La gobernanza del Pacto Educativo

1. Una premisa: la gobernanza democrática

Después del Plan Decenal de Educción formulado en los años 90, el Pacto Educativo firmado en 2014 es el hito más relevante de la educación dominicana, tanto por su proceso participativo de construcción como por el horizonte trazado a 2030. Por ello, es pertinente plantear algunas ideas sobre su gobernanza. Este concepto remite a una interrelación equilibrada entre actores estatales y no estatales para abordar problemas de interés común en el marco del diseño y desarrollo de políticas públicas. Puesto en perspectiva, demanda de actores con vocación democrática que posibilite el reconocimiento de los otros como legítimos en la relación. Por tanto, la empatía, la capacidad de concertación y de llegar a acuerdos es una cualidad necesaria en ellos. Así la autoridad se ejerce en el marco de una institucionalidad democrática (con normas, espacios, estructuras) que favorecen la participación en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo orientado hacia el logro de los resultados previstos.

2. Las instancias clave del Pacto

El Pacto Educativo cuenta con un conjunto de instancias que deben garantizar su gobernanza. Entre ellas, el Comité de Coordinación Conjunta, CCC, que antes de la fusión de ministerios incluía a MEPyD y al Consejo Económico y Social, CES. Su finalidad es promover la continuidad y la transparencia de los procesos, la adopción de metodologías de trabajo y propiciar un permanente flujo de información. Para ello, dispone de un Comité Técnico de Apoyo, CTA. Otra instancia es el Comité de Monitoreo y Evaluación, compuesto por MESCyT, MINERD, INFOTEP y organizaciones con responsabilidad directa en la ejecución de los compromisos derivados del Pacto. Además, está el Comité de Veeduría Social, CVS, compuesto por instituciones y organizaciones firmantes que no tienen responsabilidad directa en la ejecución del Pacto. También cuenta con la Asamblea Plenaria, máxima instancia de deliberación y validación.

En ese entramado institucional, además de las entidades gubernamentales, participan universidades, ONG, organizaciones empresariales y gremios.  De manera que estamos ante un gran espacio de interfaz entre el Estado y la sociedad que constituye una estrategia de gobernanza democrática, por lo que forma parte de un sistema complejo (con relaciones e intereses variados) y que sufre cambios constantes, sobre todo en el ámbito gubernamental. Por lo tanto, estamos ante un engranaje institucional de alto riesgo en su funcionamiento.

3. Factores que inciden en el seguimiento del Pacto

Los mecanismos de coordinación y monitoreo del Pacto Educativo han funcionado con relativa estabilidad en estos diez años, con una asamblea plenaria que tendió hacia la dispersión, bajo la corresponsabilidad de quienes participamos en ella. Hablar para escucharse a sí mismo es un vicio por superar.

Ahora bien, a nuestro juicio, el factor más determinante ha sido el atinente a los cambios gerenciales en las instituciones clave del Estado. Como sabemos, los cambios de carácter político-administrativo en estas entidades afectan el entramado interinstitucional para el desarrollo de las políticas públicas a su cargo. Por ejemplo, el documento de balance de los 10 años del Pacto, elaborado por Magdalena Lizardo a partir de una consulta, señala cambios de ministros, viceministros y técnicos. Pero es probable que no estemos conscientes de la magnitud de sus implicaciones. En estos diez años hemos tenido seis ministros de educación e igual número en el de economía. De manera que en cada uno de estos ministerios las gestiones de los funcionarios, con sus equipos, no promedia ni siquiera los dos años.

Estos cambios en la administración pública muestran el grado de incertidumbre al que se somete el personal de estas instituciones y la vulnerabilidad de la coordinación y el seguimiento del Pacto Educativo que contiene los compromisos en el ámbito a 2030. Con estos cambios varía el valor dado por el incumbente de turno a la estructura de gobernanza del Pacto; cambian las prioridades, según el perfil del funcionario y sus equipos técnicos y de asesores; además, suponen una curva de aprendizaje y comprensión que condiciona la voluntad política y la disponibilidad oportuna de recursos económicos. En las entidades de la sociedad que participan del proceso también ha habido cambios de representación, desde luego que con menos impacto. En fin, debido a tantas turbulencias, ha sido difícil mantener el enfoque y un cuerpo técnico orientado hacia el seguimiento del Pacto Educativo y los ajustes que ha requerido.

En buena medida, los cambios indicados anteriormente se deben a que, en el período observado, hemos tenido tres procesos electorales, siendo el de 2020 el más tenso y prolongado. A esto hay que sumar un año prácticamente perdido en el impulso de las políticas educativas debido a la pandemia Covid-19 y lo que supuso incorporar nuevas tecnologías, aprenderlas sobre la marcha y recuperarnos para volver a la convivencia masiva.

