La profesionalización de las compras públicas: una condición para el éxito de la Ley 47-25

La aprobación de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas ha sido presentada como un importante avance para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de los recursos del Estado. Sin embargo, existe un aspecto que suele recibir menos atención que las nuevas reglas, las sanciones o los mecanismos de control: la capacidad de las personas encargadas de aplicar la ley.

En materia de contratación pública, una buena legislación es indispensable, pero no suficiente. Ninguna reforma normativa puede alcanzar sus objetivos si quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla carecen de la preparación técnica necesaria. Por ello, la verdadera prueba de éxito de la Ley 47-25 no se encontrará únicamente en el texto legal, sino en el nivel de profesionalización de las unidades de compras públicas.

La contratación pública es una actividad cada vez más compleja. Los servidores públicos deben gestionar procedimientos sujetos a principios de transparencia, igualdad, competencia y eficiencia. Deben, además, interpretar normas jurídicas, elaborar pliegos de condiciones, evaluar ofertas, administrar riesgos, prevenir conflictos de interés y utilizar plataformas tecnológicas especializadas. Se trata de funciones que requieren conocimientos técnicos y actualización constante.

Con frecuencia, cuando se producen irregularidades en los procesos de contratación, el debate público se concentra en posibles actos de corrupción. Sin embargo, una parte importante de los problemas también puede originarse en errores administrativos, interpretaciones incorrectas de la normativa o deficiencias en la gestión de los procedimientos. En estos casos, la capacitación se convierte en una herramienta preventiva tan importante como los mecanismos de fiscalización y control.

La Ley 47-25 apuesta por una contratación pública más moderna y exigente. No obstante, esa modernización solo será posible si las instituciones invierten en el fortalecimiento de su capital humano. De poco sirve establecer nuevas obligaciones legales si quienes deben cumplirlas no cuentan con la formación adecuada para hacerlo de manera eficiente y conforme al ordenamiento jurídico.

En este sentido, la profesionalización debe entenderse como una política pública permanente y no como una actividad ocasional. La capacitación continua, la certificación de competencias y la especialización de los servidores públicos dedicados a las compras gubernamentales deben ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda de reforma administrativa. Asimismo, resulta necesario promover una cultura institucional basada en la ética pública, la integridad y la responsabilidad en el manejo de los fondos estatales.

La experiencia comparada demuestra que los sistemas de contratación pública más eficientes no son necesariamente aquellos con la legislación más extensa o más severa, sino aquellos que cuentan con funcionarios capacitados para aplicar correctamente las normas y tomar decisiones técnicas fundamentadas. La calidad de una institución depende, en gran medida, de la calidad de las personas que la integran.

Por esa razón, la implementación de la Ley 47-25 plantea un desafío que va más allá de la aprobación de nuevas disposiciones legales. El verdadero reto consiste en garantizar que cada unidad de compras pública disponga de personal preparado para responder a las exigencias del nuevo marco normativo. De lo contrario, existe el riesgo de que las aspiraciones de transparencia y eficiencia que inspiran la reforma queden limitadas al papel.

La contratación pública representa una de las principales vías mediante las cuales el Estado transforma recursos financieros en bienes, servicios y obras para beneficio de la ciudadanía. Asegurar que quienes administran esos procesos cuenten con las competencias necesarias no es un lujo ni una opción secundaria; es una condición indispensable para el buen gobierno.

La Ley 47-25 ofrece una oportunidad histórica para fortalecer la gestión pública dominicana. Aprovecharla dependerá no solo de la calidad de la norma, sino también de la decisión de invertir en la profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de convertir sus principios en resultados concretos.

Además, la profesionalización de las unidades de compras públicas contribuye directamente a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Cuando los procesos de contratación son gestionados por personal capacitado, las decisiones administrativas tienden a ser más transparentes, previsibles y fundamentadas, reduciendo los márgenes para la discrecionalidad y los errores que pueden afectar la credibilidad institucional. La confianza pública constituye un elemento esencial para la legitimidad de la gestión gubernamental, especialmente en un contexto donde la sociedad demanda cada vez mayores niveles de rendición de cuentas y uso responsable de los recursos públicos.

Igualmente, la implementación efectiva de la Ley 47-25 requiere una visión estratégica que articule la formación de los servidores públicos con los objetivos de desarrollo institucional del país. La inversión en capacitación no debe verse como un gasto adicional, sino como una herramienta para mejorar la calidad del gasto público, optimizar la ejecución presupuestaria y garantizar mejores resultados para la ciudadanía. En la medida en que las instituciones cuenten con equipos especializados y comprometidos con las mejores prácticas de contratación pública, será posible consolidar un sistema más eficiente, competitivo y orientado al interés general, en consonancia con los principios que inspiran la nueva legislación.