La ultraderecha contra el multilateralismo

Es virtualmente unánime el reconocimiento de que hemos llegado al final de los grandes organismos multilaterales, creados final de las dos guerras mundiales. A pesar de sus limitadas capacidad de cumplir a cabalidad sus resoluciones y/o reglas, estos contribuían significativamente al respeto de derechos humanos fundamentales, la protección a los desplazados por conflictos bélicos o religiosos, libre comercio, ayudas y colaboración en los ámbitos de investigaciones e iniciativas locales para promover el desarrollo local. Sin embargo, a pesar de la demostración de esa circunstancia, nunca faltaron las críticas a esos organismos, siendo las más ácidas y frecuentes las que venían de sectores político/ideológicos y de gobiernos propensos a no reconocer determinados derechos.

De igual modo, de alguna manera los acuerdos internacionales contribuían al reforzamiento del principio del derecho al ejercicio responsable de soberanía de los países, en la perspectiva de la salvaguarda de la libertad y de derechos individuales o colectivos, no solamente dentro de las fronteras de un país particular, sino fuera de éstas. En ese sentido, se produjo la ampliación de los derechos de la mujer, su acceso al trabajo bajo el principio de igual trabajo, igual salario, el reconocimiento de la libre opción sexual, los derechos universales de las minorías nacionales y/o étnicas. Eran y son prerrogativas reconocidas por organismos supranacionales. Contra esos derechos, las ultraderechas políticas, sociales y religiosas a nivel mundial siempre se han batido para imponer sus particulares concepciones.

Y es que las entidades multilaterales tienen personalidad jurídica libremente aceptadas por los estados signatarios y sus acuerdos tienen caracteres vinculantes sustentados en el derecho internacional que sirven de freno a la propensión a los abusos de las corrientes políticas y sociales de diversos signos, sobre todo las neofascista y la neonazi que en las últimas décadas han mantenido un sostenido crecimiento a nivel mundial, a través de una activa y bien estructura internacional ultraderechista. Lo que podríamos llamar “capitulo dominicano” de esa internacional ha sido sistemático en el combate a las Naciones Unidas en sentido general y de manera muy particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CVIDH, de la que nuestro país es signatario con asiendo permanente.

Ese organismo ha sido sistemático en sus advertencias/reproches a aquellos países que violan el derecho internacional en materia del tratamiento del tema migratorio, específicamente el nuestro, dónde se han violados determinados derechos de los migrantes de origen haitiano. En ese sentido, ha sido reiterativo en las observaciones a la Resolución 168-13 que, violando la Constitución y el principio del carácter retroactivo de la ley, desconoce el derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de migrantes de origen haitiano nacidos bajo el amparo de la Constitución anterior al 2010, que consagraba el derecho a la nacionalidad a todo el que nacía en suelo dominicano. Enjundiosos juristas dominicanos reconocen que con esa nefasta violación se lanza a la condición de apátrida miles de seres humanos.

El principio de la no retroactividad de una ley tiene como objetivo evitar que se legisle, intencionalmente o no, para lesionar a una singular persona o a una colectividad humana. La no retroactividad se plantea como principio esencial del Derecho para proteger a todo ser humano de abusos, posible retaliación o deseo de hacerle daño. El legislador que viola conscientemente ese principio pierde todo respeto como profesional y como ser humano se convierte en un ser propenso a la abyección y la perversidad, en enemigo no sólo del ser humano, sino del Derecho como disciplina normativa de las relaciones sociales e interpersonales. Se convierte en un profesional indigno de la toga, de la práctica del Derecho en cualquiera de sus ámbitos. Nada justifica una regla, ley o sentencia que tenga un carácter retroactivo, es nula de pleno derecho. Inhumana.

Desafortunadamente, entre los muchos absurdos y desaguisados en que discurre la cotidianidad dominicana parece que nos sentido a gusto con el aborrecible dicho: “tó é tó y ná e´ná”, que nos denigra como sociedad.  Sólo así se puede explicar que el personaje creador de la malhadada Resolución 168-13, siga tan campante dando clasecitas de Derecho en no importa cual instancia o lugar y ocupando espacio y funciones en la gestión pública. También explica que la batalla contra un organismo internacional como la CIDH se destaquen los sectores más recalcitrantes del país narigoneados por un grupito político electoralmente irrelevante de origen trujillista. Ninguna sociedad puede avanzar hacia el establecimiento de un régimen real y efectivamente democrático y de derecho con esas rémoras en la administración pública y nutriéndose de los bienes o del favor del Estado.

Esos sectores están en contra de que el país se mantenga en un organismo internacional como la CIDH por razones legales, por en leyes ni derecho creen, sino porque si nos mantenemos en ella tenemos que asumir sin medias tintas el principio para lo cual ella fue creada: la defensa de los derechos humanos en todas sus expresiones. En este mundo convulso por la voluntad de las grandes potencias es cuanto más necesitan organismos y alianzas internacionales entre los países pequeños, medianos y hasta grandes para defender su real soberanía y sus principios. Algunos ya lo están haciendo.