La JCE patina en el mismo fango

La aprobación por la Junta Central Electoral (JCE) del Protocolo para el Registro Extraordinario, Digitalización o Reconstrucción de los Nacimientos de Personas de 60 Años o Más que Posean Cédula, del 26 de octubre de 2026, reactiva un problema institucional pendiente desde hace décadas.

La Ley núm. 6125, de 1962, disponía que las cédulas se expedirían conforme a las declaraciones juradas del formulario de solicitud. Su artículo 8 permitía exigir actas de nacimiento o reconocimiento cuando se considerase conveniente, pero no las hacía obligatorias en todos los casos. La propia ley ordenaba conservar archivos y duplicados de las cédulas expedidas.

La Ley núm. 8-92 reorganizó el sistema bajo la JCE y fusionó la cédula personal con el documento electoral. Su artículo 7 exigió la comparecencia personal y remitió la documentación a las leyes núms. 6125 y 55 de Registro Electoral. La Resolución núm. 40/96, del 15 de noviembre de 1996, estableció posteriormente el acta de nacimiento como soporte básico de las nuevas cédulas.

Ese cambio no resolvía la situación de quienes ya tenían cédula bajo el régimen anterior. En octubre de 2008, mediante la Resolución núm. 45-2008, la JCE reconoció que numerosas personas ceduladas carecían de actas de nacimiento y estableció un procedimiento especial para mayores de 60 años que utilizaban la identidad y filiación consignadas en sus documentos.

Casi veinte años después, la Junta vuelve sobre el mismo problema. Es justo reconocer que el protocolo de 2026 amplía los supuestos, contempla registros desaparecidos o deteriorados, incorpora la captura biométrica y permite la inscripción electrónica conforme a la Ley núm. 4-23. La Resolución 45-2008 tenía un alcance más limitado y exigía documentos adicionales, un declarante y ratificación judicial.

Pero la pregunta permanece: ¿qué ha ocurrido para que la JCE tenga que recurrir nuevamente a procedimientos extraordinarios frente a una situación que ya había identificado?

La Junta parece patinar en el mismo fango. No se cuestiona que adopte nuevas medidas, sino que las anteriores no hayan erradicado una dificultad que sigue afectando a familias.

Las consecuencias alcanzan a hijos y nietos. Una persona pudo vivir décadas con una cédula que consignaba solo su apellido materno; con ella se casó, declaró a sus hijos y realizó actos jurídicos. Sus descendientes construyeron sus relaciones familiares y patrimoniales sobre esa documentación.

No es una hipótesis. Conocimos el caso de una señora fallecida hace veinte años, cuyo número de cédula aparece en las actas de nacimiento de sus nueve hijos, en su acta de matrimonio y en contratos. Al solicitar sus descendientes una certificación para la determinación de herederos, la Junta respondió que esa cédula no existía o no figuraba en sus fuentes de datos.

Vivió bajo esa identidad, se casó y tuvo nueve hijos. Pero cuando la familia necesita acreditarla para ejercer derechos sucesorales, el Estado no encuentra el documento que expidió ni ofrece una vía administrativa clara.

La identidad existió para todos los efectos de la vida civil, pero parece desaparecer cuando la familia necesita que el Estado la certifique.

La falta de un documento no equivale a la inexistencia del hecho que debía acreditar. No es lo mismo un nacimiento nunca declarado que un acta perdida, destruida o que no aparece en los archivos. Ninguna situación permite presumir que la identidad sea falsa: antes de desconocerla, corresponde investigar las evidencias.

El problema se agrava ante la renovación de la cédula. El artículo 72, párrafos II y III, de la Ley núm. 20-23 exige aportar el acta de nacimiento y contempla incorporarla al expediente si no se presentó al expedir el documento. El Artículo 77 regula separadamente la cédula de identidad y electoral

La referida disposición debe aplicarse considerando el régimen vigente cuando se emitieron las cédulas anteriores. No puede convertirse en obstáculo para quienes obtuvieron legítimamente su documento cuando el acta no era exigible en todos los casos. ¿Cómo exigir un documento inexistente, perdido o que la propia Administración no logra localizar?

La solución no admite espera. La JCE ha reconocido que estas dificultades derivan, entre otras causas, del descuido, la omisión o la imprevisibilidad administrativa, y que sus consecuencias no deben recaer sobre los ciudadanos. Ese reconocimiento exige una respuesta permanente, no nuevos protocolos extraordinarios. La Junta no debe limitarse a reconocer el problema; debe resolverlo

Proponemos que la Junta establezca un Banco de Datos de Reclamaciones sobre Identidad y Registro Civil, abierto a los afectados y sus descendientes, con mecanismo de seguimiento de cada reclamación. La JCE debe conformar un equipo técnico y jurídico que consulte archivos históricos, contraste bases de datos y examine actas, contratos y demás evidencias para determinar la vía legal correspondiente a cada caso.

El mecanismo debe cuantificar y clasificar los casos, fijar plazos y ofrecer respuestas motivadas. No basta con recibir reclamaciones: hay que investigarlas y resolverlas. Si existen elementos que acrediten una identidad utilizada legítimamente durante décadas, la Administración debe procurar su solución definitiva por las vías legales, sin trasladar al ciudadano las consecuencias de las deficiencias documentales de la Administración.

No se puede exigir retrospectivamente un requisito que la legislación de la época no imponía, ni convertir en irregularidad del ciudadano una identidad que el propio Estado le permitió acreditar y utilizar.

La nueva cedulación debe saldar esta deuda institucional, no reproducir sus consecuencias. La JCE debe identificar a los afectados y ofrecer una solución práctica, permanente y respetuosa de sus derechos.

Detrás de cada expediente incompleto hay una persona y una historia familiar; a veces, generaciones que pagan las consecuencias de una identidad que el Estado reconoció, pero nunca terminó de documentar. El ciudadano no puede pagar los errores del Registro Civil.