La mañana siguiente: la apuesta dominicana por prepararse para recuperarse

Hay una imagen a la que volvemos con frecuencia. Una familia dominicana después de una noche de lluvias extremas. La emergencia inmediata ya pasó: están a salvo, llegó la ayuda, hubo respuesta. Eso es lo primero y lo más importante: salvar vidas. Pero entonces amanece, y con la luz del día llega una pregunta mucho más difícil de responder: ¿cómo se recupera una vida, una comunidad, un territorio? ¿Cómo se protege a quienes perdieron ingresos, vivienda o medios de vida? ¿Cómo se aprovecha ese proceso para no reconstruir las mismas vulnerabilidades de siempre?

Esa mañana siguiente es el verdadero terreno de la recuperación. Y es también la razón por la que, a finales de junio, cerca de ochenta técnicos de instituciones públicas, gobiernos locales, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional pasaron tres días trabajando juntos en el taller “Recuperar para Transformar”, el primer hito en la construcción del Marco Nacional de Recuperación de la República Dominicana. Un proceso que lidera el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, con el acompañamiento del PNUD y el apoyo de la Unión Europea, y que constituye una de las conversaciones de Estado más necesarias que el país ha emprendido: decidir, antes del próximo desastre, cómo se organizará el día después.

Prepararse cuesta menos que reconstruir

La República Dominicana conoce bien los desastres. El huracán Georges marcó un antes y un después; luego llegaron Jeanne, las tormentas Noel y Olga, los huracanes Irma, María, Fiona, la pandemia de COVID-19, las lluvias extraordinarias de noviembre de 2023, entre otros que dejaron huellas todavía visibles. En cada uno de esos episodios la prioridad fue, con razón, proteger la vida y atender la emergencia. Pero esas mismas experiencias dejaron la misma lección: el país ha aprendido a responder, pero no cuenta todavía con un instrumento que organice de antemano lo que viene después de la respuesta.

Las cifras ayudan a dimensionar lo que está en juego. El Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos indica que uno de cada cuatro hogares dominicanos en la base de datos del Siuben se encuentra en situación de alta vulnerabilidad frente a eventos climáticos. Estimaciones del BID y del Banco Mundial sitúan las pérdidas anuales esperadas por ciclones tropicales en torno a los 676 millones de dólares, un 2.3 % del PIB. Y existe una probabilidad del 1 % de que un huracán catastrófico genere pérdidas superiores a los 13,800 millones de dólares.

No compartimos estos datos para alarmar. Los compartimos porque detrás de cada cifra hay trayectorias de desarrollo que pueden retroceder en cuestión de horas, y porque reconocer esa realidad con franqueza es lo que permite construir, desde ahora, bases más sólidas para una recuperación más justa y rápida. La recuperación no comienza cuando termina la emergencia, sino durante la preparación, mediante arreglos institucionales, financieros y de gobernanza establecidos con anticipación.

Tres días de compromiso institucional y multisectorial

Lo más valioso del taller fue el nivel de compromiso de los equipos técnicos participantes. Los grupos de trabajo revisaron, acompañados por ocho expertos de la región, indicador por indicador, las capacidades reales del país para planificar, financiar y monitorear la recuperación. Ese ejercicio de revisión honesta —reconocer fortalezas y admitir brechas— vale tanto como cualquier documento que salga del proceso.

De las discusiones emergió, además, una visión notablemente convergente. El primer día se centró en los fundamentos: una recuperación alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, guiada por el principio de reconstruir mejor, con enfoque de género, atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y una mirada territorial. Los participantes coincidieron en que el país necesita avanzar hacia un marco normativo propio para la recuperación; entre las opciones planteadas, un decreto que defina con precisión quién lidera, quién ejecuta y quién rinde cuentas.

También se habló de recursos financieros, que es donde las buenas intenciones suelen encontrarse con la realidad. De los grupos de trabajo surgieron propuestas concretas que merecen ser evaluadas: hacer obligatorio el etiquetado del gasto de recuperación para distinguirlo del gasto rutinario, crear un fondo específico para la recuperación temprana y asegurar que los municipios puedan acceder a recursos sin depender de una declaratoria de emergencia nacional. Se valoraron, además, avances que ya existen y que pocas veces se visibilizan, como el clasificador presupuestario de gestión de riesgo o el piloto de Supérate que incorpora seguros paramétricos para hogares encabezados por mujeres.

La recuperación se decide en el territorio

Hay una dimensión que atraviesa todo lo anterior y que merece nombrarse con claridad: la recuperación ocurre —o fracasa— en el territorio. El ordenamiento territorial no comienza después del desastre; es precisamente el instrumento que permite reducir las pérdidas antes de que el desastre ocurra y orientar una recuperación que disminuya, en lugar de reproducir, las vulnerabilidades. Dónde se reconstruye una vivienda, sobre qué suelo se levanta una escuela, cómo se reordena un barrio después de una inundación: cada una de esas decisiones define si el país reduce su vulnerabilidad o la reproduce. Recuperar sin ordenamiento territorial es, con demasiada frecuencia, reconstruir el riesgo en el mismo lugar donde el desastre lo encontró.

La reciente Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos ofrece una plataforma institucional para integrar la recuperación post desastre dentro de una visión territorial de largo plazo. Por eso el Marco Nacional de Recuperación no puede ser únicamente un instrumento sectorial o financiero: debe apoyarse en la planificación territorial, en información precisa sobre los asentamientos en zonas de riesgo y en el fortalecimiento de las capacidades municipales. No todos los municipios parten del mismo punto, y una recuperación justa exige reconocer esas diferencias y comenzar a cerrar esas brechas antes de la emergencia. La perspectiva territorial que los participantes del taller pusieron sobre la mesa no es un complemento del proceso: es una de sus condiciones de éxito.

De taller a política de Estado

El taller no fue un punto de llegada sino de partida. Sigue ahora la elaboración de la primera versión del Marco Nacional de Recuperación. El reto principal será sostener la continuidad del proceso e integrar en una sola estrategia nacional las distintas hojas de ruta que hoy conviven de manera dispersa.

El país tiene a su favor una alineación institucional que no puede darse por sentada: liderazgo político desde el Ministerio de la Presidencia, anclaje técnico-financiero en el Ministerio de Hacienda y Economía, y articulación con la arquitectura nacional de gestión del riesgo. Aprovechar ese momento es una responsabilidad compartida. Si el proceso llega a buen puerto, la República Dominicana estará entre los primeros países de América Latina y el Caribe en contar con la recuperación post-desastre como una verdadera política de Estado.

Este proceso muestra, además, lo que puede lograrse cuando el liderazgo nacional y la cooperación internacional caminan en la misma dirección: el Estado dominicano define el rumbo y conduce el proceso; el PNUD acompaña poniendo a disposición la experiencia acumulada en procesos de recuperación en toda la región. Esa división del trabajo no es un formalismo: es la condición para que el resultado sea sostenible y genuinamente dominicano.

Volvemos, para cerrar, a aquella familia. Después de una noche difícil, no necesita únicamente sobrevivir. Necesita saber que existe un Estado que se preparó con tiempo, que organizó prioridades, que previó recursos y que es capaz de convertir la recuperación en una oportunidad para salir adelante con más fuerza. Eso es lo que empezó a construirse en esos tres días de junio. Y por eso la decisión más importante no fue ninguna de las que se tomaron en el taller, sino la de haberlo convocado antes de que ocurra el próximo desastre.

Por Domingo Matias, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia, y Ana María Díaz, representante residente del PNUD en República Dominicana.