Más empleo, menos seguridad social

La República Dominicana cerró 2025 celebrando cifras históricas de empleo. Más personas trabajando, menor desempleo abierto y mayor participación laboral. Sobre el papel, el mercado de trabajo parece un éxito; sin embargo, cuando se observa con más cuidado, emerge una paradoja inquietante, pues nunca habíamos tenido tantos ocupados y, al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan cerca de poner en tensión estructural nuestro sistema de seguridad social.

Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Dominicana, el país cuenta hoy con alrededor de 5.1 millones de personas ocupadas. Ese dato, por sí solo, dice poco; lo decisivo es que aproximadamente el 54 por ciento de esos trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad, es decir, sin una relación laboral que garantice acceso estable y sostenido a la seguridad social. En términos simples, unos 2.7 millones de dominicanos trabajan sin cotizar regularmente para su salud, su pensión o su protección frente a accidentes laborales.

Los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social confirman esta realidad. A junio de 2025, apenas 2.38 millones de trabajadores cotizaban efectivamente al sistema. El salario promedio cotizable rondaba los 37,500 pesos mensuales y la masa salarial formal se situaba cerca de los 89,500 millones de pesos al mes. De estos números se desprende que menos de la mitad de los ocupados sostiene financieramente todo el sistema de protección social.

Este detalle suele perderse en el debate público, pero es determinante porque el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo se financia con un flujo anual que ronda entre 100,000 y 110,000 millones de pesos provenientes de cotizaciones. Ese monto permite que el sistema funcione, pero deja muy poco margen para absorber el aumento de los costos médicos, la incorporación de nuevas tecnologías, el envejecimiento poblacional o simplemente una gestión ineficiente. Basta que los gastos crezcan dos o tres puntos porcentuales por encima de los ingresos para que aparezcan retrasos de pago, restricciones administrativas y un mayor gasto de bolsillo para las familias.

La informalidad no solo debilita las finanzas; también deteriora la salud. Cuando una persona entra y sale del sistema, cuando pierde continuidad en la atención, cuando posterga consultas o abandona tratamientos, el resultado no es neutro. La evidencia internacional muestra que la interrupción en el manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes incrementa complicaciones, hospitalizaciones y muertes prematuras. Estudios del Global Burden of Disease del Institute for Health Metrics and Evaluation indican que la atención tardía o intermitente puede costar entre medio y un año y medio de vida saludable por persona afectada a lo largo de una década.

Si solo una fracción modesta de los afiliados con trayectorias laborales inestables, por ejemplo, un cinco por ciento del total, sufre este tipo de discontinuidad, el país estaría acumulando cientos de miles de años de vida saludable perdidos. Son años que se pierden en forma de infartos evitables, accidentes cerebrovasculares prevenibles, amputaciones por diabetes mal controlada y crisis que terminan en salas de emergencia en lugar de resolverse a tiempo en la atención primaria.

La mortalidad confirma esta lectura, pues las enfermedades cardiovasculares explican cerca del 30 por ciento de las muertes en el país, alrededor de 22,000 al año, y la evidencia clínica muestra que la mala adherencia terapéutica incrementa de manera significativa el riesgo de fallecer, de modo que aun atribuyendo solo una fracción conservadora de esas muertes a fallas en la continuidad de la atención, el impacto se expresa en miles de fallecimientos prematuros y en decenas de miles de años de vida perdidos cada año, una carga que no aparece en los balances financieros del sistema pero que define con claridad su verdadero desempeño social.

En pensiones, el problema es todavía más silencioso y más peligroso, ya que con una informalidad superior al 50 por ciento la mayoría de los trabajadores cotiza de manera intermitente y, en promedio, muchos no superan seis o siete meses de cotización por año, lo que tiene una consecuencia matemática ineludible, pues un trabajador que acumula 25 años efectivos de aportes en lugar de 35 termina con una pensión entre 30 y 40 por ciento menor, no por una opinión ni por una postura ideológica, sino por el efecto del interés compuesto, dando como resultado pensiones insuficientes que empujan a miles de adultos mayores a depender de ayudas públicas o familiares y trasladan el problema al presupuesto del Estado y a los hogares.

El Seguro de Riesgos Laborales completa este cuadro de fragilidad. Ya que la informalidad se concentra en sectores de alta peligrosidad como la construcción y el transporte, donde la evidencia documentada por la Organización Internacional del Trabajo muestra que los accidentes laborales pueden duplicar o incluso triplicar los observados en el empleo formal asegurado, de modo que cuando estos eventos ocurren fuera del sistema no desaparecen, sino que se transforman en discapacidad, pérdida de ingresos y gastos médicos que terminan siendo asumidos por el Seguro Familiar de Salud o directamente por las familias afectadas.

La discusión que el país debe asumir no es si el sistema de seguridad social resiste un año más, sino si está produciendo los resultados para los que fue creado. Con niveles de empleo históricamente altos y una informalidad que aún supera la mitad de la fuerza laboral, la sostenibilidad futura no dependerá de más crecimiento extensivo, sino de decisiones deliberadas que mejoren la calidad contributiva del trabajo, aumenten la densidad de cotización, reduzcan la subdeclaración salarial y orienten el gasto sanitario hacia intervenciones costo-efectivas con continuidad asistencial.

Cada mes adicional de cotización promedio fortalece las pensiones sin aumentar tasas, cada punto de masa salarial formal reduce presión fiscal futura y cada diagnóstico temprano evita hospitalizaciones, discapacidad y muertes evitables. Si el período 2026–2028 se utiliza para alinear empleo, financiamiento y resultados en salud, el sistema puede estabilizarse y ganar legitimidad. Si se desperdicia celebrando cifras agregadas sin corregir incentivos, el costo aparecerá más tarde en forma de enfermedad, pensiones insuficientes y mayor carga para el presupuesto público.

Esa es la decisión de política pública que está hoy sobre la mesa, a las puertas de iniciar un nuevo año.

Referencias

• Banco Central de la República Dominicana. (2025). Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). Resultados julio–septiembre 2025. Santo Domingo: BCRD.
• Tesorería de la Seguridad Social. (2025). Boletines estadísticos y registros administrativos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Santo Domingo: TSS.
• Organización Internacional del Trabajo. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). Ginebra ILO.
• Organización Internacional del Trabajo. (2022). Safety and health at the heart of the future of work. Geneva: ILO.
• Institute for Health Metrics and Evaluation. (2023). Global Burden of Disease Results Tool. Seattle: IHME, University of Washington.
• Institute for Health Metrics and Evaluation. (2024). Global Burden of Disease Study 2021. Cause-specific mortality and morbidity. Seattle: IHME.
• World Health Organization. (2023). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: WHO.
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 indicators. París: OECD Publishing.
• Barr, N., & Diamond, P. (2008). Reforming pensions: Principles and policy choices. Oxford: Oxford University Press.
• Atun, R., de Andrade, L. O. M., Almeida, G., Cotlear, D., Dmytraczenko, T., Frenz, P., et al. (2015). Health-system reform and universal health coverage in Latin America. The Lancet, 385(9974), 1230–1247.