Lo legal, lo justo y lo razonable en el ajuste por inflación del ISR

Cuando se establece un impuesto sobre la renta, los gobiernos procuran que el mismo sea progresivo, en el sentido de que los pobres paguen poco o nada y, cuanto más alto sea el ingreso, mayor sea la tasa a pagar.

Por tal motivo, en muchos sistemas tributarios se deja un mínimo exento, que es lo que se ha hecho siempre en la República Dominicana. En la reforma llevada a cabo en 2012, se estableció que sería un monto de RD$33,327 mensuales, ajustable anualmente por inflación. Algunos países no dejan nada exento, bajo el entendido de que todo el que recibe ingreso debe pagar algo, aunque siempre estableciendo una tasa muy modesta para los ingresos bajos.

Desde que se aprobó la ley, múltiples expertos en la materia de organismos internacionales informaron al gobierno que había incurrido en un error, que ese monto exento era demasiado elevado tomando en cuenta el ingreso per cápita dominicano, y que de esa forma muy poca gente pagaría ISR.

Vista la situación, resultaba políticamente difícil al gobierno darle marcha atrás. Entonces se recurrió a una de esas argucias en las cuales la República Dominicana tiene amplia experiencia, que consistió en incumplir la ley sin cambiarla. Dado que la misma ley manda que a partir del 2016 este monto y toda la escala fueran ajustados por inflación, la argucia consistió en que, en la ley de presupuesto de 2017, se incluyera un artículo posponiendo el ajuste para el año siguiente.

Desde el punto de vista distributivo, resultaría más eficaz que el fisco cobre los 25 mil millones, y que tome la décima parte de ello para reembolsarle a todos aquellos que, teniendo ingresos por debajo de los 50,000, están pagando el ISR por no hacerse el ajuste

Transcurrido el año, se repitió la práctica en el siguiente y, después, vienen y van gobiernos, ministros y directores y nadie se anima a cambiarlo. Con el último ajuste, el mínimo exento quedó establecido en RD$34,685 mensuales y, a partir de ese momento, la inflación acumulada ronda el 43%.

En estos días hay una notable discusión en torno a este tema, en la cual participan políticos, economistas, contadores, abogados, periodistas y público en general. No tengo la menor duda de que el espíritu que les anima es el de la justicia, al entender que la no aplicación de dicho ajuste por inflación castiga injustamente a los más pobres.

Ahora bien, no hacer el ajuste está mal desde el punto de vista jurídico, pues las leyes se hicieron para cumplirlas, pero no es verdad que sea injusto en términos distributivos. Un somero análisis permite inferir que, de aplicarse, al subir el mínimo exento, eso arrastra toda la escala hacia arriba, beneficiando más a los ricos. Es más, posiblemente los pobres perderían más que lo que ganan.

Por lo pronto, estrictamente ningún pobre ganaría nada, puesto que ningún pobre está cubierto por el impuesto sobre la renta. No quiero decir que mucha gente de ingresos modestos sí paga algo, sino que no son puramente pobres. Según cálculos divulgados por Jochi Vicente, anterior ministro de Hacienda, con la escala actual el 80 por ciento de los asalariados está fuera del alcance del impuesto. Es decir que, con una exención tan alta, el ISR deja de ser un impuesto general.

Por ejemplo, como está ahora, los que ganan menos de RD$34,685 mensuales pagan cero; los ingresos entre ese monto y RD$52,027 pagan un 15% de esa diferencia; entre RD$52 mil y RD$72 mil pagan un 20% adicional, mientras que los ubicados por encima de 72,000 pesos pagarían el 25% sobre el exceso de 72 mil.

De aplicarse el ajuste por inflación sin la argucia mencionada, tal como mandaba la ley, habría que multiplicar todos los valores de los tramos por 1.43, de modo que la escala con cero impuestos alcanzaría a todos los perceptores de ingresos hasta RD$49,600, dejando fuera del alcance hasta el 90% de la población, vale decir, al 90% de los asalariados formales, porque los demás difícilmente declaren. A su vez, la escala del 15% aplicaría a partir de RD$49,600; la del 20% a partir de RD$74,900 y la superior, de 25%, a partir de los RD$103 mil pesos mensuales.

Para que se tenga una idea del impacto social, alguien que perciba 34,000 pesos mensuales no ganaría nada, dado que ahora paga cero y seguiría pagando cero; quien perciba 45,000 pesos se economizaría RD$1,547 al mes, dado que pasaría a pagar cero; quien gane cien mil se economizaría 4,757 pesos y el que gane medio millón resultaría ganando 4,918 pesos.

No hay dudas de que es un alivio para la clase media, pero el problema viene al observar los datos en términos macroeconómicos. Según el Ministerio de Economía y Hacienda, aplicar tal ajuste implicaría para el fisco dejar de percibir RD$25,000 millones al año, pero de esos, la parte del león se la estarían ahorrando los grupos de arriba, aun siendo una ínfima proporción de la población.

Los sectores de bajos ingresos apenas se estarían beneficiando con una porción modesta de dicho monto. ¿Y qué haría el Gobierno al ver su presupuesto con RD$25,000 millones menos? Pues una de tres cosas: a) endeudarse más, b) compensarlo cobrando otros impuestos, que seguramente serían indirectos, o c) recortar gastos públicos, en cuyo caso, los perjudicados suelen ser los más pobres.

Desde el punto de vista distributivo, resultaría más eficaz que el fisco cobre los 25 mil millones, y que tome la décima parte de ello para reembolsarle a todos aquellos que, teniendo ingresos por debajo de los 50,000, están pagando el ISR por no hacerse el ajuste. No estoy proponiendo formalmente que se haga eso, por temor a que se convierta en nueva ventanilla de clientelismo político, pero es más racional.