Lourdia Jean Pierre o el derecho a la vida

Lourdia Jean Pierre es el nombre de la señora haitiana que, con dolores de parto, por miedo a ser apresada en un hospital público se sintió obligada a alumbrar en el piso de su casa donde sin asistencia médica murió desangrada. Prefirió el riesgo de parir en su casa que el de ir a un hospital público y ser apresada y montada en un autobús para ser deportada recién parida junto a su criatura. El mismo dilema lo viven otras mujeres embarazadas o con enfermedades, al igual que haitianos o de su origen sin documentación que, enfermos, tratan de evadir la crueldad de esa especie de emboscada avisada que la Dirección General de Migración les tiene tendida en los centros hospitalarios como parte del plan para “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados”.

Y es que la crueldad de esa celada constituye uno de los más afrentosos atentados al derecho de nacer, a toda mujer para alumbrar con dignidad, seguridad y cerca de su familia. Lourdia dejó huérfana a su criatura recién alumbrada y a dos más que residen en Haití. El padre de la criatura, Jean Ronald, con carné de regulación vencido, como miles en igual condición, fue esposado por la policía de Migración, diciéndole que sería deportado junto al recién nacido. Él se defendió alegando que, aunque vencido, tenía un carné de trabajador agrícola, el policía insistió en su propósito y en ese momento intervino un activista comunitario defensor de los derechos humanos y ante sus alegatos el policía llamó a un superior y este ordenó su puesta en libertad. Aplaudo el gesto.

Esto plantea cuestiones no sólo legales y de negación de derecho, sino dilemas morales y éticos desgarradores. ¿Qué pasaría por la cabeza de una persona que, ante el cadáver desangrado de su compañera de vida, es amenazado con ser deportado junto al niño que ella recién alumbró? ¿Qué pasaría por la cabeza de los policías que, ante tan trágico momento, tenían que ejecutar el confuso e inhumano plan de “reducción de “indocumentados” sin regulaciones?  A veces son mujeres policías, quizás ellas también madres, que conducen a los autobuses a mujeres prácticamente en labor de parto. ¿Qué pasaría por la cabeza de estas policías? Son éstos los momentos de tragedia donde no sólo se produce muerte y dolor, sino odio y rencores que envenenan el alma de individuos y colectividades, además de las relaciones entre países.

El odio, la violencia y el racismo son construcciones sociales, nadie nace con ninguna de esas cualidades. Se enseñan.  Muchos policías y militares están embrutecidos por las arengas de odio y violencia que reciben y lo asumen como primer recurso para ejercer su autoridad, otros tienen dilemas morales y son sensibles a las protestas de los vecinos de las embarazadas y recién paridas que junto a sus hijos son apresadas para ser deportadas. En los lugares donde se producen episodios de violencia, odio y muertes de migrantes, la gente protesta porque saben que la generalidad de estos son trabajadores que mantienen sus familias y que envían a su país parte de sus magros ingresos para ayudar a familiares que tienen allá. Como hacen los migrantes dominicanos.

En otro orden, debe reconocerse que la población de origen haitiano podría estar llegando a umbrales muy significativos, pero constituye un inaceptable despropósito enfrentar esta problemática violando las leyes 169-14, 285-04, el decreto 327-13 que “instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria". Además, el artículo 9, numeral 5 de la Ley 286-04 que planea: “Proponer estrategias que racionalicen el empleo de mano de obra inmigrante en función de los requerimientos sectoriales del mercado de trabajo y las demandas de recursos humanos calificados que requiere el proceso de desarrollo". Abolir o modificar leyes o decretos, son prerrogativas exclusivas del Congreso Nacional y del TC en los elementos que este considere contrarios a la Constitución.

Es lo que hace este gobierno al plantear que su “política (migratoria) no incluye ningún plan de regularización”, desconociendo así las demandas que en ese sentido hacen las asociaciones de Industria de Republica Dominicana, de la Construcción, de Arroceros, Cacaoteros y algunos industriales fronterizos. Ninguna economía funciona bien sin mano de obra, local o extranjera. No es prudente enfrentar los sectores productivos demandantes de mano para operar, ni desafiar organismos internacionales y legaciones extranjeras a los cuales se les conmina, con razón, a un mayor involucramiento en la solución de la crisis haitiana. Tampoco desafiar una organización del prestigio de Amnistía Internacional, ni a sectores nacionales de matriz religiosa y a activistas e intelectuales de larga tradición democrática.

Desdeñar a estos últimos sectores, que fueron claves para que se instalara la mayoría que hoy es gobierno, para apoyarse en grupúsculos familiares y paramilitares neonazi/fascistas y terroristas constituye un sinsentido. Vivimos momentos de grandes conflictos de negación de derechos individuales, colectivos, familiares, territoriales, migratorios, de certezas y de fe que, recordando a Umberto Eco en una amistosa carta al cardenal Carlos María Martini, decía que para afrontarlos “deben prevalecer la Caridad y la Prudencia”. Lourdia Jean Pierre murió por la inexistencia de estas virtudes.