La trampa del plató fiscal

En términos relativos, recaudamos más o menos lo mismo, con idénticas debilidades y bajo las mismas promesas incumplidas de una reforma fiscal integral. No colapsamos, pero tampoco avanzamos.

Estamos atrapados en una estabilidad de baja legitimidad y alta desigualdad que se ha normalizado, aun cuando erosiona silenciosamente la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales.

A primera vista, podría parecer un problema técnico: ineficacia recaudatoria estructural, evasión persistente, gasto tributario excesivo. Pero detrás de esa recurrencia opera algo más profundo.

El plató fiscal dominicano no es un error del sistema: es la forma en que el sistema se estabilizó políticamente. Es la expresión de un pacto implícito entre un mismo grupo de poder, compuesto por élites económicas, operadores políticos y burocracias dependientes; un pacto de inmovilidad que genera ganancias particulares crecientes y reproduce su propia lógica.

En este régimen, las exenciones fiscales se convirtieron en una moneda de intercambio político y económico. Su distribución responde menos a criterios productivos que a lealtades políticas, financiamiento electoral y vínculos de influencia. En la práctica, las élites económicas las élites económicas —conocidas durante años como sectores productivos o grupos corporativos— han capturado una parte estructural del ingreso público mediante mecanismos legales que se renuevan sin debate.

En esencia, todas estas denominaciones se integran bajo el concepto de “élites económicas con capacidad de captura”. Esta conceptualización permite mostrar que el uso político de las exenciones y la captura del ingreso público forman parte de un mismo entramado de poder, sostenido por reglas que se preservan para beneficiar a estos actores y evitar cualquier revisión sustantiva de sus privilegios.

A partir de esa captura consolidada, estas élites han extendido su influencia al sistema en su conjunto, interviniendo no solo en el diseño de las normas fiscales, sino también en la gestión cotidiana de las políticas públicas. Esta doble dimensión —captura del marco normativo y captura de la gestión—estructura y reproduce la inmovilidad del régimen fiscal dominicano.

Cuando alguien intenta revisar la legitimidad de estas exenciones, se activa un reflejo binario dentro del mismo bloque de poder. Desde la política, se escucha que “no se puede tocar al sector productivo; sería suicidio político”.

Desde las élites económicas, se advierte que hacerlo “pondría en peligro los niveles de empleo existentes”. Ambas voces terminan diciendo lo mismo con diferentes acentos: los privilegios no se tocan.

Pero las exenciones no operan solas en esta arquitectura de captura. Se sostienen y amplifican mediante la evasión, amparadas en la complicidad de la autoridad pública y, consecuentemente, en la impunidad.

A ello se suma un boicot sistemático a cualquier intento de censo catastral o reevaluación de la base imponible inmobiliaria. Esa resistencia organizada a medir, registrar y transparentar la riqueza constituye una suerte de feudalismo fiscal: la defensa de los privilegios mediante la opacidad.

El resultado es un Estado que recauda poco, gasta mal y depende crecientemente de la deuda. Un Estado que, pese a su aparente estabilidad, se sostiene sobre un terreno frágil y moralmente erosionado.

Cada intento de reforma fiscal integral muere antes de nacer porque los costos políticos inmediatos superan las ganancias de legitimidad y justicia social. Es un tipo de estabilidad que esconde un deterioro progresivo: una calma que se degrada por dentro.

Superar este plató fiscal no implica necesariamente crear nuevos impuestos ni limitarse a incorporar herramientas tecnológicas. Depende, sobre todo, de modificar el campo de poder que sustenta las reglas actuales.

Significa desmontar los núcleos de influencia que hacen girar al sistema alrededor de los mismos privilegios de siempre. Implica sustituir el miedo al costo político por la búsqueda de legitimidad democrática y devolver al sistema fiscal su sentido original: servir a la comunidad, no a una minoría.

La evasión, la elusión, las exenciones perpetuas y la resistencia a medir la riqueza con potencial recaudatorio son eslabones de una misma cadena: un mecanismo de captura del espacio potencial de una fiscalidad progresiva.

Y esa captura no se resuelve únicamente con eficiencia administrativa, sino con una decisión política orientada a romper la trampa del plató fiscal.

Porque —y aquí radica el núcleo del problema— reformar el régimen de exenciones no es solo un asunto técnico: es, sobre todo, una transformación del poder. Para ello, es indispensable que nuevos actores adquieran la capacidad política de disputar ese poder.

Solo así podrán abrirse grietas en el orden fiscal vigente y crearse condiciones para que el país salga de la trampa del plató fiscal consolidado.

Desatar ese nudo de privilegios es la condición necesaria para abrir, finalmente, espacios reales hacia un orden fiscal más justo, más estable y socialmente legítimo, de esa forma podrán abrirse grietas en el orden fiscal vigente y crearse condiciones para que el país salga de la trampa del plató fiscal consolidado.

Desatar ese nudo de privilegios es la condición necesaria para abrir, finalmente, espacios reales hacia un orden fiscal más justo, más estable y socialmente legítimo.

Y es, también, la vía para que la mayoría de la población para que la mayoría de la población pueda aspirar, por fin, a una vida mínimamente estable y digna.