Fuerza de Supresión de bandas en Haití: riesgo y oportunidad para RD

La Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) representa posiblemente el último esfuerzo de la comunidad internacional para evitar el colapso de Haití, y República Dominicana tiene interés en que esta misión sea exitosa y se convierta en una oportunidad de fortalecimiento del Estado de derecho para toda la isla. RD puede convertirse en un actor clave en la reconstrucción de Haití y en la transformación del Caribe, pero para lograrlo, debe prepararse desde hoy y enfrentar la verdadera amenaza: el crimen organizado y la corrupción que lo sostiene.

El despliegue de la GSF, aprobada por la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de septiembre de 2025, marca un punto de inflexión en la lucha contra las pandillas en Haití. La fuerza integrará a los 800 policías kenianos ya presentes en Puerto Príncipe, quienes inicialmente llegaron como parte de la Misión de Apoyo a la Seguridad (MSS), pero que ahora han pasado formalmente a operar bajo el mandato de la GSF, en espera del resto del contingente. En total, se prevé que para octubre se hayan desplegado 50 civiles y 5,500 militares y policías, o incluso más si las promesas de envío de hombres de Chad, Burundi, Bangladesh, El Salvador, Guatemala, Bahamas y Jamaica se cumplen.

La GSF podría debilitar las bandas haitianas sobre el terreno, pero las causas que explican la presencia y persistencia de las pandillas seguirán intactas. Una parte de las élites políticas y económicas ha adoptado históricamente una postura depredadora hacia el país, utilizando a las pandillas como herramienta para hacer política, movilizar votos, eliminar rivales-, negocios -asegurar mercados monopólicos, y participar en el tráfico de drogas, armas, recursos naturales y personas.

En los últimos años, sin embargo, estas pandillas se han desbordado del control de sus antiguos patrocinadores y se han integrado directamente a redes criminales transnacionales.Desde barrios específicos   Puerto Príncipe y de las provincias, las pandillas han expandido su influencia hacia otros territorios, rutas marítimas y carreteras con el fin de consolidar su control. A partir de este dominio territorial obtienen recursos mediante secuestros y extorsiones, ya sea cobrando “impuestos” sobre actividades cotidianas —como vender en el mercado u ofrecer servicios religiosos— o imponiendo “peajes” para entrar o salir de las comunidades.

El control de las rutas de transporte les facilita además el acceso a armas, el tráfico de drogas y de personas, así como la participación en otras economías ilícitas, incluido el tráfico de anguilas. Todas estas actividades dependen tanto de redes criminales transnacionales como de la corrupción de actores estatales y de sectores económicos influyentes.

Esas redes trasnacionales también operan en RD y la acción aislada de los Estados es terreno fértil para sus negocios.  Drogas, armas y personas circulan entre los dos países y el resto del Caribe.  Como lo confirman las declaraciones del Ministro de la Presidencia,  José Ignacio Paliza el narcotráfico ha penetrado la clase política dominicana “como un cáncer” que destruye el tejido social. Según los últimos reportes de UNODC, RD es “una plataforma de tránsito consolidada de cocaína” en el Caribe, con 35 toneladas incautadas en 2024 (DNCD), apenas una fracción de lo que circula hacia Europa. De hecho, 30% de la cocaína incautada en Europa en 2024 provenía de rutas caribeñas (EUDA/WCO), en un contexto donde el consumo europeo aumentó 80% entre 2011 y 2023 (UNODC). Además, el aumento en tráfico viene acompañado de un aumento alarmante en el consumo por parte de los jóvenes dominicanos, según la Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd).

El crimen organizado transnacional facilita también que las armas ilegales pasen por la República Dominicana y lleguen a manos de pandillas haitianas. Aunque existe un embargo de armas sobre Haití, el Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU (septiembre de 2025) documenta que parte del armamento entra por la frontera dominicana mediante dos rutas. La primera consiste en la compra de armas en el mercado ilícito dominicano por actores haitianos, con apoyo de ciudadanos dominicanos; estas incluyen tanto armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos como desvíos de arsenales locales, como las 900,000 municiones desviadas del ejército dominicano hacia bandas haitianas en 2024. La segunda ruta utiliza el territorio dominicano como corredor para trasladar directamente armas procedentes de Estados Unidos hacia Haití. De esta manera, redes mafiosas dominicanas sostienen y alimentan el conflicto armado en Haití.

Luego, el tráfico de personas entre Haití y la República Dominicana opera gracias a redes criminales que aprovechan la corrupción y las políticas antimigratorias dominicanas para mantener una “puerta giratoria”, permitiendo que migrantes regresen poco después de ser deportados tras pagar entre 15.000 y 25.000 pesos RD a personal dominicano cómplice.

Mientras las restricciones migratorias han reducido la disponibilidad de mano de obra en sectores dominicanos clave como la construcción —que cayó entre 40% y 80% en el primer semestre de 2025, pese a que la demanda se mantuvo—,la violencia y la falta de actividad económica en Haití sigue empujando la migración masiva. En el segundo semestre, la oferta y demanda de mano de obra encontraron un nuevo equilibrio porque, aunque hubo un cierre parcial de fronteras en 2023 y expulsiones de haitianos desde 2024, la construcción repunto desde julio de 2025. Esto sugiere que la actividad se sostuvo con trabajadores que ingresaron por rutas ilegales, facilitadas por redes criminales y la corrupción en ambos países.

Con el despliegue de la GSF, la frontera terrestre y marítima con la República Dominicana enfrentará fuertes presiones por dos dinámicas. En primer lugar, podría aumentar el desplazamiento forzado, ya sea por los enfrentamientos entre fuerzas del orden y bandas o por las represalias de estas contra comunidades sospechosas de colaborar con la policía (la OIM estimó 1.4 millones de desplazados en diciembre de 2025). En segundo lugar, la frontera también estará bajo presión por la adaptación de las economías criminales en RD y el Caribe a las interrupciones que genere la GSF en rutas de drogas y armas.

La RD puede aprovechar el impulso generado por la GSF para combatir el crimen organizado dentro de su propio territorio. Por ahora, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha informado que el papel de la RD se limita al apoyo logístico: servir como base para atención médica especializada a miembros de la GSF y facilitar la llegada de determinados materiales y suministros.

Sin embargo, la RD podría ir más allá y transformar las condiciones internas que permiten que la corrupción y el crimen prosperen: reducir la porosidad fronteriza; combatir la corrupción en aduanas y cuerpos de seguridad; fortalecer la seguridad portuaria; mejorar los marcos regulatorios para evitar el lavado de dinero (particularmente en los sectores de vehículos, bienes raíces, turismo y casinos); rastrear eficazmente los flujos financieros ilícitos; e invertir en oportunidades para la juventud de barrios vulnerables, reduciendo así la base de reclutamiento de pandillas y estructuras criminales.

En conclusión, la intervención en Haití es una oportunidad para construir estabilidad compartida.