La reforma fiscal que no fue

Por muchos años he planteado que en la República Dominicana se realizaría una reforma fiscal amplia cuando se presente una crisis económica de magnitud y el Gobierno no pueda eludirla más, so pena de generar una catástrofe económica. Será entonces un acto de necesidad más que de arquitectura económica.

Y es que las dificultades para realizar una reforma fiscal son enormes por los intereses económicos antagónicos y porque los gobiernos rehúsan pagar el costo político de aumentar impuestos (aunque se disfrace con nombres rimbombantes como “reforma fiscal integral”, de aumentar impuestos o eliminar subsidios se trata).

Por un lado, la clase empresarial dominicana no domina como antes el escenario político y no puede imponer fácilmente sacrificios económicos a los demás sectores mientras mantiene sus privilegios.

Por el otro, en los últimos 20 años la clase media dominicana ha crecido y se desarrollaron las redes sociales que sirven para quejarse y protestar. Además, en la pospandemia se produjo una inflación que el pueblo dominicano ha asumido con estoicismo. Si a esa inflación se agregan impuestos, el descontento sería brutal, como se demostró en intentos de reforma fiscal anteriores.

Por su parte, el Estado dominicano opera con muchas ineficiencias: excesiva empleomanía, exenciones impositivas a vehículos para legisladores, barrilitos, cofrecitos, grandes déficits del sector eléctrico y mucha evasión fiscal. Todo eso dificulta legitimar ante el pueblo aumentos de impuestos.

Cuando el 7 de octubre de 2024 el presidente Luis Abinader presentó un proyecto de reforma fiscal, la reacción en contra de amplios sectores fue inmediata y con justa razón.

Ese proyecto establecía impuestos y eliminaba subsidios a diestra y siniestra. Hubo reacciones negativas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las vistas públicas del Congreso y algunos cacerolazos. Todo eso a pesar de que el Gobierno había convencido a muchos opinantes de su necesidad.

Pocos días después, el presidente Abinader retiró el proyecto del Congreso, diciendo que había escuchado a la gente. Así que, después de tanto cacarear desde 2021 la necesidad de una reforma fiscal, el Gobierno reculó.

La secuencia rápida de eventos en aquel 2024 mostró que la intención del Gobierno no era realmente aprobar una reforma fiscal en ese momento, por más que quisiera recaudar, sino escenificar un intento.

Ahora, el aumento del precio de los combustibles a nivel internacional creó las condiciones para que el Gobierno dominicano volviera a intentar un aumento de impuestos. Esta vez, sin embargo, fue modesto y prudente en sus objetivos, y rápido en su concreción.

La recién aprobada Ley 30-26 no aumentó la tasa del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni amplió su base a productos de primera necesidad; tampoco aumentó el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI), figuras impositivas detestadas por la clase media en sus distintos estratos.

Con esa mini reforma impositiva, el Gobierno de Abinader espera completar su mandato con un poco de holgura presupuestaria.

Queda por ver si el Gobierno se embarcará en un desmonte de subsidios a solo dos años del proceso electoral, o no. El contexto internacional marcará las pautas.