La frontera invisible

El país celebra sus avances digitales mientras desvanece, con disciplina estadística, a quienes nunca cruzaron la primera frontera del lenguaje escrito.

La próxima década nos enfrentará a una pregunta que la narrativa oficial todavía no se atreve a formular: ¿qué ocurre cuando una sociedad construye su futuro digital sobre una base alfabética que aún no termina de consolidar?

La República Dominicana se prepara para una transformación tecnológica que sus indicadores educativos no respaldan. El Gobierno anunció 6 % de analfabetismo. La Unesco proyecta 4,5 %. El Censo 2022 deja entrever cifras cercanas al 11 % cuando se cruzan las preguntas correctas. Cuatro instrumentos oficiales del mismo Estado, separados por hasta seis puntos porcentuales. La diferencia equivale a medio millón de personas que viven en un limbo estadístico: existen para los efectos del padrón, pero desaparecen cuando conviene narrar el progreso. Las estrategias nacionales hablan de inteligencia artificial soberana, fábricas de semiconductores y servicios globales como si esa media generación fantasma no estuviera ahí.

El problema trasciende lo metodológico. Los quiebres en la serie de ENHOGAR, los cambios en el modelo MICS, las proyecciones poblacionales basadas en un censo de hace quince años, la mortalidad selectiva del COVID-19 sobre los adultos mayores con menor escolaridad, la migración campo-ciudad que disuelve el dato rural en el promedio urbano: todos estos factores producen una reducción cosmética del indicador sin que ninguna política pública haya enseñado a leer a nadie. La estadística se mueve por gravedad demográfica, no por voluntad institucional. Aproximadamente RD$ 5.300 millones ejecutados entre 2021 y 2024 en programas de alfabetización certificaron, en su mejor año, a 2.719 personas. El costo unitario —RD$ 1,48 millones por adulto que aprendió a leer— resalta un aparato que alimenta un mecanismo de suma cero.

Aquí entra en juego lo que vengo llamando, desde hace años, datacolonialismo en su versión doméstica: un Estado que extrae estadísticas de su propia ciudadanía para producir narrativas de progreso, sin devolver al ciudadano la verdad sobre sí mismo. La inteligencia artificial generativa funciona como una capa nueva que se monta sobre las desigualdades preexistentes y las amplifica. Quien no lee no puede preguntar. Quien no pregunta no puede iterar con un modelo. Quien no itera queda fuera del nuevo régimen productivo. Lo grave del momento dominicano es que estamos importando esa capa de IA antes de haber construido la capa alfabética que le da sentido.

Este fenómeno también podemos llamarlo la trampa de la doble frontera. La primera frontera es la del alfabeto: aún tenemos entre 471.000 y 800.000 dominicanos adultos que no pueden leer este texto, según la fuente oficial que se elija. La segunda frontera —la del analfabetismo digital funcional— se está formando ahora mismo, mientras escribo. Pertenece a quienes saben leer, pero no logran distinguir un contenido sintético de uno auténtico. A quienes pueden teclear, pero no formular un prompt. A quienes navegan sin entender que sus datos son la moneda con la que pagan. La primera frontera todavía no la hemos cerrado. La segunda ya nos pasó por encima.

La industrialización simbólica alcanza aquí su forma más peligrosa. La base alfabética se construye en territorio propio, persona por persona, en escuelas que funcionen, con docentes que sepan enseñar, con cohortes que terminen lo que empezaron. El indicador APEA del propio Minerd lo dice sin eufemismos: el promedio dominicano, ajustado por aprendizajes reales, equivale a 5,48 años de escolaridad. El equivalente a haber completado apenas el primer ciclo de primaria. Sobre esa base estamos planeando ser hub regional de inteligencia artificial.

La trampa de los inputs —que describimos en el Think Tank de Tabuga— opera con la misma lógica en la educación que en la tecnología. Importamos modelos de gestión educativa, plataformas digitales, currículos certificados internacionalmente, sin construir la capacidad endógena de evaluar si funcionan. La consecuencia es predecible: gastamos más, medimos peor, comunicamos mejor. El ciclo se reproduce.

Hay una propiedad dinámica del dato público que conviene nombrar. Las cifras, gracias a la difusión digital, se transforman antes que destruirse. Cuando un Estado omite o suaviza un indicador, ese indicador reaparece como un costo en otro lugar del sistema. El analfabetismo subreportado de hoy se manifiesta mañana como exclusión digital, como fraude por desinformación, como vulnerabilidad ante deepfakes, como adopción superficial de tecnologías que prometen democratización y solo entregan dependencia. La dinámica estadística que potenciamos en el corto plazo la pagamos, multiplicada, en el mediano. Todo ahorro tiene un costo diferido.

El próximo censo llegará en 2032. Tenemos diez años de política pública por delante construidos sobre un dato cuya consolidación tomará al menos otros tres. Diez años en los que cada decisión sobre inversión educativa, transformación digital, regulación de inteligencia artificial y soberanía cognitiva se tomará a ciegas. Diez años en los que la frontera del alfabeto y la frontera del píxel se irán solapando hasta volverse indistinguibles para quienes habiten el lado equivocado de ambas.

La soberanía cognitiva que tanto reclamo en estas columnas comienza por un acto sencillo y casi premoderno: contar bien a los nuestros. Saber cuántos somos, cómo leemos, qué entendemos, qué podemos decidir por nosotros mismos. Toda estrategia digital depende de esa contabilidad básica. LatamGPT pierde sentido si no sabemos cuántos dominicanos pueden formularle una pregunta. La industria 4.0 se desploma si la mitad de la fuerza laboral entiende el mundo solo a través de mensajes de voz.

Lo que está en juego trasciende el porcentaje exacto. Lo central es el reconocimiento de que un Estado que no se atreve a medirse tampoco puede gestionar sus resultados. Un país que celebra el avance digital mientras oculta su retraso alfabético construye una sociedad de dos pisos sin ascensor entre ellos, ni escalera de emergencia.

La próxima década exige documentar el avance con precisión. La base de conocimiento que dejemos al país registrará los chips, los centros de datos y las leyes que conseguimos. También registrará a quiénes dejamos atrás mientras avanzábamos. Esa respuesta empieza con un censo, decisiones, actores clave y un Estado que prefiera la incomodidad del dato real al refugio del cálculo político.

La frontera invisible es la más peligrosa porque no se ve hasta que ya estás del otro lado.