En República Dominicana, el debate sobre los fondos de pensiones creados mediante la Ley No.87-01 se ha centrado —con justa razón— en las bajas tasas de reemplazo que ofrecerá el sistema de capitalización individual. Se ha cuestionado la distancia entre lo aportado y lo recibido, y la falsa promesa de seguridad en la vejez. Sin embargo, existe un daño colateral igualmente estructural y aún menos discutido: la forma en que el actual modelo ha frenado el desarrollo de la innovación financiera en el país.

Según los últimos datos disponibles, las AFP administraban más de RD$1.1 billones. Este volumen de ahorro obligatorio, legítimamente social, podría ser un motor clave de modernización económica. Sin embargo, su uso ha estado marcado por una lógica de concentración y reciclaje, no de transformación. Cerca del 49 % del portafolio está colocado en bonos del Ministerio de Hacienda, y otro 19 % en instrumentos del Banco Central. Es decir, más de dos tercios de los fondos están destinados a financiar al Estado. Pero lo más preocupante ocurre en la franja restante: las inversiones en el sector privado no escapan a la lógica de concentración. Una proporción significativa se dirige a entidades financieras o vehículos de inversión vinculados a los mismos grupos económicos que controlan las AFP. En lugar de diversificar, el sistema se reproduce a sí mismo. El ahorro previsional no financia nuevos sectores: refuerza los ya dominantes, consolidando una arquitectura cerrada, autorreferencial y de escasa transparencia.

Este diseño no es una simple desviación: es la consecuencia de una arquitectura circular que prioriza la preservación formal del capital sobre la creación de valor. Bajo el pretexto de minimizar riesgos, se ha impuesto una gestión pasiva que evita toda fricción, toda apuesta transformadora que beneficie a los cotizantes. Las AFP invierten sin horizonte productivo, sin visión de impacto, y sin asumir ningún riesgo que no sea transferido completamente al afiliado.

Comisiones para las AFP en un mar de oportunidades perdidas. Y sin embargo, el sistema garantiza a las AFP comisiones significativas. Cobran por gestionar saldos acumulados como si se tratara de una estrategia activa y sofisticada. Pero no hay exploración de nuevas oportunidades, ni innovación en los portafolios, ni apertura real hacia sectores emergentes. Es una gestión estática, blindada por la regulación, que remunera la inercia en la administración de una riqueza ajena. Una renta regulada, disfrazada de prudencia financiera.

Mientras las AFP garantizan sus ingresos a través de comisiones por una gestión que se presenta como activa, en realidad están transfiriendo la carga del riesgo a los cotizantes. Esta falta de alineación de intereses crea un escenario en el que los trabajadores financian la inercia de las AFP, que se benefician de la administración de fondos sin comprometerse a generar un retorno significativo o a diversificar sus inversiones.

La Ausencia de Innovación Financiera como Estrategia. Un reflejo evidente de esta ausencia de innovación es la gestión misma de activos financieros. Mientras los fondos previsionales modernos acceden a mercados internacionales, utilizan instrumentos derivados y participan en plataformas globales para diversificar y sofisticar sus inversiones, las AFP dominicanas permanecen atrapadas en métodos básicos y domésticos. Este rezago no es casualidad: es producto de una cultura institucional que evita la innovación financiera, prefiriendo mantener estructuras cerradas y previsibles que aseguran beneficios a los gestores, aunque sacrifiquen oportunidades para los trabajadores cotizantes y para el desarrollo del mercado financiero en el país.

En contextos más dinámicos, los fondos de pensiones han sido actores fundamentales de la innovación financiera:  desarrollan productos de cobertura, diversifican el crédito, invierten en fondos cotizados de liquidez inmediata. Aquí, en cambio, el ahorro previsional se ha convertido en un capital inmóvil, que no dinamiza el mercado ni amplía el acceso a productos innovadores. Su función redistributiva ha sido suplantada por una lógica de resguardo institucional.

El marco regulatorio ha sido, hasta ahora, permisivo. No establece límites estrictos de concentración por grupo económico, ni garantiza una separación efectiva entre la administración de los fondos y los intereses corporativos que los reciben. El principio fiduciario —que debería obligar a maximizar el interés del cotizante— ha sido interpretado bajo un estándar mínimo: basta con que no haya gran pérdida nominal. Pero esa visión contable ignora el costo de oportunidad de no generar impacto, de no diversificar, de no construir mercado.

Esa omisión tiene consecuencias reales. No hay innovación financiera sin riesgo razonable. No hay ecosistema competitivo sin nuevos actores ni instrumentos. Y no puede haber legitimidad previsional cuando el capital de los trabajadores se mantiene cautivo, perdiendo valor sin voz ni retorno proporcional. El sistema, así como está, premia la inercia y penaliza la transformación.

Reformar el modelo no es un reto contable, sino una tarea estructural. Implica establecer límites legales claros a la concentración de inversiones, prohibir la autoinversión encubierta, redefinir el régimen de comisiones bajo criterios de rentabilidad real y responsabilidad fiduciaria, y reorientar el capital acumulado hacia instrumentos que generen valor económico y diversificación financiera. Un sistema que administra el ahorro de millones no puede operar sin transparencia, sin competencia y sin impacto medible en la economía nacional.

Mientras las AFP sigan siendo estructuras blindadas que cobran por administrar sin innovar, el sistema de pensiones seguirá funcionando como un dispositivo de extracción y concentración. No solo están fallando en su promesa de pensiones dignas: están bloqueando activamente cualquier posibilidad de modernizar el sistema financiero dominicano y perpetuando un modelo que, como todos sabemos, nunca ha priorizado a quienes sostienen con sus recursos este sistema.

Angel Santana Gómez

Abogado y consultor

Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM (2001). Maestría en Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid (2006) y Máster en Derecho Internacional de Negocios y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales, París, (2010) (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales - ESSEC). Previamente abogado asociado en la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández en Rep. Dominicana y actual Director Legal en la división de banca de inversiones y servicios globales de valores del banco Societe Generale en Francia, encargado del área de servicios financieros a emisores de acciones y obligaciones cotizadas en las bolsas de valores europeas y financiamientos estructurados a fondos de inversiones públicos y privados. Miembro del comité de estudio de emisores de valores del observatorio jurídico de la Asociación Francesa de Profesionales del Mercado de Valores (AFTI por sus siglas en Francés) y miembro de la Asociación Nacional de Juristas de Bancos franceses (ANJB). Instructor y conferencista sobre reglamentación financiera, custodia de valores y servicios post trade, operaciones financieras en los mercados de capitales, financiamientos estructurados internacionales y fondos de inversión.

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