La seguridad no termina cuando se presenta una denuncia

Una denuncia no es el final de un trámite. Es el comienzo de una obligación pública. Cuando una persona acude a las autoridades después de sufrir un delito, necesita que se valore el riesgo, se investigue el hecho, se proteja su integridad y se le informe qué ocurre con su caso.

La seguridad ciudadana suele medirse mediante cifras de homicidios, robos, operativos y detenciones. Son indicadores necesarios, pero describen dimensiones distintas. La disminución de la tasa de homicidios constituye un avance que debe reconocerse. La tasa definitiva de homicidios de 2025 fue de 8,7 por cada 100.000 habitantes, correspondiente a 951 homicidios intencionales. Para 2026, la Policía comunicó una tasa acumulada de 7,23 al 23 de octubre. Este último dato es parcial y no debe compararse como si fuera el cierre anual de 2025.

Reconocer ese progreso no significa considerar resuelto el problema. La tasa de homicidios no informa cuántas víctimas de otros delitos denunciaron, cuánto tardó la respuesta, cuántos casos fueron investigados ni cuántas personas recibieron protección. Tampoco permite saber si una víctima pudo continuar su vida sin quedar expuesta a nuevas amenazas.

La experiencia de denunciar merece atención propia. La ENHOGAR 2022 de la Oficina Nacional de Estadística encontró que, entre 881 personas de 15 años o más que denunciaron ante la Policía u otra autoridad competente el último robo con violencia del que fueron víctimas, el 39,8 % declaró estar insatisfecha con el manejo de la denuncia y el 39,0 % muy insatisfecha. En conjunto, el 78,8 % expresó insatisfacción. Es un dato histórico, limitado a quienes denunciaron ese tipo de hecho y respondieron sobre su satisfacción. No representa a todas las víctimas ni a todos los delitos, pero plantea una pregunta que las estadísticas de criminalidad no responden: ¿qué sucede después de denunciar?

La respuesta exige seguir cada caso. La Policía Nacional recibe denuncias y realiza labores de prevención e investigación. La Dirección Central de Investigación (DICRIM) desarrolla actuaciones especializadas de investigación policial, bajo la dirección legal del Ministerio Público, al que corresponde dirigir la investigación penal. Lo que debe poder verificarse es cómo se conectan esas funciones: quién recibe el hecho, quién evalúa el riesgo, a qué unidad se asigna, qué diligencias se realizan, cuándo interviene el fiscal y qué información recibe la víctima.

El informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a enero-septiembre de 2026, registró 40.589 denuncias como «resueltas», equivalentes al 91,4 % de la meta programada de 44.400. Son cifras preliminares, imputadas al 30 de septiembre y registradas al 15 de octubre. La tabla identifica el producto como «Ciudadanos querellantes reciben atención policial» y la unidad de medida como «Cantidad de denuncias resueltas», pero no presenta allí la definición operativa del indicador. Por tanto, la cifra no demuestra que 40.589 delitos fueran esclarecidos, que sus responsables fueran identificados o que las víctimas quedaran protegidas. Para evaluar el resultado se necesita conocer la definición, el universo contabilizado y la trayectoria posterior de esos casos.

El país cuenta con una arquitectura de coordinación que incluye el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante el Decreto 645-21, y mecanismos operativos interinstitucionales. El decreto no se limita a establecer una estructura: contempla funciones de coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación de las políticas y planes, así como obligaciones de rendición de cuentas. Su existencia formal acredita un marco de organización; no demuestra, por sí sola, que los acuerdos se ejecuten ni que produzcan resultados. La pregunta es si cada función tiene un responsable identificable, recursos, autoridad, plazo y evaluación.

Por eso, el Estado debe publicar indicadores que permitan seguir los casos sin revelar datos personales: denuncias recibidas; investigaciones iniciadas y concluidas; tiempos entre denuncia, asignación y primera diligencia; casos remitidos al Ministerio Público; acusaciones y decisiones judiciales; medidas de protección solicitadas y otorgadas; y mecanismos de información y atención a las víctimas. Esos indicadores deben permitir seguir cohortes de denuncias mediante datos anonimizados a través de las distintas etapas, con denominadores compatibles y criterios uniformes de registro. Cada cifra debe identificar período, territorio, tipo de delito, unidad de conteo y metodología.

La Policía Nacional debe rendir cuentas sobre recepción, respuesta, prevención e investigación policial; el Ministerio Público, sobre la dirección de la investigación y las decisiones procesales; y el Poder Judicial, sobre la duración y los resultados de los procesos. El Ministerio de Interior y Policía debe explicar cómo coordina el sistema y supervisa los compromisos. Los ayuntamientos, dentro de sus competencias, deben informar sobre las acciones preventivas territoriales que ejecutan y sus resultados. Coordinar no puede significar que la responsabilidad se diluya.

La prevención sigue siendo indispensable: responder después del delito no sustituye la obligación de reducir los riesgos antes de que ocurra. Tampoco basta con patrullar más, celebrar reuniones o registrar denuncias. Hay que saber si las intervenciones reducen la victimización, si la investigación produce evidencia útil y si las víctimas reciben protección oportuna. El presupuesto ejecutado y los operativos realizados son indicadores de gestión, no pruebas automáticas de impacto.

La seguridad se debilita cuando denunciar se convierte en una gestión sin respuesta, cuando la persona debe perseguir información o cuando teme que colaborar la deje más expuesta. No afirmamos que esto ocurra en todos los casos. Sostenemos algo más preciso: los indicadores públicos examinados no permiten reconstruir de manera integrada el recorrido de la víctima desde la denuncia hasta la investigación, la protección y el resultado judicial.

Una República segura no se limita a reducir homicidios. También garantiza que, cuando alguien denuncia una agresión, la autoridad competente actúe, explique, proteja y responda por el curso del caso. La denuncia no debe ser el punto en que termina la atención del Estado. Debe ser el punto en que comienza a hacerse verificable.