Frente a la pobreza que acogota al “sur profundo”, en agosto 2020 el presidente Abinader anunció la seria intención de desarrollar el turismo en Pedernales. Desde entonces el proyecto turístico de Cabo Rojo ha avanzado bastante, pero solo ha sido hasta hace días que ha captado inversionistas privados para su expansión y desarrollo. Este logro se perfila como un punto de inflexión clave para alcanzar las metas. No se conocen los detalles de la selección de un “socio estratégico”, pero el hecho representa una “luminosa posibilidad” de éxito para el proyecto.
“El proyecto está concebido para realizarse en cuatro fases en un periodo de 10 años, con una inversión estimada de US$2,245 millones. En la primera fase se estipula una inversión de US$1,300 millones para la construcción de 4,700 habitaciones (que se convertirán en 12,000 habitaciones al final del proyecto). En esta primera fase se construirá también un aeropuerto internacional, un centro comercial y se concluirán todas las obras de infraestructuras básicas necesarias, como la construcción de un acueducto, una planta de tratamiento de aguas y un sistema de transmisión eléctrica.” También algunas de las vías interiores del proyecto. Hasta julio 2024 el gobierno reportó haber invertido RD$3,000 millones, mientras la inversión privada era de US$130 millones (en el muelle de Port Cabo Rojo).
Como el Estado no está llamado a fungir como empresario, la necesidad de involucrar al sector privado en el proyecto de Cabo Rojo es muy entendible. Procurar un “socio estratégico” se justifica en tanto este aportará inversión, experiencia y capacidad técnica. Así se conseguiría también una mayor velocidad en la ejecución y un mercadeo más efectivo del proyecto. “El aporte de capital del Estado en el proyecto es a través de 36.6 millones de m2 de los terrenos con un valor de US$719 millones, que representarían un 32% del costo total del proyecto”. El propósito es impulsar una alianza público‑privada para construir una infraestructura turística de clase mundial.
Ese fideicomiso sería el propietario del aeropuerto, de la infraestructura vial y de servicios (aportada por el Estado, y tiene como subsidiaria a la Corporación Turística Cabo Rojo. En agosto 2024 fue promulgada la ley No.36-24, la cual creó esa sociedad comercial con la finalidad de que esta desarrolle y opere las infraestructuras de servicios, hoteleras, comerciales y otros para la promoción del proyecto y sus obras complementarias mediante la construcción, ejecución de proyectos, negocios, inversión, comercialización y administración. “El Estado tendrá un capital accionario en la misma que nunca será menor al 51% de su capital suscrito y pagado. En este sentido, el Estado -en calidad de fideicomitente del Fideicomiso Pro-Pedernales- podrá transferir los bienes y derechos del patrimonio fideicomitido que sean necesarios para aportar el capital social requerido para la constitución de la sociedad comercial y, como contraprestación por sus aportes, el Estado recibirá las acciones correspondientes al valor de los bienes aportados a través del Fideicomiso Pro-Pedernales”.
Con ese fin de captar inversionistas privados, en noviembre 2022 el Fideicomiso convocó a una Manifestación de Interés, pero a febrero 2023 no se recibieron propuestas y la licitación quedó declarada desierta. Más recientemente la licitación fue reabierta y, habiendo participado tres diferentes grupos empresariales, fue finalmente adjudicada al Consorcio de Cabo Rojo lidereado por el Grupo Punta Cana (GPC). La adjudicación fue hecha por un comité especial del Fideicomiso y contó con la participación, según foto aparecida en la prensa, de los ministros de la Presidencia (quien preside el Comité Administrativo del Fideicomiso), Hacienda, Administración Pública y Obras Públicas.
El GPC es una empresa pionera de exitosa trayectoria y activa participación en nuestra industria turística y en el mercado turístico internacional. Con más de 40 años de fundado, goza de una sólida trayectoria como cauteloso inversor y sus riesgos son prudentemente administrados. Su principal activo actualmente es el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el cual recibe aproximadamente un 60% de todos los turistas que visitan al país. Pero es además dueño de tres hoteles en operación en Punta Cana (Weston, Tortuga, Sheraton) y es socio del Hotel W Punta Cana de Uvero Alto. También está representado en el Hotel Hilton de Miches, el cual está actualmente en construcción.
El GPC sobresale en la Costa Este como un gestor de reputado sensibilidad ambiental y abanderado de la conservación. Su Fundacion Punta Cana es reconocida como promotora de las buenas prácticas ambientales: reciclado de desechos sólidos, protección de los corales, producción de abono orgánico, proyección de la avifauna de la region, etc. También es notable la responsabilidad social mostrada en el patrocinio de importantes proyectos educativos y de salud. Con ese perfil integral no se anticipa que su selección estratégico sea cuestionada en las redes sociales ni en ningún otro escenario público.
De la escasa información reportada por la prensa hasta ahora, sin embargo, quedan algunas interrogantes importantes sobre el socio estratégico que conviene que las autoridades diafanicen. Por ejemplo, mientras el periódico HOY informó en primera página que el Consorcio de Cabo Rojo haría una inversión de unos RD$7,000 millones –lo que equivale a unos US$116 millones— eso no resulta compatible con los US$600 millones que aspiraba originalmente el Fideicomiso de su socio estratégico. Lo segundo es que se ha alegado que el Consorcio sería el encargado del manejo total del proyecto, pero afortunadamente el presidente del GPC aclaró que eso era responsabilidad principal del Fideicomiso. También se ha reportado que el Consorcio sería socio minoritario, pero no se aclara si lo sería de la Corporación y cuál sería su aporte para adquirir que parte del accionariado. ¿Será el GPC quien opere los dos hoteles estatales en construcción? Todas estas interrogantes podrían ser aclaradas tan pronto se conozca el contrato que firmaría el Consorcio con el Fideicomiso, lo cual ha sido ya autorizado por el Comité Administrativo del Fideicomiso.
Finalmente, aunque no se ha informado quienes son los demás socios del Consorcio, es posible afirmar que el involucramiento de inversionistas privados en el proyecto de Cabo Rojo es un paso trascendental porque confirma sus buenas perspectivas futuras. La percepción de riesgo de inversionistas experimentados ha arrojado un balance positivo y eso confirma que Pedernales y la subregión a que pertenece tienen buenas y “luminosas posibilidades”.
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