La República Dominicana cuenta desde el año 2022 con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, una de las herramientas más importantes para planificar el desarrollo sostenible de nuestros municipios y reducir las vulnerabilidades frente a desastres naturales y amenazas derivadas de la acción humana. La ley establece que los municipios deben formular Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), instrumentos llamados a orientar el crecimiento urbano, proteger los recursos naturales y fortalecer la resiliencia de las comunidades.
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que plantea la normativa. En provincias como Peravia, donde se encuentran los municipios de Baní, Nizao y Matanzas, todavía no disponen de PMOT plenamente implementados. Esta situación genera una pregunta fundamental: ¿debemos esperar que existan estos planes para comenzar a preparar a nuestras comunidades frente a los riesgos que enfrentan? La respuesta es no.
La ausencia de un PMOT no puede convertirse en una excusa para la inacción. Por el contrario, representa una oportunidad para fortalecer el papel de las Juntas de Vecinos como actores fundamentales de la planificación territorial y la gestión comunitaria de riesgos.
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios creó el Presupuesto Participativo Municipal con el propósito de promover la participación ciudadana en la identificación y priorización de las inversiones locales. Entre sus objetivos figura fortalecer la autogestión comunitaria y articular las iniciativas locales con las estrategias de desarrollo municipal.
No obstante, en la práctica, gran parte de las propuestas que emergen de las asambleas comunitarias continúan concentrándose en obras de infraestructura menor: aceras, contenes, centros comunales, funerarias, mejoramiento de viviendas, carpas para velatorios o actividades festivas. Son demandas legítimas y necesarias, ya lo hemos señalado, pero insuficientes para enfrentar los desafíos d
Mientras las comunidades discuten dónde construir una acera o un centro comunal, pocas veces se preguntan si el barrio está ubicado en una zona inundable, si existen rutas de evacuación, si las cañadas están obstruidas o si la población sabe cómo actuar ante un huracán, un incendio o una emergencia sanitaria.
La gestión de riesgos sigue siendo una de las grandes ausentes en la agenda comunitaria.
La Ley 368-22 establece que el ordenamiento territorial debe construirse mediante procesos participativos e incorporar criterios de sostenibilidad, protección ambiental y gestión integral de riesgos. Asimismo, reconoce la importancia de la participación ciudadana y de la sociedad civil en la formulación de los planes territoriales.
Precisamente ahí radica una de las mayores oportunidades para las Juntas de Vecinos.
Cada organización comunitaria podría iniciar desde ahora la elaboración de diagnósticos barriales de riesgo, identificando zonas vulnerables a inundaciones, viviendas expuestas, infraestructuras críticas, áreas de deslizamiento y poblaciones especialmente vulnerables. Del mismo modo, podrían promover mapas comunitarios de riesgo construidos con la participación de los residentes, aprovechando el conocimiento que la propia comunidad posee sobre su territorio.
Las Juntas de Vecinos también podrían coordinar programas permanentes de capacitación junto a la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja Dominicana y otras instituciones vinculadas a la prevención y respuesta ante emergencias.
Más aún, el Presupuesto Participativo Municipal debería evolucionar para incorporar proyectos orientados a la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático. La limpieza de cañadas, la reforestación de microcuencas, la señalización de rutas de evacuación y la formación de brigadas comunitarias deberían formar parte de las prioridades de inversión de los gobiernos locales.
La experiencia internacional demuestra que las comunidades mejor preparadas no son necesariamente las que poseen más recursos, sino aquellas que cuentan con organizaciones fuertes, liderazgo comunitario y capacidad para anticipar riesgos.
Peravia tiene la oportunidad de convertirse en una provincia pionera en este proceso. Mientras avanzan los futuros PMOT, los ayuntamientos, las organizaciones comunitarias y las instituciones públicas pueden impulsar una gran estrategia provincial de educación territorial y gestión de riesgos.
El reto consiste en transformar la cultura de la demanda por una cultura de la planificación.
Necesitamos Juntas de Vecinos que no solo gestionen obras, sino que también gestionen conocimiento; que no solo soliciten inversiones, sino que contribuyan a proteger vidas; que no solo representen necesidades inmediatas, sino que ayuden a construir comunidades resilientes y sostenibles.
Porque una acera puede mejorar la movilidad de un barrio, pero un plan comunitario de gestión de riesgos puede salvar vidas y en tiempos de cambio climático, crecimiento urbano desordenado y aumento de las vulnerabilidades territoriales, esa diferencia resulta fundamental para el futuro de nuestras comunidades.
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