Las urnas contra los amos del poder

En una democracia como la estadounidense, las elecciones de medio término no son un trámite entre dos presidenciales. Son la oportunidad periódica para revisar el ejercicio del poder, corregir excesos y recordar a quien gobierna que la autoridad recibida en las urnas no es un cheque en blanco. Su valor reside en esa capacidad de interrumpir la inercia, modificar la correlación de fuerzas y restablecer los contrapesos.

Los comicios del pasado 3 de noviembre confirman esa función.

Lo que se anunciaba como una contienda difícil para los demócratas terminó en un tsunami electoral. Con más del 90% escrutado, los candidatos demócratas a la Cámara aventajan a los republicanos entre 11.5 y 13 puntos en el voto popular agregado, el mayor margen para un partido en unas legislativas desde la barrida demócrata de 1974, inmediatamente después de Watergate.

El vuelco incluye avances en territorios tradicionalmente republicanos —Texas y Kansas, entre ellos— y un desplazamiento significativo de jóvenes, hispanos y votantes blancos hacia candidaturas demócratas.

No se trata solo de una derrota partidaria. El resultado expresa el desgaste de la figura de Donald Trump y de la coalición que había logrado reunir, que durante su segundo mandato fue perdiendo apoyos entre quienes contribuyeron decisivamente a su victoria.

Los aranceles y el encarecimiento de la vida golpearon a trabajadores que esperaban una mejora económica; la guerra con Irán alejó a jóvenes cansados de intervenciones prolongadas. Los escándalos de corrupción que involucran al ocupante de la Casa Blanca, sus familiares y allegados, así como el manejo de los archivos de Epstein, decepcionaron a votantes atraídos por su discurso contra las élites atrincheradas en el “deep state”. A ello se sumó, de manera destacada, el desencanto de parte del electorado hispano ante los excesos de la política migratoria y la precarización de su búsqueda del American dream.

La dimensión política del resultado va más allá de la suma de descontentos.

El Consejo Editorial de The New York Times, en un editorial previo titulado “Trump Has Failed. Hold Him to Account”, planteó que los ciudadanos debían votar teniendo presente tanto la conducta de la administración como la responsabilidad de un Congreso republicano que había renunciado, en buena medida, a ejercer sus atribuciones constitucionales. El problema no era solo lo que hacía el presidente, sino la docilidad de quienes estaban llamados a contenerlo.

Ese es el punto institucional decisivo.

La Constitución estadounidense no concibe al Congreso como dependencia del Ejecutivo, ni a los legisladores como acompañantes de la voluntad presidencial. Le reserva poderes fundamentales: aprobar el presupuesto, legislar, supervisar la administración, investigar abusos y participar en decisiones tan importantes como la guerra, los aranceles y la confirmación de altos funcionarios y jueces. Cuando una mayoría parlamentaria abdica de esas responsabilidades por lealtad personal, temor o conveniencia, el equilibrio constitucional se deteriora. El poder deja de estar distribuido y comienza a concentrarse.

Por eso, el valor de estas elecciones no se agota en el cambio de una mayoría por otra. La oposición puede recuperar la capacidad de fiscalizar, convocar comparecencias, investigar actuaciones del gobierno y bloquear iniciativas. Puede fortalecer a gobernadores, legislaturas estatales y autoridades locales que, dentro de sus competencias, resistan decisiones arbitrarias del Ejecutivo. Pero nada de eso elimina automáticamente los abusos ni garantiza que el presidente respete los límites legales. Entre un veto y otro, y entre un fallo judicial y el siguiente, puede seguir ejerciendo el poder de manera arbitraria y entorpeciendo la aplicación de las decisiones que lo limitan.

Conviene, por tanto, evitar una conclusión triunfalista.

Una victoria opositora no significa que el autoritarismo haya sido derrotado. Tampoco demuestra que las instituciones hayan recuperado plenamente su fortaleza. Como enseña la historia, una cosa es antes y otra después; en criollo: una cosa es con guitarra y otra con violín. La democracia puede comenzar a corregirse sin haber superado las causas de su deterioro. El resultado abre una posibilidad, no certifica una restauración.

Además, la derrota de Trump no equivale a un mandato inequívoco a favor de una agenda demócrata. Fue, sobre todo, una reprimenda al presidente, no un respaldo uniforme a políticas específicas. Los demócratas discrepan entre sí sobre el “impeachment”, los combustibles fósiles, Israel, la atención sanitaria y los impuestos a los más ricos. Trump, por su parte, conserva el control del Ejecutivo y, como él mismo advirtió, el poder de veto. La victoria abre un espacio de acción, pero no borra las divisiones ni resuelve por sí sola el conflicto institucional.

El problema tampoco se reduce a la personalidad de un gobernante.

El narcisismo de un líder que se considera destinado a trascender cualquier límite, salvo el de su propia voluntad, encuentra terreno fértil cuando se combina con una concentración económica que debilita la autonomía de la sociedad. La ambición autocrática no se sostiene solo en carisma, propaganda, soborno o intimidación. Se sostiene también en redes de intereses que esperan beneficiarse de la cercanía al poder.

De ahí la pertinencia de la reflexión de Yanis Varoufakis sobre el tecnofeudalismo. Con esa expresión, el economista griego interpreta la transformación del capitalismo contemporáneo a partir de la concentración de plataformas digitales, datos, infraestructuras y capacidades de control en manos de un reducido número de actores privados. No se trata de empresas muy grandes o fortunas extraordinarias. Se trata de poderes capaces de organizar espacios enteros de la vida económica y social, establecer condiciones de acceso, administrar información y ejercer una influencia que desborda la competencia ordinaria del mercado.

