Las estadísticas recientes sobre la violencia intrafamiliar y de género dan cuenta de un repunte significativo de los feminicidios durante 2026. Mientras en todo el año 2025 se reportaron 59 mujeres ultimadas por sus parejas o exparejas, en septiembre de este año las autoridades ya contabilizaban 62 víctimas, cifra que, conforme a recuentos posteriores, superaba las 80 al mes de noviembre.

En un arranque incluso sorprendente para las autoridades, solo durante el primer trimestre de este año se registraron 22 feminicidios y se interpusieron, en apenas tres meses, 17,552 denuncias por violencia de género e intrafamiliar y por delitos sexuales.

Los patrones estadísticos han permitido identificar aspectos clave del problema que orientan hacia soluciones aparentemente posibles: alrededor del 89 % de las víctimas de feminicidio no había presentado denuncia formal ante las autoridades, circunstancia que impidió activar oportunamente los mecanismos institucionales de protección.

Asimismo, es una constante que la violencia homicida se produce mayoritariamente en el ámbito doméstico, en el contexto de relaciones maritales o consensuales, cometida por parejas o exparejas de las víctimas. A esta realidad se agrega un fenómeno particularmente inquietante: una proporción significativa de los victimarios termina quitándose la vida, lo que obliga a examinar el alcance real de la amenaza penal como instrumento de prevención.

La respuesta oficial ha producido un cambio normativo de relevancia, particularmente con la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano, modificada por la Ley núm. 44-26, al configurar el feminicidio como tipo penal autónomo (art. 93), agravado (art. 94) y conexo (art. 95).

La reforma normativa ha considerado como elementos relevantes de la configuración del feminicidio el odio, el desprecio o la dominación por razón de género, estableciendo circunstancias agravantes que incluyen el incumplimiento de órdenes de protección y la existencia de antecedentes de violencia contra la mujer, denunciados o no.

En este punto, dos aspectos resultan de necesaria y fundamental apreciación. Ya advirtió Eugenio Raúl Zaffaroni sobre las limitaciones criminológicas de la confianza depositada en el temor a la pena como mecanismo de disuasión del delito. Esta reflexión adquiere particular relevancia frente a los victimarios que, después de cometer el feminicidio, se quitan la vida. Quien está dispuesto a terminar con su propia existencia difícilmente encontrará en la amenaza de prisión un obstáculo suficiente para desistir de su propósito homicida.

No significa esto desconocer la necesidad de la sanción penal, sino admitir que su capacidad preventiva es limitada frente a conductas que, por sus particulares características, pueden resultar ajenas al cálculo racional de las consecuencias jurídicas.

El segundo aspecto relevante es la confianza pública depositada en el sistema de órdenes de protección (arts. 128 al 133 de la Ley núm. 74-25), cuya eficacia práctica exige una evaluación mucho más rigurosa. No basta con disponer normativamente la protección de la víctima si las instituciones carecen de los medios necesarios para garantizar su cumplimiento.

El hecho de que cerca del 89 % de las víctimas de feminicidio no hubiera denunciado previamente la violencia revela, en primer término, un consistente déficit en la detección y atención temprana de los casos. Pero también resulta necesario determinar qué ocurre con aquellas víctimas que sí denuncian, cuáles medidas se adoptan para protegerlas y qué mecanismos permiten verificar oportunamente su cumplimiento.

Algunas mujeres han sido asesinadas incluso después de acudir a las autoridades en procura de protección. Estos hechos, por sí solos, no permiten establecer la ineficacia general de las órdenes, pero obligan a examinar seriamente sus condiciones de ejecución y vigilancia.

Veamos el panorama estadístico: cerca de nueve de cada diez víctimas de feminicidio no habían presentado denuncias previas, mientras el sistema recibe más de 70 mil denuncias anuales por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Va pareciendo obvio que ni este ni ningún sistema penal podrá soportar, por sí solo, la ola de muerte, sangre y odio que, en tales proporciones, se abate sobre la sociedad dominicana.

No es posible ignorar esta realidad: ninguna fiscalía, ningún fiscal y ningún profesional del derecho o de la psicología puede atender diariamente, durante apenas unos minutos, a centenares de personas y, de manera objetiva, identificar —sin incurrir en prácticas discriminatorias o arbitrarias— cuáles de los denunciados representan un riesgo real e inminente de atentar contra la vida de la víctima.

El problema no radica únicamente en la insuficiencia de recursos humanos y materiales, sino también en la necesidad de replantear doctrinal y operacionalmente un modelo de intervención que continúa descansando, fundamentalmente, en la denuncia, la persecución penal y la imposición de medidas cuya eficacia depende de una capacidad institucional de seguimiento que no siempre está garantizada.

La avalancha de denuncias de violencia intrafamiliar y de género puede visualizarse como un indicador fehaciente, no solo de la pérdida de autoridad o poder del denominado macho alfa, que se opone activamente al cambio, sino también como muestra de la debilidad intrínseca de la familia como estructura capaz de contener, prevenir o contribuir al rescate de las víctimas.

La familia puede, sin encubrir la violencia ni impedir su denuncia, detectar sus orígenes, advertir señales tempranas de peligro, proporcionar soporte urgente y acompañar la intervención pública imprescindible para erradicarla.

No proponemos la privatización de los conflictos de pareja, ni mucho menos que la intervención familiar sustituya las responsabilidades constitucionales y legales del Estado. Proponemos la participación activa de redes familiares de apoyo, capaces de contribuir a la prevención y de ofrecer acompañamiento a quienes se encuentran expuestos a situaciones de violencia.

Es obvio, que esa participación no puede convertirse en un mecanismo de presión para mantener la convivencia ni para propiciar reconciliaciones que comprometan la seguridad de las víctimas.

Nada impide el fomento de sistemas alternativos de apoyo emocional y asistencia especializada a las parejas confrontadas, como mecanismos preventivos y complementarios de la intervención pública, sin que su utilización pueda retrasar la denuncia, sustituir la protección de las víctimas o condicionar la actuación de las autoridades cuando exista riesgo de violencia.

Tampoco resulta razonable que el Estado continúe concentrando sus mayores esfuerzos en reaccionar frente a la violencia consumada, mientras la detección temprana, el acompañamiento psicológico, la intervención comunitaria y el seguimiento efectivo de las situaciones de riesgo permanecen necesitados de una transformación profunda.

De lo que se trata, en conclusión, no es de disminuir la responsabilidad penal de los agresores, sino de reconocer que la imposición de penas, por severas que sean, llega demasiado tarde cuando la víctima ya ha perdido la vida.

Nada impide, tampoco, que admitamos nuestras debilidades y, reconociendo nuestras fortalezas, propongamos y luchemos por los cambios requeridos para evitar más muertes, suicidios y sufrimientos incontables a los hijos que, cuando sobreviven, quedan convertidos en autómatas espectrales, víctimas de una tragedia que los arrastra hacia su propia inmolación.