La isla es una sola: ¿profecía autocumplida?

Stephen Miller y el margen dominicano para resistir

En junio de 2017, Donald Trump entró al Despacho Oval con una hoja sobre las visas concedidas durante los primeros meses de su gobierno. Según The New York Times, la leyó furioso; entre los destinatarios había miles de haitianos. La Casa Blanca negó las expresiones racistas que el reportaje atribuyó al presidente. El asesor que le había entregado aquella hoja era Stephen Miller.

Su nombramiento para sustituir a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca obliga a examinar una premisa peligrosa para la República Dominicana: que la hostilidad hacia los haitianos equivale a solidaridad con los dominicanos.

En Hatemonger (2020), Jean Guerrero reconstruye cómo Miller convierte sus convicciones en decisiones: restringir la admisión de refugiados, presionar a funcionarios por fuera de los canales ordinarios y aprovechar su acceso directo a Trump. Según su investigación, fue uno de los principales promotores de separar niños de sus padres para desalentar nuevas llegadas. Ese método importa tanto como su discurso. Su ascenso refuerza la posición desde la cual puede impulsar sus prioridades y presionar a quienes deban ejecutarlas.

Guerrero sitúa esa agenda en lo que ella llama una visión de nacionalismo blanco, que presenta la inmigración procedente de países no blancos como una amenaza. La cercanía de ciertos discursos dominicanos con el suyo exige, por tanto, un examen más serio. Compartir un rechazo no garantiza compartir intereses; tampoco asegura que los dominicanos queden fuera de sus efectos.

Para nosotros, el riesgo está en el destino de las personas que Washington quiere expulsar y en las responsabilidades que otros países acepten asumir. Una política que reduzca la presencia de migrantes en Estados Unidos puede trasladar a sus vecinos los costos de recibirlos y mantenerlos.

El país ya cuenta con un mecanismo que merece ese examen. El 12 de mayo de 2026, el Gobierno anunció un memorando no vinculante para recibir temporalmente a nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos. Lo presentó como una recepción limitada, sujeta a aprobación caso por caso y respaldada financieramente por Washington. Las explicaciones posteriores hablaron de treinta personas al mes y estancias breves. El texto excluye a haitianos y a menores no acompañados.

La copia publicada por Participación Ciudadana permite superar ese cupo por decisión dominicana, deja la permanencia sujeta al criterio de las autoridades y a la ley, contempla solicitudes de asilo y condiciona el financiamiento estadounidense a la disponibilidad de fondos. Estas disposiciones obligan a preguntar quién responde cuando el destino previsto no acepta a una persona o su situación exige protección. Una estancia anunciada como breve puede generar responsabilidades duraderas.

El memorando no acredita un proyecto de campos para haitianos. Hay que distinguir dos riesgos. Las deportaciones hacia Haití pueden agravar la presión sobre nuestra frontera sin que medie acuerdo dominicano alguno. Una administración con Miller en la jefatura de gabinete también podría solicitar ampliar el mecanismo existente, modificar sus exclusiones o añadir funciones de custodia. Eso requeriría decisiones dominicanas. Conviene fijar nuestra posición antes de que una petición llegue acompañada de presiones.

El archivo de 1994 ayuda a precisar lo que está en juego. Los documentos del Departamento de Estado que obtuve en 2006 mediante una solicitud de acceso a información muestran que Washington negociaba refugios temporales para haitianos con varios países de la región. El compromiso dominicano documentado consistía en permitir el tránsito de personas cuya admisión como refugiados en Estados Unidos ya estaba aprobada; así lo registraba una guía de prensa del 17 de agosto de 1994. Los documentos divulgados que examiné no muestran una propuesta de instalar campos en territorio dominicano.

El miedo a la unión de la isla también se utilizó contra José Francisco Peña Gómez, como documentó André Corten. Esa historia exige distinguir lo negociado de lo agitado en la política interna. La pregunta vigente es concreta: ¿permitimos el paso hacia un país que ya ha aceptado recibir a esas personas, o asumimos su permanencia mientras se busca quién las reciba?