Lo cierto es que el entramado institucional del Pacto Educativo es parte de un sistema complejo de relación Estado–sociedad, como un dispositivo de gobernanza democrática que demanda un continuo aprendizaje por parte de todos los actores involucrados en el marco de la interacción y reflexión conjunta.

4. Pensar en la calidad de la educación

En una mirada más amplia, identificamos algunos círculos virtuosos que podrían tributar a la calidad de la educación:

1. El mérito, la profesionalización como criterios centrales en la designación de los cuerpos técnicos nacionales, regionales, distritales y locales en los centros educativos, los cuales deben disfrutar de estabilidad a partir de evaluaciones periódicas. Por consiguiente, la calidad de la educación inicia por la calidad del personal y la gestión del sistema.

1. Currículo–estrategia investigativa–formación docente: un enfoque heurístico en los procesos de aula y la reflexión en los equipos docentes, en el marco de un acompañamiento pedagógico contextualizado, son factores primordiales en la calidad de los procesos aprendizajes incluyendo los de los propios educadores.

1. Se debería velar porque haya mayor sintonía de la formación docente con las demandas del sistema educativo en un mundo aceleradamente cambiante. Entre otros elementos, esto implica una adecuada selección de las instituciones de educación superior en la asignación de programas de formación. En este sentido, habría que pensar en unos parámetros y un seguimiento especial.

1. La apropiada coordinación y sinergia entre MINERD, INFOTEP, MIDEREC y el Ministerio de Cultura en un horizonte estratégico, de manera que agregue valor a los procesos de aprendizaje y genere nuevas salidas formativas para los adolescentes y jóvenes. Estas instituciones deberían integrar una mesa técnica de trabajo permanente a partir de la realidad global y local.

1. Aunque se sabe que como consecuencia de las elecciones nacionales cambian los funcionarios, se requiere presionar para que haya un mayor grado de estabilidad en la cabeza de las instituciones educativas que, a su vez, son clave en el Pacto (sobre todo MINERD, INFOTEP el equipo técnico que era de MEPYD) y la gerencia del Consejo Económico y Social. Esto contribuiría con la revisión en proceso y el relanzamiento de dicho compromiso con la educación de una manera más efectiva.

Un abordaje en la línea planteada posibilitaría avanzar en la superación del clientelismo y el patrimonialismo en la designación de los cuerpos técnicos nacionales, regionales, distritales y locales en los centros educativos (los partidos políticos con sus dirigentes se resisten a cambiar de práctica); asimismo, superar la precaria articulación estratégica entre MINERD, INFOTEP, MIDEREC y el Ministerio de Cultura y aprovechar apropiadamente la ventana de oportunidad que brindan los recursos económicos del 4%; de igual manera, mitigar la sobrecarga administrativa y la limitada autonomía escolar, lo cual afecta la gestión pedagógica, como bien señala el informe indicado anteriormente. Esto último demanda repensar, a partir de un estudio sosegado, el flujo de relaciones y funciones entre instancias del sistema preuniversitario (direcciones nacionales, regionales, distritales y de los centros educativos), además de ponderar alternativas de instrumentos y procedimientos para asegurar la calidad en los procesos del aula y su evaluación.

5. El Pacto Educativo en perspectiva

El fortalecimiento de un espacio como este depende de la intensidad y frecuencia de los vaivenes en la administración pública. A mayor volatilidad en las instituciones clave, menor la estabilidad y efectividad en la articulación del Pacto Educativo y su seguimiento. Los reglamentos y procedimientos son importantes, pero están supeditados a esta variable de cambio en la gestión de gobierno. Este es un factor político que afecta la educación y que desde la sociedad habría que abordar al más alto nivel con la dirigencia política, no solo por el Pacto Educativo sino por la calidad de la educación. A nuestro juicio, valdría la pena promover también que el actual equipo del Consejo Económico y Social trascienda la coyuntura electoral y permanezca en dicho espacio. El informe de balance de los 10 años del Pacto coloca sobre la mesa una serie de oportunidades de mejora.

Para cerrar, un desafío más: Comprender y asumir el Pacto Educativo como un espacio de intercambio y conflicto, en el que los actores se relacionan intencionalmente y donde entran en juego proyectos, fuerzas y estrategias de dichos actores (estatales y sociales) mientras se pone en juego el espíritu democrático y la coherencia ética de todos los involucrados.