Lecciones que se deben aprender de la crisis de vivienda en España

Aunque las crisis de vivienda llevan una década o más gestándose en gran parte del mundo de altos ingresos, por lo general han tendido a ocupar un lugar relativamente bajo en la agenda política.

Eso puede estar a punto de cambiar, según informes que sugieren que el primer ministro español, Pedro Sánchez, está considerando convocar elecciones anticipadas en un intento por resolver el creciente descontento público y político por el aumento descontrolado de los alquileres y los precios, después de que su proyecto de ley de vivienda insignia fuera rechazado por el Parlamento el viernes.

Recientemente se produjeron protestas masivas a raíz del caso de Maricarmen Abascal, de 87 años. Recibió una notificación de desalojo después de que su apartamento, cuyo alquiler estaba previamente regulado, fuera comprado por un propietario corporativo que buscaba aumentar la renta a un nivel muy superior a sus ingresos mensuales por pensión.

Gran parte de la indignación se ha centrado en el papel de los llamados «fondos buitre» en el mercado de alquileres; el partido de Sánchez ha propuesto prohibir a los grandes inversores comprar viviendas hasta 2028. Pero si tanto los responsables políticos como los inquilinos quieren ver mejoras duraderas y evitar consecuencias negativas no deseadas, vale la pena dar un paso atrás y analizar lo que, en realidad, es un problema mucho más profundo, tanto en España como en otros países.

Consideremos los numerosos casos recientes en el Reino Unido e Irlanda en los que los manifestantes también se han movilizado en oposición a los desalojos, a menudo no por propietarios corporativos codiciosos, sino por ayuntamientos que buscan trasladar viviendas con alquileres regulados a nuevos inquilinos de bajos ingresos. Esto ocurre después de que el antiguo inquilino fallezca o se marche, pero sus familiares se nieguen a abandonar la vivienda.

Los detalles de estos casos son muy diferentes, pero todos apuntan al mismo problema: una grave escasez de viviendas. Un propietario —ya sea una empresa o un particular— solo aumenta los alquileres cuando tiene la certeza de que encontrará a alguien dispuesto a pagar el precio más alto. Las guerras de ofertas provocadas por la escasez ofrecen un terreno fértil para ello. España ha construido menos viviendas per cápita que prácticamente cualquier otro país de altos ingresos durante los últimos 10 años. Más del 50 % de sus jóvenes adultos viven ahora con sus padres, frente al 33 % en 2005, y los alquileres han aumentado con mayor rapidez que en casi cualquier otro lugar.

La razón por la que los hijos de los inquilinos de viviendas sociales británicos e irlandeses están desesperados por conservar las viviendas después de que vencen los contratos de alquiler —y por la que las listas de espera para esas viviendas de coste controlado son tan largas— es la grave escasez de propiedades en estos países. Tanto el Reino Unido como Irlanda carecen aproximadamente de una de cada siete viviendas necesarias para alojar adecuadamente a sus poblaciones actuales.

Los problemas de España se encuentran tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. El estancamiento de la construcción de viviendas ha coincidido con un auge demográfico impulsado en gran medida por un esfuerzo consciente de Sánchez para aumentar la inmigración. A esto se suma que el aumento de la llegada de turistas y nómadas digitales significa que el alquiler que equilibra el mercado suele estar determinado no por los ingresos locales, sino por los de visitantes adinerados. Atraer trabajadores y visitantes extranjeros de alto gasto es una política económica sólida, pero requiere un enfoque coordinado por el lado de la oferta en forma de una construcción de viviendas mucho mayor, parte de la cual podría financiarse mediante un aumento de los impuestos turísticos.

Las propuestas del Gobierno hasta ahora equivalen a un conjunto de parches que abordan algunos de los síntomas, pero no la causa subyacente. Una mayor protección para los inquilinos actuales y las prohibiciones a la inversión no aliviarán la presión sobre los alquileres y los precios provocada por la escasez. Tampoco alojarán a los millones de jóvenes adultos cuyas vidas y carreras están en suspenso mientras se ven obligados a compartir techo con sus padres.

En este sentido, España podría querer mirar hacia Irlanda, donde los responsables políticos suavizaron el año pasado los controles de alquiler ante la preocupación de que estuvieran contribuyendo a las bajas tasas de nueva construcción en el sector del alquiler, agravando las causas subyacentes de la enfermedad cuyos síntomas pretendían tratar.

Resolver las crisis de vivienda es mucho más fácil de decir que de hacer. Si el aumento de los costes y el agravamiento de la escasez fueran sencillos de revertir de manera sostenible, no estarían afectando a tantos lugares diferentes con una amplia variedad de entornos políticos y económicos.

Pero para tener alguna posibilidad de éxito duradero, los responsables políticos deben asegurarse de ir más allá de regulaciones superficiales y a menudo contraproducentes o de protecciones selectivas para quienes ya tienen la suerte de estar alquilando, y abordar en cambio las reformas más difíciles que podrían ejercer una presión a la baja sobre los alquileres y los precios para todos y de manera permanente.

John Burn-Murdoch. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.