Las Fuerzas Armadas Dominicanas (8 de 9)

Introducción

Como antesala a este trabajo sobre el origen y la evolución de las Fuerzas Armadas, es necesario hacer una precisión de contexto histórico ya adelantada en la entrega anterior. En sus líneas finales se señaló, de manera sintética, el proceso acelerado de transformación de la estructura policial-militar instaurada en 1924, cuando la fuerza constabularia creada durante la ocupación militar estadounidense comenzó a redefinirse institucionalmente. Aquella Guardia Nacional Dominicana —concebida inicialmente como un cuerpo de orden interno— transitó primero a Policía Nacional en 1924 y, apenas cuatro años después, en 1928, dio paso a la conformación del Ejército Nacional, sentando las bases formales del aparato militar del Estado dominicano moderno (Moya Pons, Historia de la República Dominicana; Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana). Este proceso no fue meramente nominal, sino doctrinario y estructural, al marcar el inicio de una fuerza armada permanente, centralizada y subordinada al poder político, con impacto directo en la seguridad, la soberanía y la construcción institucional de la nación.

Profesionalización tutelada y herencia doctrinal (1929–1930)

Hacia finales de la década de 1920, y como se ha señalado al inicio de este artículo, las Fuerzas Armadas Dominicanas habían consolidado formalmente su transición desde la Guardia Nacional -convertida en Policía Nacional durante la ocupación estadounidense- hacia el Ejército Nacional. Este proceso, culminado con la designación de Rafael Leónidas Trujillo Molina como Jefe de Estado Mayor en 1928, significó el cierre del ciclo de reorganización institucional iniciado bajo supervisión extranjera (Moya Pons, 2010).

Desde una perspectiva institucional, este momento representó un avance significativo: por primera vez el Estado dominicano contaba con una fuerza armada centralizada, disciplinada y con mando único. Sin embargo, autores críticos señalan que esta profesionalización fue esencialmente funcional y no democrática, pues heredó una doctrina orientada al control del orden interno más que a la defensa de la soberanía externa (Cassá, 2013; Vega, 2007). En este sentido, el ejército emergente estaba estructuralmente orientado a convertirse en instrumento de poder político.

Militarización del Estado y consolidación autoritaria (1930–1945)

El ascenso de Trujillo al poder en 1930 marcó una transformación total del papel de las Fuerzas Armadas. Desde una lectura clásica, el régimen se sostuvo gracias a la construcción de un aparato militar fuerte, disciplinado y modernizado, capaz de imponer estabilidad en un país históricamente marcado por la fragmentación política (Franco Pichardo, 2009). Sin embargo, enfoques más críticos subrayan que dicha estabilidad se logró mediante una militarización extrema del Estado y la supresión sistemática de libertades políticas (Cassá, 2004).

Durante este período, las Fuerzas Armadas experimentaron una expansión sin precedentes. Se consolidaron tres ramas principales —Ejército, Aviación Militar y Marina de Guerra— y se fortaleció la infraestructura castrense en todo el territorio nacional. Desde una perspectiva geopolítica, esta modernización fue facilitada por el alineamiento del régimen con Estados Unidos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Trujillo se presentó como aliado confiable en el Caribe (Rosenberg, 2007).

No obstante, la profesionalización técnica coexistió con una profunda politización institucional. El mérito profesional fue subordinado a la lealtad personal al dictador, configurando un modelo de “institución armada personalista”, donde la disciplina servía más al control político que al desarrollo doctrinal autónomo (Vega, 2001).

Nacionalismo militar, frontera y exclusión (1937)

Un abordaje integral de este período exige examinar aquellos episodios que revelan con mayor nitidez las tensiones y contradicciones del nacionalismo militar desarrollado durante el régimen de Trujillo. En ese contexto, la respuesta coercitiva del Estado dominicano en 1937 frente a la presencia irregular de nacionales haitianos en el territorio nacional derivó en uno de los acontecimientos más controvertidos y debatidos de la historia del país, constituyéndose en un punto de inflexión tanto en la relación entre el Estado dominicano y diversos actores internacionales, como en los procesos de construcción de la identidad nacional y en el ejercicio del poder político.

Desde la historiografía oficial del régimen, dicho episodio fue presentado como una acción de defensa de la soberanía y del control fronterizo; sin embargo, análisis posteriores lo sitúan dentro de una lógica autoritaria de consolidación del poder y militarización del nacionalismo, con profundas repercusiones internas y externas (Moya Pons, Historia de la República Dominicana; Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana; Turits, Foundations of Despotism). Sin embargo, investigaciones posteriores lo interpretan como una política de Estado basada en el uso instrumental del ejército para imponer una visión excluyente de la nación y consolidar el control interno del régimen (Moya Pons, 2010; Turits, 2003). Este acontecimiento evidencia que el poder militar no solo actuó como garante del orden, sino también como ejecutor de políticas de violencia estructural.

Consolidación hemisférica y Guerra Fría temprana (1945–1959)

Tras la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas Dominicanas se insertaron en el nuevo orden hemisférico de la Guerra Fría. Desde una perspectiva internacional, el régimen de Trujillo fue tolerado e incluso apoyado por Estados Unidos en función de su posición anticomunista, lo que facilitó asistencia militar, entrenamiento y suministro de armamento (Calder, 1984).

