Los convenios de datos que alimentan los algoritmos

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 787-26 el pasado 2 de noviembre de 2026. La pieza trae como anexo el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. El texto obliga a las instituciones centralizadas y descentralizadas que diseñen, contraten o usen inteligencia artificial y su cobertura llega hasta el asistente de redacción de un servidor público.

En abril de 2025 escribimos que «por la moda de la Inteligencia Artificial, las autoridades empezaron al revés». El 787-26 repite el mismo patrón.

Como contexto regional, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026 de la Cepal y el Cenia presenta a Chile como líder de la región con 71,4 puntos sobre 100. La República Dominicana quedó en el puesto 10 de 20 países, con 45,1. En octubre de 2025, cuando el país bajó del séptimo al noveno lugar, describimos el resultado como «progreso absoluto acompañado de retroceso relativo». En gobernanza sacamos 73,2 y en investigación, desarrollo y adopción apenas 27,1. Dicha muestra exacerba la realidad de que escribimos reglas con más facilidad de lo que podemos ejecutar.

En su estructura, el Decreto 787-26 prohíbe 7 usos, entre ellos el puntaje social y el perfilamiento criminal por barrio o condición económica, siendo la DIGEIG la institución que debe aprobar las evaluaciones de los sistemas de alto impacto.

Multas propias, ninguna. Si cruzamos el océano Atlántico, encontraremos que Europa multa a los transgresores hasta con el 7% de la facturación global. Nos parece un buen código pero con poca fuerza para hacerse cumplir.

Lo que venimos diciendo sobre los datos

Lo más inquietante del decreto es que deja sin consecuencia lo que se ha hecho. Sabemos que el artículo 110 de la Constitución ordena que la ley solo disponga y se aplique para lo porvenir.

Bajo esa conciencia, en agosto de 2024 habíamos advertido que «el error es buscar la fiebre en la sábana». La fiebre ahora es la inteligencia artificial. En ese momento pedíamos robustecer «el marco de respeto de la ciudadanía digital, empezando desde el mismo gobierno».

En el año 2013, la JCE abrió su maestro de cedulados a entidades públicas, bancos y empresas, con autorización escrita del titular; dos años después pactó con Migración la captura de huellas y fotos de todo el que entra o sale del país.

En el año 2024, 33 instituciones establecieron un marco de conexión a través de la plataforma X-Road en un pacto de seguridad. "Interoperabilidad", clamaron algunos. La estructura articulaba a la DGII, la TSS, Salud Pública y las tres distribuidoras eléctricas, que habilitaron alertas automáticas cuando una persona buscada solicita un servicio. Hasta el momento de escribir esta pieza ningún portal público reúne esos convenios.

Desde el mes de julio de 2026 el intercambio de datos en el gobierno es una obligación general, según el Decreto 403-26 que ratificó la maquinaria de procesamiento de datos ciudadanos.

Desde diciembre de 2013, la Ley 172-13 trata como ilícita la cesión de datos personales sin consentimiento del titular. Los convenios se articularon bajo esa ley por lo que revisarlos sería aplicar el derecho que ya estaba vigente y sin retroactividad alguna. Recordemos que la ley exime solo a los organismos de investigación e inteligencia por lo que dudamos que una distribuidora eléctrica quepa en dicha excepción.

Los sistemas de alto impacto que ya operan deben pasar una evaluación en el plazo que fije la DIGEIG. El proceso debería levantar cuáles datos entran y por cuál convenio llegaron. Todas las instituciones tienen 180 días para adecuarse, plazo que cerraría hacia el 2 de mayo de 2027. Un perfilamiento prohibido que siga activo después será una falta nueva.

Lo que pedimos a la DIGEIG

Reclamamos «evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de implementar sistemas digitales públicos» como lo planteamos en abril de 2025; también la transparencia sobre quién maneja los datos gubernamentales. Por eso pedimos a la DIGEIG un registro público de los convenios de datos vigentes, con las partes, la fecha, los datos que circulan, la finalidad, la base legal y los sistemas automatizados que los consumen. La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública ampara la solicitud desde 2004.

El Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial tiene a su cargo la evaluación del Código cada año. Esperamos que su primer informe pueda ilustrarnos sobre cuántas instituciones publicaron su registro. Esperamos que diga cuántos flujos activos habilitados en X-Road tienen convenio publicado con base legal identificada. El peligro no está en la inteligencia artificial, sino en la ética de los burócratas en el uso de los datos ciudadanos.