moral e intelectual de Juan Bosch, cuyo pensamiento y obra política y literaria se sustentaron en la justicia social, la dignidad humana, la defensa de los marginados y el rechazo a la discriminación y la xenofobia.

Desde esa perspectiva, la educación básica no es un privilegio que se conceda o niegue según la nacionalidad de los padres, sino una obligación moral orientada a la emancipación y la equidad. Un sistema educativo democrático debe ser inclusivo y favorecer el desarrollo integral de todos los niños.

El boschismo no se demuestra con menciones ocasionales ni evocaciones ceremoniales, sino defendiendo a quienes tienen menos poder y evitando que el miedo o la conveniencia política sustituyan los principios. Es legítimo cuestionar al Gobierno por la falta de aulas y por la ausencia de una política migratoria coherente, pero no responsabilizar de esas deficiencias a niños sin voz ni poder.

El podio silencioso de la solidaridad

Aunque Omar Fernández no propuso expresamente excluir a esos estudiantes de las aulas, un dirigente político responde no solo por la literalidad de sus palabras, sino también por las inferencias previsibles de su discurso. En un asunto tan sensible, precisión y claridad son inseparables.

Los líderes políticos deberían concentrarse en implementar los acuerdos del CES, que concilian soberanía nacional con respeto de los derechos humanos; un equilibrio frágil que puede erosionarse si el tema se convierte en munición política de cara a un año prelectoral.

Existe el riesgo de que actores de distintos partidos y de tendencias alternativas intenten capitalizar un asunto que debe tratarse como tema de Estado. Despolitizarlo no es excluirlo del debate público, sino apartarlo del cálculo de corto plazo, para que la discusión se mantenga en el terreno de los hechos, los datos verificables y el interés colectivo.

Nos enorgullecen los triunfos legítimos de Marileidy Paulino, las Reinas del Caribe, nuestras estrellas de las Grandes Ligas y la proyección internacional de Juan Luis Guerra, Félix Sánchez, Al Horford, Michel Camilo, Zoe Saldaña y tantos otros.

Sin restar mérito a esas proezas, existe un orgullo aún más profundo: saber que nuestro país ofrece educación a decenas de miles de niños extranjeros que se encuentran entre los más necesitados y vulnerables del mundo. La presencia de estudiantes haitianos en las escuelas públicas no debería percibirse como una cifra alarmante, sino como una extraordinaria muestra de solidaridad.

La grandeza de una nación no se mide solo por sus medallas, títulos o celebridades, sino también por la cantidad de niños que acoge y protege. Ese podría ser nuestro mayor orgullo y nuestra más auténtica satisfacción nacional.