La diferencia tiene consecuencias materiales. En 2019, «Quédate en México» obligó a solicitantes de asilo a esperar allí mientras sus casos se tramitaban en Estados Unidos. En Matamoros terminaron viviendo en un campamento improvisado, como documentó Médicos Sin Fronteras. Una política de traslado puede producir las condiciones de un campo sin anunciar su construcción. Quienes solo esperen ver carpas en una propuesta oficial podrían reconocer demasiado tarde el problema.

La presión comercial ofrece otro instrumento. En 2019, México acordó reforzar el control migratorio y desplegar su Guardia Nacional en la frontera sur tras una amenaza arancelaria de Trump. Es un precedente que obliga a prepararse para las exigencias que pueda impulsar Miller.

El recargo del 12.5% aplicado en julio a productos dominicanos, con excepciones, responde a objeciones estadounidenses sobre las importaciones elaboradas con trabajo forzoso. Su fundamento publicado no demuestra que Washington haya exigido concesiones migratorias a cambio de reducirlo. Pero la posibilidad de vincular ambos asuntos merece preparación. Proteger exportaciones y empleos es una responsabilidad pública; cualquier compromiso migratorio asociado tendría costos que también deben examinarse y que pagaría el país entero.

Frente a ese riesgo, la afirmación de que no podemos resistir entrega demasiado antes de negociar. La desigualdad de poder es real. También lo son las decisiones que nos corresponden. El propio memorando reserva a las autoridades dominicanas la aceptación de cada traslado y permite terminar la participación. Ejercer esas facultades puede tener costos políticos; una política exterior responsable debe anticiparlos, preparar alternativas y reunir respaldo para sostener la decisión. El mismo archivo de 1994 lo ilustra: el primer ministro de Barbados respaldó la política estadounidense hacia Haití, pero no comprometió las tropas que Washington le pedía; alegó recursos limitados y dejó abierta la conversación.

En enero escribí sobre el realismo que se vuelve excusa: una resignación moral presentada como lucidez. Frente a Washington debemos poder decidir qué aceptar, qué condicionar y qué rechazar. La cooperación puede incluir el retorno de nuestros nacionales con debido proceso, la asistencia consular y la persecución de las redes de trata, sin asumir como propias todas las prioridades de la Casa Blanca.

Esa posición requiere medidas concretas. El Ejecutivo debe dar acceso a la versión del memorando que aplica, explicar sus modificaciones y rendir cuentas sobre las personas recibidas, la duración de sus estancias, sus destinos y los costos asumidos; la noticia de septiembre sobre una aeronave llegada a San Isidro desde El Paso dejó preguntas que siguen sin respuesta. El Congreso debe fiscalizar el mecanismo y examinar si, por su contenido y alcance, requiere aprobación legislativa. Mientras se revisa su continuidad, debemos oponernos a ampliarlo. Cualquier cambio debe preservar las garantías de quienes ya se encuentren bajo jurisdicción dominicana.

El Gobierno necesita construir apoyo para esa posición entre empresarios, fuerzas políticas y organizaciones cívicas. Si aparecen condiciones migratorias ligadas al alivio comercial, debe hacerlas públicas y explicar las alternativas. Una cobertura que presenta toda concesión como inevitable debilita ese respaldo. Washington tiene, además, varios centros de decisión: cultivar interlocutores en el Congreso y apoyos en la diáspora puede ampliar nuestro margen.

Los sectores ultranacionalistas afrontan una exigencia de coherencia. Quien ha advertido durante décadas sobre los campos debe examinar cada propuesta por sus efectos, incluso cuando proceda de un gobierno con el que simpatiza. El rechazo a los haitianos no puede convertirse en el criterio para escoger a quien defenderá nuestros intereses. Esa tarea nos corresponde.

Ahí reside el riesgo de una profecía autocumplida: que la simpatía por Trump y Miller, la urgencia comercial y la convicción de que resistir es imposible nos lleven a aceptar compromisos que produzcan el escenario que decíamos temer.

En 2017, Miller puso un papel en manos de Trump. El próximo que llegue de Washington debe encontrar una posición dominicana ya definida.

La isla es una sola. Que nadie en Washington decida por nosotros qué significa eso.