Las amenazas a la democracia dominicana en la era de Donald Trump

Con la información más reciente de julio de 2026, podemos afirmar que en la región latinoamericana se ha estado produciendo un giro hacia gobiernos de ultraderecha antidemocrático, alineado con el gobierno de Donald Trump.

Los casos más destacados son: la Argentina de Javier Milei, el aliado más visible e ideológicamente más cercano al trumpismo; El Salvador de Nayib Bukele, colaborador clave en el plan de deportaciones y control migratorio de Trump; Paraguay, que ratificó un acuerdo para aumentar la presencia militar estadounidense en su territorio, y Colombia, con la elección de Abelardo de la Espriella, respaldado públicamente por el mandatario norteamericano.

Aun así, conviene tener claro que los gobiernos de la ultraderecha en la región no son homogéneos, tampoco se deben a una sola causa. Los países mencionados no comparten la misma historia, el mismo nivel de compromiso ideológico ni los mismos conflictos sociopolíticos. Estudiar el fenómeno con cierta profundidad exigiría analizar cada caso por separado.

En dos artículos anteriores sugerimos que el auge de la política antidemocrática en la región —de ultraizquierda y de ultraderecha— puede leerse de forma general a partir de variables internas y externas. La primera se relaciona con las transformaciones sociales de cada país; la segunda, con la influencia del trumpismo y la llamada recuperación de la "Doctrina Monroe", que busca fortalecer la presencia política, económica y militar de Estados Unidos en la región y contrarrestar la influencia "progresista" y/o "comunista".

Sin embargo, a diferencia de Argentina, El Salvador, Paraguay o Colombia, la República Dominicana no muestra hoy una amenaza a la democracia de origen externo asociada al trumpismo. Esto no es casualidad: el gobierno dominicano y los potenciales candidatos del sistema de partidos para las elecciones de 2028 no representan ningún riesgo para los intereses y estrategias del gobierno de Estados Unidos encabezado por Trump.

De manera que la tesis de este artículo es que las amenazas son, ante todo, internas: provienen del propio vacío, la desconfianza y la crisis de legitimidad social que arrastra desde hace décadas la democracia dominicana.

Una democracia que no ha resuelto sus traumas

Desde 1978 hasta la actualidad, las élites políticas dominicanas —moderadas y conservadoras— han construido una democracia representativa, legal y funcional, que ha hecho posible la transición política a través de procesos electorales. Sin embargo, en esa transición no se han superado los grandes traumas y desafíos políticos de la democracia dominicana: los escándalos de corrupción, el clientelismo, el neopatrimonialismo, el presidencialismo, la compra de votos y los privilegios del sistema de partidos, entre otros.

Después de cuatro décadas, la democracia dominicana todavía tiene pendiente una mejor redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y de la diversidad cultural.

De ahí que las principales amenazas a la democracia dominicana en este contexto no sean externas, sino internas:

Amenazas económicas

Según indicadores de organismos internacionales, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad— se mantiene alto en República Dominicana, en torno a 40 (en una escala de 0 a 100), pese al sostenido crecimiento económico de las últimas cuatro décadas y a las crecientes expectativas de los dominicanos por mejorar su calidad de vida.

En el contexto de la crisis petrolera global derivada de la intervención de Estados Unidos en Irán, la inflación en el país se aceleró a 7.5% en mayo de este año. Según declaraciones públicas del Ministro de Economía, el 80% de los asalariados dominicanos gana por debajo del costo de la canasta familiar —que ronda los 40,000 pesos dominicanos—, lo que los obliga a complementar su consumo mediante remesas y pluriempleo.

Amenazas políticas y sociales

El Estado dominicano arrastra una enorme deuda social producto del deterioro de los servicios públicos de educación, salud, vivienda, energía e infraestructura vial, que afecta particularmente a los sectores precarizados de los campos y los barrios populares de las grandes ciudades, incrementando la crisis de legitimidad estatal.

Según datos de Latinobarómetro 2024, la desconfianza en los partidos políticos ronda el 72% en República Dominicana: de cada 100 dominicanos, 72 no confían en los partidos tradicionales.

A esa desconfianza institucional se suma una alta percepción de inseguridad y delincuencia, alimentada tanto por los medios convencionales como por las plataformas digitales. La institución policial es –sistemáticamente- la que concentra el mayor nivel de desconfianza en el país. Según Latinobarómetro 2024, la inseguridad ciudadana en República Dominicana se ha normalizado, incluida la de origen estatal: los llamados "intercambios de disparos" —eufemismo para ejecuciones extrajudiciales— se han convertido en política de Estado en todos los gobiernos dominicanos desde 1996.

Un estudio publicado por el sociólogo dominicano Cándido Mercedes señala que, entre 1997 y julio de este año, la Policía dominicana habría dado muerte a 5,443 dominicanos, de los cuales el 77% se produjo en el marco de esos "intercambios de disparos".

Esta percepción de inseguridad explica que muchas personas —incluyendo tomadores de decisión— respalden respuestas policiales de mano dura contra la delincuencia. A mayor inseguridad, mayor tolerancia social al recorte de garantías procesales y de derechos humanos, lo que debilita los contrapesos legales al monopolio de la violencia del Estado.

Amenazas culturales

En las últimas cuatro décadas, en la esfera civil dominicana —iglesias, opinión pública, influencers, movimientos sociales y ciudadanía— se han incrementado los antagonismos y las luchas por la hegemonía cultural y la construcción de la identidad nacional.

En este contexto se ha librado una batalla entre discursos conservadores y progresistas, entre nacionalistas y defensores de los derechos de los migrantes de origen haitiano, y entre una ideología meritocrática individualista y quienes defienden el igualitarismo y la integración comunitarista.

La esfera civil dominicana se ha polarizado y se moviliza cada vez más a partir de códigos binarios —amigo/enemigo, progresista/conservador, izquierdista/derechista, nacionalista/pro-haitiano, individualista/comunitarista—agravando los antagonismos y erosionando la integración social y los espacios de diálogo plural y democrático de los dominicanos.

De manera que, concluimos destacando que actualmente la mayor amenaza a la democracia dominicana no es la presión externa del trumpismo —como sí ocurre en otros países de la región—, sino la combinación de desigualdad económica, inflación, desconfianza institucional, inseguridad ciudadana y polarización cultural que la élite política dominicana que nos ha gobernado no ha logrado resolver en casi cinco décadas de vida democrática.