La necesaria indexación salarial

La discusión sobre la indexación salarial en la República Dominicana trasciende lo técnico: es un asunto de justicia económica, de formalización laboral y de salud macroeconómica. En un contexto de desaceleración del crecimiento, pérdida de poder adquisitivo y expansión de la informalidad, mantener congeladas las escalas salariales e impositivas constituye un error que perjudica directamente a la clase trabajadora y limita el desarrollo del país.

1. Indexar los salarios impulsaría la reactivación económica

La economía dominicana depende en gran medida del consumo interno. Ajustar los salarios conforme a la inflación permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido, dinamizando el comercio, estimulando la producción y generando nuevas contrataciones. Una economía con salarios reales estables es una economía más dinámica, más sólida y con mejores perspectivas de crecimiento.

2. La indexación fortalecería la recaudación a través de impuestos indirectos

Lejos de representar una pérdida fiscal, la indexación salarial impulsa la actividad económica y, con ella, la recaudación del ITEBIS, del selectivo al consumo y de otras fuentes tributarias vinculadas al movimiento comercial. Una economía que se mueve, recauda más; una economía estancada, recauda menos. La indexación es, en este sentido, una herramienta procrecimiento.

3. La falta de indexación está empujando tanto a empresas como a trabajadores hacia la informalidad 

El rezago de las escalas salariales y tributarias no solo afecta a las empresas: también provoca que los trabajadores prefieran mantenerse en la informalidad para evitar cargas fiscales desalineadas con la realidad económica. Cuando el salario formal se ve castigado por impuestos calculados sobre escalas desactualizadas, la consecuencia es inevitable: crece la informalidad y se debilita la base contributiva del país.

4. No indexar castiga al trabajador y financia el clientelismo estatal 

Mantener congeladas las escalas salariales equivale a imponer un impuesto oculto sobre la clase trabajadora formal. El resultado es un traslado de recursos desde quienes producen hacia estructuras asistenciales, clientelares y gastos sin justificación técnica ni social. La no indexación perpetúa un modelo injusto: castiga al trabajador productivo y favorece la dependencia estatal.

Conclusión 

La indexación salarial no es un lujo ni una concesión política: es una medida indispensable para proteger a la clase trabajadora, reactivar la economía, reducir la informalidad y frenar el clientelismo. El país no puede seguir aplazando esta discusión. La justicia económica, la competitividad y el desarrollo sostenible requieren una indexación salarial inmediata y responsable.