La veeduría social en tiempos de transformación de la educación

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) lanzaron recientemente la consulta sobre el proceso de transformación de la educación que el Gobierno actual ha decidido realizar. Este proceso de transformación se desarrollará con base en el Decreto núm. 309-26, del 6 de mayo de 2026, el cual pone énfasis en el diseño de un sistema educativo integral que esté articulado a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Las entidades que lideran este proyecto realizan esfuerzos para diseñar una ruta de forma conjunta, en coherencia con la búsqueda de integralidad en el sistema que se desea construir.

El proceso de consulta se ha organizado para lograr una participación amplia y dinámica. Por ello, consideramos que los diversos actores y sectores de la sociedad tienen la oportunidad de constituirse en veedores de la arquitectura de la consulta: intencionalidades, enfoques de la consulta, especificidades de las preguntas, tipos de consulta, componentes de la consulta y análisis de resultados. En esta coyuntura, la sociedad, como veedora singular, tiene una función nodal: implementar un seguimiento sistemático a cada uno de los pasos de la consulta. Los veedores han de fijarse, de forma especial, en la pertinencia y en la congruencia del contenido de la consulta; en la transparencia de lo que se formula y en la articulación del contenido de la consulta con las necesidades del sistema educativo dominicano y del desarrollo que la sociedad demanda en el presente-futuro que la desafía.

La participación de los actores y de los sectores sociales como veedores de la consulta nacional garantiza la realización de un proceso, además de participativo, con un alto sentido de corresponsabilidad y de compromiso ético. Si la sociedad asume con la responsabilidad debida la consulta nacional para la transformación educativa, tanto el proceso como los resultados favorecerán cambios cualitativos y estratégicos en el modo de pensar y de actuar en el campo educativo. Asimismo, posibilitará el establecimiento de rupturas entre un sistema educativo fragilizado en extremo y una educación en sintonía con las necesidades del país, con las demandas de la región y con los avances del mundo.

La veeduría social es un compromiso ineludible de los ciudadanos corresponsables. Lo más fácil y cómodo es que las autoridades realicen la consulta sin que ningún sector externo intervenga. Pero esta situación no es admisible, por el daño que le hace a la consulta misma, a los resultados y a la sociedad. Obviar el llamado que hacen las autoridades para que la consulta tenga un alcance nacional e integral atenta contra el compromiso ético y social de los ciudadanos, de las instituciones y de los medios de comunicación. La participación en la consulta es derecho y ejercicio responsable de la capacidad de incidir en la definición de políticas públicas que impactan la vida de los dominicanos. La implicación en procesos de esta naturaleza fortalece la madurez de la ciudadanía y sustantiva el servicio a la sociedad dominicana.

La veeduría social que alentamos ha de distinguirse por el carácter propositivo y una mirada reflexivo-crítica. Atrás, una veeduría ingenua y que alimente más de lo mismo. Se ha de mostrar un interés marcado en pensar las aportaciones con lucidez; se ha de estar prestos a desarmar las preguntas que se distancian de las prioridades nacionales y del sistema educativo que deseamos transformar. La veeduría social ha de revestirse de sabiduría y de fuerza discernidora. De este modo, la consulta no se convertirá en un movimiento regresivo, sino que puede llegar a ser un foco de transformación de concepciones, de cultura socioeducativa y de prácticas. La ciudadanía tiene que elegir: la asunción de una postura firme a favor de una educación transformada o pactar con la indiferencia que enerva y paraliza el dinamismo proactivo.

Es la hora y el tiempo de la veeduría social. Dejarlo para más tarde constituye un riesgo para el avance de la sociedad dominicana en el campo de la educación, del fortalecimiento de la democracia y, particularmente, del ejercicio consciente de la capacidad de construir con otros entornos y propuestas orientados a posibilitar aprendizajes transformadores y polivalentes. Se necesita el pensamiento, el corazón y los ojos de la sociedad bien abiertos para que la consulta y sus resultados no refuercen procesos involutivos, sino que, por el contrario, acerquen la República Dominicana a los adelantos socioeducativos de la región y de la esfera mundial.

El avance en la dirección que proponemos requiere que la sociedad, en su conjunto, asuma la responsabilidad que le compete: participación con lucidez, corresponsabilidad y madurez política en la consulta. Esta pretende un futuro educativo y social que transforme las fragilidades y los vacíos del sistema educativo actual. Quedarse al margen del proceso de consulta interpela y desafía a las personas, a las organizaciones y a las autoridades educativas. Se necesita una veeduría social discernidora, orientada al bien común y con una postura libre de miedos y de censuras. Ha de ser una mirada escrutadora y propositiva, desde una autonomía innegociable y una determinación signada por la autenticidad y la dignificación del sistema educativo dominicano. En esta tarea, la veeduría social no es una cosa más, es una tarea necesaria.