La nueva geopolítica mundial y los desafíos estratégicos de la República Dominicana

El sistema internacional atraviesa una de las etapas de mayor transformación desde el final de la Guerra Fría. La progresiva pérdida de predominio del orden unipolar, el ascenso de nuevas potencias, la competencia estratégica entre Estados y la creciente influencia de actores no estatales han dado origen a un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre, la fragmentación y la complejidad. En este nuevo contexto, la seguridad nacional ha dejado de limitarse al ámbito estrictamente militar para abarcar dimensiones políticas, económicas, tecnológicas, sociales, ambientales e informacionales.

El Foro Económico Mundial sostiene que la confrontación geopolítica, la competencia tecnológica, los riesgos climáticos, la polarización social y la creciente fragmentación del sistema internacional constituyen algunos de los principales factores de riesgo para la estabilidad global durante la presente década (World Economic Forum [WEF], 2026). Estas dinámicas configuran un entorno estratégico en el que los Estados deben adaptarse simultáneamente a amenazas tradicionales y no tradicionales.

En consecuencia, la seguridad de los Estados ya no depende exclusivamente de su capacidad militar. La experiencia reciente demuestra que los riesgos derivados de los ciberataques, el crimen organizado transnacional, la migración irregular, las campañas de desinformación, el cambio climático, la interrupción de las cadenas globales de suministro, las crisis sanitarias y el debilitamiento institucional poseen un elevado potencial para comprometer la estabilidad política y el desarrollo económico de las naciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que las amenazas cibernéticas han adquirido un carácter eminentemente geopolítico, al convertirse en instrumentos utilizados tanto por organizaciones criminales como por actores estatales para afectar infraestructuras críticas, sistemas financieros, redes energéticas y plataformas gubernamentales, incrementando significativamente la vulnerabilidad de las economías modernas (OCDE, 2026).

En el ámbito regional, el Caribe enfrenta un desafío particularmente complejo derivado del profundo deterioro político, institucional y de seguridad que experimenta Haití. La expansión del control territorial ejercido por organizaciones criminales, el debilitamiento de las instituciones estatales, el incremento de los desplazamientos forzados, la violencia generalizada y el deterioro de las condiciones humanitarias han convertido esta crisis en uno de los principales factores de inestabilidad del hemisferio occidental. Diversos organismos internacionales y medios especializados coinciden en que la violencia de las pandillas ha trascendido el área metropolitana de Puerto Príncipe y se ha extendido hacia otras regiones del territorio haitiano, agravando la crisis de gobernabilidad (Naciones Unidas, 2026).

Para la República Dominicana, la situación haitiana constituye el principal desafío estratégico de su entorno inmediato. Sin embargo, reducir este fenómeno exclusivamente al componente migratorio representaría un error de apreciación estratégica. La crisis haitiana posee una naturaleza multidimensional que involucra aspectos relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen organizado transnacional, la estabilidad regional, la gobernanza democrática, la seguridad humana, la cooperación internacional y la preservación de la soberanía nacional.

La presión migratoria irregular, el tráfico ilícito de armas, la trata y el tráfico de personas, el contrabando, el lavado de activos, la expansión de organizaciones criminales, así como la creciente demanda sobre los servicios públicos nacionales, representan riesgos que requieren respuestas integrales y sostenidas. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha destacado la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación fronteriza entre Haití y la República Dominicana como herramienta fundamental para combatir el crimen organizado transnacional y mejorar la gobernanza en corredores estratégicos como Dajabón–Ouanaminthe (UNODC, 2026).

A estas amenazas regionales se agregan otros desafíos de naturaleza global que afectan directamente a la República Dominicana. La alta dependencia del turismo, de las importaciones energéticas y de los mercados internacionales incrementa la exposición del país frente a crisis económicas externas, conflictos internacionales y perturbaciones de las cadenas logísticas mundiales. De igual manera, la creciente digitalización de la economía nacional exige fortalecer las capacidades de ciberseguridad para proteger las infraestructuras críticas del Estado, el sistema financiero, las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos y los servicios esenciales.