Autores de tradición realista interpretan este período como una etapa de fortalecimiento estratégico del Estado dominicano en un entorno regional inestable. Sin embargo, enfoques sociopolíticos subrayan que esta inserción internacional reforzó el carácter represivo del aparato militar y retrasó procesos de democratización institucional (Cassá, 2013; Hartlyn, 1998).

Las Fuerzas Armadas se consolidaron como el actor político más poderoso del país, pero también como una institución profundamente dependiente del liderazgo autoritario y del contexto internacional favorable.

Crisis del régimen y descomposición militar (1959–1961)

A finales de la década de 1950, el equilibrio autoritario del régimen comenzó a resquebrajarse de manera irreversible. Las expediciones armadas de 1959, el aislamiento diplomático y las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA) debilitaron el control político y afectaron la cohesión del estamento militar. A ello se sumaron dos hechos de alto impacto: el atentado internacional contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960 -atribuido al aparato del régimen dominicano- y el asesinato de las Hermanas Mirabal en noviembre de ese mismo año. Ambos acontecimientos sacudieron la opinión pública regional, aceleraron el descrédito externo e interno del régimen y profundizaron su aislamiento hemisférico. En el plano militar, estos episodios erosionaron la moral institucional, agudizaron las tensiones entre obediencia política y profesionalismo castrense, y debilitaron la disciplina y cohesión de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a la pérdida progresiva de control del régimen sobre su principal instrumento de poder coercitivo y anticipando su colapso final (Moya Pons, Historia de la República Dominicana; Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana).

Transición, reforma fallida y fractura interna (1961–1963)

Durante la transición posterior a la dictadura, los distintos gobiernos intentaron redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en un marco democrático. Juan Bosch representó el esfuerzo más coherente por subordinar el poder militar al poder civil y reorientar la institución hacia funciones profesionales compatibles con un Estado de derecho (Vega, 2001).

Sin embargo, sectores militares formados bajo la lógica autoritaria percibieron estas reformas como una amenaza. Desde una perspectiva conservadora, el golpe de Estado de 1963 fue presentado como una acción preventiva ante el “riesgo comunista”. Desde una lectura histórica más amplia, fue la expresión de una institución incapaz de adaptarse rápidamente a un modelo democrático (Hartlyn, 1998; Moya Pons, 2013).

La Guerra de Abril y la redefinición traumática (1965)

La Guerra de Abril de 1965 significó para las Fuerzas Armadas una ruptura traumática de su unidad y de su cadena de mando, al evidenciar una fragmentación abierta entre sectores constitucionalistas -alineados con el restablecimiento del orden democrático interrumpido- y mandos conservadores comprometidos con la preservación del statu quo.

Esta división interna no solo derivó en una guerra civil urbana sin precedentes en la historia republicana moderna, sino que expuso la ausencia de una doctrina militar profesional claramente subordinada al orden constitucional, colocando a la institución armada en el centro del conflicto político nacional (Bosch, Crisis de la democracia de América). La posterior intervención militar de los Estados Unidos, justificada en el contexto estratégico de la Guerra Fría, profundizó esta crisis institucional al limitar la capacidad soberana de decisión de los mandos militares dominicanos y reconfigurar el equilibrio interno de poder dentro de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, la institución quedó marcada por un proceso de reordenamiento bajo fuerte influencia externa, orientado a la contención ideológica y al control político, con efectos duraderos en su doctrina, su relación con el poder civil y su rol dentro del sistema de seguridad nacional (Calder, The Impact of Intervention; Vega, Trujillo y la guerra fría).

Conclusión

Entre 1929 y 1965, las Fuerzas Armadas Dominicanas atravesaron un proceso complejo, aunque relativamente breve, que las condujo de ser una institución recientemente profesionalizada a erigirse en un actor político dominante, para luego fragmentarse bajo el peso de las tensiones entre el autoritarismo, los intentos de democratización y la presión internacional. Una lectura abarcadora e inclusiva de este ciclo histórico demuestra que su evolución no puede reducirse ni a un relato lineal de modernización institucional ni a una visión simplista centrada exclusivamente en la represión, sino que debe entenderse como el resultado de la interacción dinámica entre el Estado, la sociedad, las ideologías en pugna y la geopolítica del Caribe en el siglo XX.

Sin embargo, aun en medio de sus crisis, desviaciones y rupturas, las Fuerzas Armadas conservaron un sustrato histórico que las vincula con su razón de ser originaria: la defensa de la existencia misma del Estado dominicano. Esa vocación fundacional -forjada en las luchas por la Independencia de 1844 y reafirmada durante la Guerra de la Restauración- constituye un legado institucional que precede y trasciende los avatares del poder político coyuntural. La experiencia traumática de 1965, lejos de anular esa herencia, evidenció la necesidad de reafirmar una doctrina militar profesional, constitucionalmente subordinada y comprometida con la soberanía, la estabilidad y la continuidad histórica de la nación.

En esa perspectiva, la historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas no debe leerse únicamente desde sus momentos de fractura, sino también desde su capacidad de adaptación, aprendizaje y permanencia como pilar del Estado. Su proyección futura descansa en la recuperación consciente de ese legado histórico, en la consolidación de una identidad institucional al servicio de la nación y en el fortalecimiento de su rol como garante de la soberanía, la seguridad y el orden constitucional, tal como lo demandan los desafíos contemporáneos y la memoria profunda de la República.