Elon Musk, Peter Thiel y otros magnates tecnológicos encarnan, con matices distintos, esa nueva concentración. Sus fortunas les permiten intervenir en la conversación pública, influir en procesos electorales y acercarse a los centros de decisión con una fuerza que excede cualquier mandato ciudadano. Pero ni la propiedad de una plataforma, ni el dominio de una infraestructura digital, ni la capacidad de financiar campañas confieren soberanía. Esta, en una democracia, reside en el pueblo. Los poderes económicos y tecnológicos, por vastos que sean, deben estar sujetos a la ley y al control de las instituciones representativas. El peligro comienza cuando quienes no han sido elegidos adquieren la capacidad de condicionar a quienes sí lo fueron.

La imagen del señor feudal es sugerente: quien controla la plataforma indispensable puede imponer condiciones a quienes dependen de ella, los nuevos siervos de la gleba. En esa configuración, la riqueza deja de ser solo acumulación de capital y se convierte en capacidad de intermediación, vigilancia y subordinación. Si ese poder privado se articula con un Ejecutivo que desprecia los contrapesos, la democracia queda expuesta a una alianza particularmente peligrosa: la del poder político personalista con una oligarquía económica y tecnológica. Cambian los apellidos; no cambia necesariamente la vocación de concentrar el poder y limitar las opciones de los demás.

Al reflexionar sobre las élites, Aníbal de Castro nos recuerda la tesis de Vilfredo Pareto acerca de su circulación. Las élites se suceden, pero el poder tiende a permanecer concentrado en minorías. El problema no consiste en que existan élites. Como los pobres del Evangelio, siempre estarán con nosotros en sociedades complejas. El problema comienza cuando se enclaustran y se convierten en castas, en lugar de clases abiertas. La movilidad social y la renovación de los grupos dirigentes son condiciones de una sociedad abierta. Su contrario es la clausura de oportunidades y la conversión de privilegios en derechos de hecho.

Esa reflexión amplía el alcance de lo ocurrido en Estados Unidos.

Una democracia no se define solo por la periodicidad de sus elecciones ni por la posibilidad formal de alternancia. Depende también de que existan condiciones reales para disputar el poder, de que las instituciones sean autónomas y de que ninguna minoría —política, financiera, tecnológica o religiosa— pueda apropiarse de los mecanismos de decisión colectiva. La circulación de élites es saludable cuando abre puertas; deja de serlo cuando quienes llegan a la cima se dedican a cerrarlas.

Por eso tampoco conviene idealizar el tan mentado sueño americano. La movilidad y las oportunidades no son patrimonio exclusivo de Estados Unidos. La experiencia de profesionales dominicanos formados en su país y luego incorporados a otros mercados, así como la de inmigrantes de múltiples procedencias, recuerda que el éxito personal depende tanto del esfuerzo como de las oportunidades que ofrecen las sociedades de origen y de destino. Y la experiencia de quienes emigran en precariedad, sometidos al miedo a la deportación, la explotación laboral y la separación familiar, obliga a desconfiar de las fórmulas que convierten toda migración en historia de prosperidad. Una democracia también se mide por la dignidad que ofrece a quienes permanecen fuera de sus círculos privilegiados.

El resultado contiene, por consiguiente, una lección que trasciende sus fronteras.

Un gobernante puede intentar convertir su mandato en expresión de voluntad personal; procurar que su partido se confunda con el Estado y que las instituciones se subordinen a su liderazgo. Pero los ciudadanos conservan, mientras el sistema electoral mantenga su integridad, una herramienta para recordarle que el poder no le pertenece.

La cuestión ahora es si la victoria demócrata podrá traducirse en fiscalización efectiva, recuperación de la responsabilidad legislativa y respeto a la legalidad y a la tradición política estadounidense. Si los nuevos representantes se limitan a celebrar el resultado, la oportunidad se habrá desperdiciado. Si ejercen sus atribuciones sin reproducir los vicios que denuncian, podrán contribuir a restaurar el equilibrio constitucional quebrantado.

En definitiva, las elecciones de medio término han mostrado que una democracia todavía puede reaccionar cuando comienza a deslizarse hacia la autocracia. Pero esa reacción no debe confundirse con una cura definitiva.

Las urnas pueden cambiar mayorías; no transforman por sí solas las estructuras de poder ni garantizan la renovación de las élites. Para eso hacen falta instituciones capaces de hacer valer sus competencias, ciudadanos dispuestos a defenderlas y una cultura política que no confunda la lealtad a un gobernante con la fidelidad a la nación.

La democracia no consiste en encontrar un líder al que confiarle todo, sino en impedir que alguien pueda apropiarse de todo. Ni el presidente, ni los magnates tecnológicos, ni los dueños de las plataformas están por encima de la soberanía popular. El dinero compra influencia, pero no legitimidad; la tecnología amplía el poder, pero no lo hace soberano.

Cuando los elegidos se someten a los no elegidos, la democracia se vacía por dentro: conserva las urnas, pero entrega las decisiones. La lección de estas elecciones no es que un partido haya vencido a otro, sino que ningún gobernante ni oligarquía puede reclamar para sí la última palabra.

Ningún mandato, por contundente que haya sido, autoriza a un gobernante a convertirse en amo y señor del poder, en adversario de sus aliados y cómplice de sus enemigos. Y ninguna derrota, por contundente que resulte, libera a los ciudadanos de la responsabilidad de vigilarlo.