Desde una perspectiva estratégica, las principales amenazas para la República Dominicana pueden agruparse en siete grandes categorías:

• Amenaza fronteriza y migratoria: incremento de los flujos migratorios irregulares, presión sobre los servicios públicos, desafíos para el control territorial y mayores exigencias para la seguridad fronteriza. Esta amenaza encuentra respaldo en los reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que monitorean los movimientos y retornos forzados en la frontera domínico-haitiana, así como en los datos oficiales de la Dirección General de Migración, que informó la deportación de 67,940 inmigrantes indocumentados en enero y febrero de 2026 (OIM, 2026; DGM, 2026).
• Amenaza criminal: expansión de redes vinculadas al narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, contrabando y lavado de activos. Esta amenaza se sustenta en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), que advierten sobre economías ilícitas, corrupción e inseguridad en Haití, así como en sus iniciativas para fortalecer el control de armas en la República Dominicana y la persecución del crimen organizado regional (UNODC, 2025; UNODC, 2026).
• Amenaza institucional: corrupción administrativa, debilitamiento del Estado de derecho, insuficiente coordinación interinstitucional y vulnerabilidades en la gobernanza pública. Esta categoría se apoya en los indicadores de Transparencia Internacional, que ubican a la República Dominicana con una puntuación de 37 en el Índice de Percepción de la Corrupción, así como en el informe regional del PNUD, que advierte que las democracias de América Latina y el Caribe enfrentan presiones crecientes en materia de legitimidad, gobernanza y confianza institucional (Transparencia Internacional, 2025; PNUD, 2026).
• Amenaza económica: dependencia de factores externos, vulnerabilidad del sector turístico, inflación importada, volatilidad financiera y disrupciones en las cadenas internacionales de suministro. El Banco Mundial señala que el crecimiento dominicano depende de sectores altamente expuestos al entorno externo, especialmente turismo, exportaciones, inversión extranjera y remesas; también registra presiones inflacionarias asociadas a alimentos, fenómenos climáticos y condiciones financieras (Banco Mundial, 2026).
• Amenaza cibernética: ataques dirigidos contra infraestructuras críticas, entidades financieras, sistemas gubernamentales y redes estratégicas de información. Esta amenaza está respaldada por la OCDE, que advierte sobre el vínculo creciente entre riesgos cibernéticos y tensiones geopolíticas, y por la OEA, que trabaja con los Estados miembros en estrategias nacionales de ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y creación de capacidades institucionales (OCDE, 2026; OEA, 2025).
• Amenaza climática: huracanes, sequías prolongadas, elevación del nivel del mar, escasez de recursos hídricos y afectaciones crecientes a la seguridad alimentaria y energética. El Banco Mundial advierte que los peligros climáticos afectan la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la seguridad humana; mientras que perfiles climáticos sobre la República Dominicana destacan el aumento de días secos, el riesgo de elevación del nivel del mar, la presión sobre los recursos hídricos y la amenaza a la seguridad alimentaria (Banco Mundial, 2025; UNEP, 2026).
• Amenaza informacional: campañas de desinformación, manipulación de redes sociales, operaciones de influencia extranjera y procesos de polarización política y social. Esta amenaza se fundamenta en los reportes de International IDEA, que advierten sobre el incremento de la polarización política, los ataques a instituciones electorales y la difusión de noticias falsas en América Latina y el Caribe; también en estudios de la OCDE sobre espacio cívico, libertad de expresión, prensa y combate a la desinformación según: (OCDE, 2025; International IDEA, 2026). Frente a este escenario, la respuesta del Estado dominicano a través del gobierno debe sustentarse en un enfoque integral de seguridad y defensa nacional. El fortalecimiento de la frontera terrestre constituye únicamente uno de los componentes de una estrategia mucho más amplia que debe incorporar inteligencia estratégica, cooperación internacional, diplomacia preventiva, fortalecimiento institucional, desarrollo fronterizo, vigilancia marítima y aérea, resiliencia económica, transformación digital y capacidades avanzadas de ciberdefensa.

En consecuencia, resulta indispensable consolidar un modelo de seguridad nacional que articule eficazmente las capacidades del Estado, fortalezca la coordinación entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad pública, promueva la cooperación internacional y preserve el equilibrio entre la protección de la soberanía y el respeto al derecho internacional.

Por lo que, República Dominicana ocupa una posición geopolítica particularmente sensible dentro del Caribe, su estabilidad democrática, crecimiento económico y ubicación estratégica la convierten tanto en un actor regional de importancia como en un Estado expuesto a múltiples riesgos derivados de la inestabilidad internacional y de la crisis haitiana.

En este contexto, la preservación de la soberanía, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la modernización del sistema nacional de seguridad y defensa y la protección permanente de los intereses nacionales deben constituir prioridades fundamentales de la política estratégica del Estado dominicano. Solo mediante una visión integral, preventiva y prospectiva será posible enfrentar con eficacia los desafíos del siglo XXI y garantizar condiciones sostenibles de seguridad, desarrollo y estabilidad para las futuras generaciones.