Los dos años que restan

Contrario a lo que el título podría sugerir en el imaginario de este sobrepolitizado país, no me refiero solo a lo que resta de la presente administración de la cosa pública. Con el quiero introducir el tema de la permanencia del profundo déficit de institucionalidad que en la esfera de la política lastra al Estado dominicano, el cual sería injusto atribuírselo solo al presente gobierno. Esencialmente, e título quiere llamar la atención a lo que falta para las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales y también interpela a la oposición, a un sistema de partidos que ha sido el principal factor que determina y acentúa las sostenidas deficiencias que tienen el poder local como el poder legislativo dominicanos. Esas deficiencias restan eficiencia y eficacia al Estado.

Estudios sobre los niveles de satisfacción ciudadanas de los servicios municipales arrojan datos que demuestran que solo alrededor de un 20% de los entes locales superaran los 70 puntos. Que, contrario a sus pares de otros países de la región, no asumen una serie de competencias en materia de mejoría de las condiciones de vida de la población en los temas de educación, salud, vivienda, transporte, urbanismo, desarrollo local, etc. Es sabido que, debido a la inveterada tendencia a la pendenciera de la clase política dominicana, en los espacios locales los partidos de oposición, más que eso, lo que hacen es obstrucción, imposibilitando la gobernanza local, es imprescindible escenario para llegar a acuerdos trascendentes para lograr eficacia en la gestión de lo público.

Pero no es sólo la oposición la que obstruye, obstruye también la facción del partido de gobierno, local o nacional, cuando es minoritaria. En ese contexto, resulta altamente ineficaz “el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno”, como sugiere el PNUD. En ese sentido, tiene lógica decir que la ineficacia de los gobiernos locales limita los alcances de determinadas políticas públicas del gobierno central. En nuestro caso, podría explicar el contraste entre algunos indicadores de desarrollo económico que nos sitúan entre los países de ingreso medio alto, pero con indicadores de países en extremo pobres.

Por ejemplo, el destaco Demógrafo/estadístico Julio Césr Mejía publica el dato, según una institución de la ONU, que sitúa la mortalidad neonatal dominicana en “21.2 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024. En ese mismo año, la estimación fue de 7.3 por mil en Costa Rica, 7.0 en Ecuador, 6.3 en Colombia, 4.7 en Chile y 4.3 en El Salvador". Mi hipótesis es que esa, y otras aparentes y/o reales incongruencias registradas en investigaciones y encuestas, se debería a la capacidad que tienen los entes locales de esos países, algunos con una economía menor que la nuestra, de ejecutar políticas públicas que mejoran las condiciones de vida de la población. También porque los nuestros cumplen precariamente su condición de organismos subsidiarios del Estado que, se supone, potencian las políticas del gobierno central… y las propias.

Hay demasiadas inconsistencias políticas, institucionales y económicas que lastran el país. Por ejemplo, cómo entender que tengamos una Ley de Ordenamiento Territorial para hacer más eficiente el Estado y al mismo tiempo en el Congreso se esté debatiendo la aprobación de un proyecto de creación de dos nuevas provincias que fragmentaría aún más el territorio, encarecería más la política, sin que con ello se aporte el más mínimo nivel de eficiencia al Estado. La propuesta la hacen dos congresistas, el uno del mayor partido de oposición y la otra del partido de gobierno, sin que ninguno de esos partidos se haya pronunciado oficialmente tal despropósito. Tampoco lo ha hecho el tercero más grande. En ningún país medianamente institucionalizado se ve semejante desaguisado.

Y es que, la generalidad de legisladores y autoridades municipales una vez elegidas asumen una independencia relativa de sus partidos que les permite actual conforme a sus urgencias/apetencias individuales, contrarias al interés nacional, local e institucional. Eso expresa los bajos niveles de institucionalidad de los partidos en el discurrir de las cuestiones claves del Estado.  Esa realidad limita significativamente la eficacia de las reformas políticas que en varias vertientes se han diseñado o querido hacer avanzar e impide que se aprueben numerosos proyectos de Ley que yacen en las gavetas del Congreso.  Esas taras constituyen el caldo de cultivo que alimenta figuras y grupúsculos disolutos, cuya forma y contenido de manifestar sus pretensiones políticas constituyen una ofensa al decoro, a la conciencia nacional.

Al gobierno y al calendario electoral le restan dos años para elegir no sólo del presidente de la república, sino a las autoridades locales y del Congreso.  Esta última institución inspira muy poca confianza en la población, la municipal tiene una imagen no tan mala como la otra, pero muy alejada de lo deseable. En ambas instituciones la gobernanza es el cuerpo ausente, de ahí los grandes límites de la “eficacia, calidad y buena orientación en la intervención del Estado”. Así, difícilmente dejaremos de ocupar los afrentosos últimos lugares que en temas claves de construcción de ciudadanía tenemos. Con esa conciencia es que el gobierno, su partido y los otros partidos deben pensar los dos años que restan.