La defensa del medioambiente, del patrimonio natural y de los derechos colectivos requiere conocimiento científico, compromiso ciudadano y libertad para cuestionar decisiones que comprometan el bienestar social. Quienes dedican su vida a esas tareas merecen respeto y protección, más allá de las discrepancias que susciten sus posiciones. Esa libertad es indispensable para que el interés colectivo no quede subordinado al silencio o la conformidad.
Luis Carvajal, conocido afectuosamente como Cuchito, lleva décadas colocando la problemática ambiental dominicana en el debate público, mediante la investigación, la docencia y la participación social. Su presencia sostenida en espacios académicos y ciudadanos ha vinculado los problemas ambientales con la defensa de la vida.
Ha denunciado haber recibido mensajes amenazantes e injuriosos por WhatsApp, con exigencias que interpreta como chantaje y amenazas de divulgar materiales y acusaciones para afectar su reputación. Las intimidaciones contra defensores ambientales no son desconocidas en América Latina: organizaciones internacionales han documentado agresiones y campañas de descrédito contra quienes defienden territorios y recursos naturales. Ese contexto exige tomar en serio su denuncia, sin prejuzgar su origen ni sus motivaciones. La existencia de este contexto regional, sin embargo, no prueba que las amenazas denunciadas respondan a conflictos ambientales concretos.
La denuncia adquiere mayor gravedad con su revelación de que recibió dos imágenes que mostraban una pistola asociada visualmente a una fotografía donde aparecen su esposa, sus hijas y él. Esa combinación puede interpretarse como una intimidación extensiva a su familia. Su significado, procedencia e intencionalidad deben investigarse; entretanto, su preocupación por la seguridad familiar resulta comprensible. La sola posibilidad de esa lectura obliga a las autoridades a valorar la situación con diligencia y prudencia.
Desde esta columna expresamos nuestra solidaridad inequívoca con Luis Carvajal y su familia. Condenamos las amenazas y cualquier intento de chantaje o intimidación, y exigimos al Ministerio Público una investigación exhaustiva, rigurosa y transparente que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades correspondientes.
Esta solidaridad no depende solo de valorar su labor profesional. Se fundamenta en un principio universal: nadie debe sufrir amenazas o coacciones por participar en la vida pública o ejercer su libertad de expresión. Esta garantía debe alcanzar por igual a personas conocidas y anónimas, cualquiera que sea su manera de pensar.
Carvajal ha dedicado su vida al conocimiento científico y al compromiso público. Biólogo con estudios de posgrado en Ciencias Biológicas, ha trabajado en investigación, educación y evaluación ambiental.
Su participación en la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su condición de miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana vinculan ciencia y asuntos de interés colectivo. Se trata de una actividad que une formación científica y responsabilidad frente a las consecuencias sociales de las decisiones públicas.
Sus aportes comprenden divulgación científica, defensa de áreas protegidas, ordenamiento territorial y análisis de los efectos ecológicos de intervenciones económicas. No es únicamente una voz que denuncia daños ambientales: también promueve una comprensión informada de sus causas y repercusiones.
En 2009 publicó Medio ambiente y derechos humanos, que vincula protección de la naturaleza y derechos de las personas. Sus intervenciones sobre cuencas hidrográficas, minería y conservación de ecosistemas expresan un compromiso sostenido, más allá de coyunturas gubernamentales.
Carvajal ha insistido en que las decisiones sobre el territorio y los recursos naturales no pueden reducirse a cálculos de rentabilidad económica, ignorando sus consecuencias ecológicas y sociales. La prosperidad económica no puede considerarse suficiente cuando se destruyen condiciones naturales indispensables para sostener la vida.
Su trabajo recuerda que los ecosistemas sostienen la existencia humana y otras formas de vida, y que su deterioro no se compensa automáticamente con mayor producción o ingresos. Esa articulación entre ciencia, naturaleza y sociedad distingue su contribución pública.
La denuncia de Carvajal se sustenta en mensajes y materiales digitales que afirma haber recibido por WhatsApp. Esa evidencia proporciona una base concreta para la investigación, aunque todavía corresponde verificar su autenticidad, identificar a los responsables y esclarecer sus motivaciones. Carvajal ha sido prudente: admite la posibilidad de delincuencia oportunista, sin descartar que puedan existir otras personas, intereses o propósitos involucrados.
La investigación debe mantener abiertas todas las hipótesis razonables, sin acusaciones anticipadas. Debe determinar quién envió los mensajes, quién controlaba la cuenta, cuál era su propósito y si hubo colaboradores o instigadores. También debe examinar las imágenes denunciadas y los riesgos para Carvajal y su familia. Ninguna hipótesis razonable debería descartarse antes de examinar las pruebas disponibles.
No basta identificar un número telefónico o un nombre de perfil. Los organismos especializados deben preservar las evidencias, reconstruir las comunicaciones y establecer responsabilidades sobre bases verificables.
La investigación penal y la protección preventiva son obligaciones distintas y complementarias. Las autoridades deben evaluar los riesgos y considerar medidas de protección sin esperar a identificar a los autores. Esas medidas no requieren esperar a que la investigación penal llegue a conclusiones definitivas.
El respaldo de la Academia de Ciencias, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con las libertades es significativo. Sin embargo, la solidaridad no sustituye el deber estatal de investigar, prevenir agresiones y proteger.
No sería aceptable que el caso se diluyera en declaraciones de preocupación mientras persistieran preguntas sin respuesta.
Defender a Carvajal es también defender el derecho de todos a participar en la vida pública sin represalias, independientemente de su prestigio, posición política o notoriedad. Las amenazas contra una voz pública pueden desalentar a otros de investigar y denunciar, empobreciendo el debate sobre bienes comunes.
Una sociedad que protege su patrimonio natural necesita personas capaces de investigar, cuestionar y disentir, e instituciones que garanticen esa libertad. El disenso informado representa una contribución al cuidado de los bienes que pertenecen a toda la sociedad.
Reiteramos nuestra solidaridad con Luis Carvajal y su familia. Exigimos resultados verificables, medidas de protección y las consecuencias jurídicas correspondientes, con pleno respeto al debido proceso.
Defender a quien ha dedicado décadas a proteger la naturaleza es defender también el derecho colectivo a conocer y participar en decisiones que comprometen nuestras condiciones de vida. Ese es el sentido último de nuestra solidaridad: respaldamos a una persona que denuncia amenazas y un derecho que nos pertenece a todos.
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