Las deportaciones y la economía del tráfico ilícito de migrantes

La República Dominicana atraviesa el mayor despliegue de interdicción migratoria de su historia reciente. Nunca antes el Estado había destinado tantos recursos humanos, tecnológicos, logísticos y presupuestarios para enfrentar la migración irregular. El incremento de las deportaciones, el fortalecimiento de los operativos y la coordinación interinstitucional reflejan un esfuerzo sin precedentes por ejercer el control efectivo del territorio nacional.

Ese esfuerzo constituye una expresión legítima de la soberanía del Estado. Ninguna nación puede renunciar al derecho de administrar sus fronteras, regular el ingreso y permanencia de extranjeros y hacer cumplir su legislación migratoria. La interdicción migratoria no solo es una potestad jurídica, sino una obligación vinculada a la protección del interés nacional.

Precisamente por la magnitud de ese esfuerzo surge una pregunta que trasciende las estadísticas: ¿Las deportaciones están debilitando el tráfico ilícito de migrantes o simplemente están modificando su forma de operar?

Las recientes declaraciones del director general de Migración confirman que las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes modifican rápidamente sus rutas cuando aumenta la presión operativa del Estado.

Tradicionalmente, el éxito de la política migratoria se ha medido mediante indicadores administrativos: operativos realizados, personas interdictadas, deportaciones ejecutadas, agentes incorporados o recursos desplegados. Todos son datos relevantes, pero ninguno responde la pregunta esencial: ¿la economía del tráfico ilícito de migrantes se está debilitando o mantiene intacta su capacidad para generar beneficios?

Tal vez haya llegado el momento de incorporar nuevos indicadores de eficacia. No basta con saber cuántas personas fueron deportadas; también es necesario conocer cuántas organizaciones criminales fueron desmanteladas, cuántos deportados lograron reingresar irregularmente, cuánto tiempo transcurrió entre la deportación y el retorno y, sobre todo, cuál fue el impacto económico producido sobre las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Si una persona deportada logra regresar pocos días después mediante el pago a un traficante, la deportación deja de representar el final del ciclo migratorio para convertirse, involuntariamente, en un nuevo episodio dentro de la misma cadena de beneficios económicos.

Las fronteras pueden controlarse con operativos; el crimen organizado solo retrocede cuando pierde dinero.

Cada reforzamiento de la interdicción migratoria exige mayores inversiones públicas: más agentes, más vehículos, más tecnología, más infraestructura y mayores recursos logísticos. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre simultáneamente con los ingresos de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes?

Desde el análisis económico del delito, todo mercado ilegal responde a una lógica de demanda, oferta, precio, riesgo y rentabilidad. En numerosos mercados ilícitos, el aumento del riesgo incrementa también el precio del servicio clandestino y puede traducirse en mayores beneficios para quienes continúan operando.

No afirmo que esa sea la realidad dominicana. Precisamente esa es una hipótesis que merece ser investigada. Pero si el incremento de las interdicciones elevara el precio que cobran los traficantes sin afectar su capacidad operativa, habría que replantear la manera en que evaluamos la eficacia de la política migratoria. ¿se está debilitando la economía del tráfico ilícito de migrantes?

Ninguna organización criminal moviliza miles de personas únicamente con voluntad. Detrás de cada operación existen mecanismos de reclutamiento, transporte, financiamiento y aprovechamiento económico. Allí donde existe una actividad ilícita permanente también existe una estructura patrimonial integrada por bienes, vehículos, inmuebles, recursos y flujos financieros susceptibles de investigación.

Ha llegado el momento de trasladar el centro de gravedad de la política migratoria. La interdicción seguirá siendo indispensable para ejercer el control territorial, pero el verdadero golpe estratégico comenzará cuando el Estado logre afectar sistemáticamente la economía que sostiene este negocio.

En ese contexto, la Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio adquiere una dimensión que trasciende la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Puede convertirse en un instrumento decisivo para perseguir patrimonialmente a las organizaciones que obtienen beneficios del tráfico ilícito de migrantes.

No basta con detener al conductor; hay que identificar al propietario del vehículo y el centro de operaciones.

No basta con intervenir una vivienda; hay que descubrir quién financia esa infraestructura.

No basta con decomisar documentos falsificados; hay que seguir la ruta del dinero.

La experiencia demuestra que el crimen organizado rara vez desaparece únicamente porque aumenten las detenciones o las condenas. Comienza a debilitarse cuando pierde la capacidad de enriquecerse.

La República Dominicana ha demostrado capacidad para fortalecer el control migratorio. El siguiente paso exige integrar la política migratoria y la justicia patrimonial como componentes de una misma estrategia de Estado: una destinada a controlar el territorio; la otra, a desmantelar la economía del crimen organizado. Solo cuando el tráfico ilícito de migrantes deje de ser un negocio altamente rentable podrá afirmarse que la política migratoria habrá alcanzado una de sus victorias más importantes.

Mientras el tráfico ilícito de migrantes continúe siendo un negocio rentable, las deportaciones seguirán siendo indispensables, pero insuficientes. En un Estado interconectado, controlar las fronteras y desarticular las finanzas del crimen constituyen dos dimensiones inseparables de una misma política pública. El verdadero éxito de la política migratoria llegará cuando el costo de delinquir supere definitivamente el beneficio económico del delito.